El PP y el PSOE han llegado a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras cinco años y medio de bloqueo atribuido a la formación conservadora. Ambas formaciones lo han anunciado en un comunicado previo a la rueda de prensa del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y del vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, quienes han sido los principales negociadores durante los dos últimos años.
Este pacto se logra tras más de cinco años de espera, durante los cuales el CGPJ ha operado con un mandato caducado. En este tiempo, su presidente dimitió, calificando la situación de “insostenible”, y una vocal renunció debido al papel “inútil” del CGPJ en estado de caducidad. A lo largo de estos años, ha habido varios intentos de acuerdo que fracasaron en el último momento debido a las “líneas rojas” impuestas por el Partido Popular, las cuales han ido cambiando con el tiempo.
La comisaria europea de Valores y Transparencia, Věra Jourová, que ha asistido a la reunión entre el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y Pons, ha asegurado por fin sentirse “satisfecha” y ha afirmado que el acuerdo es un fruto del “esfuerzo” de todas las partes, a las cuales ha felicitado, y de la UE en su papel de mediadora.
Preocupación en la UE
La Unión Europea estaba profundamente preocupada por la independencia judicial en España debido al bloqueo, que impedía que el sistema judicial operara de manera independiente y transparente. Este bloqueo político obstaculizaba la capacidad del CGPJ para realizar nombramientos judiciales y supervisar adecuadamente la administración de los tribunales, lo cual socavaba la confianza en la imparcialidad del sistema judicial español.
Para la UE, la independencia judicial y la transparencia son esenciales para garantizar el Estado de derecho y la confianza pública en el sistema legal, principios que deben ser respetados plenamente en todos los estados miembros. De no haberse cumplido estos valores, la UE habría considerado tomar medidas drásticas, similares a las aplicadas en el caso de Polonia.
La insistencia de la Unión Europea
La presión sobre España se había vuelto casi insostenible. Jourová proviene de la República Checa, cuando aún formaba parte de Checoslovaquia y estaba bajo una influencia comunista que controlaba todas las esferas de la vida pública y reprimía cualquier forma de oposición política. Lleva desde abril de 2024 interviniendo en el estancamiento entre el PP y el PSOE, y a pesar de no tener poder ejecutivo directo sobre el CGPJ, Jourová utilizó su influencia para presionar por un acuerdo que cumpliera con los estándares europeos de independencia judicial.
Es una tarea que ya empezó su predecesor, Didier Reynders. Ya estableció un plazo en principios de 2023 que el PP y el PSOE no cumplieron, y organizó varias reuniones tripartitas y pospuso una crucial para el 27 de marzo de 2024 a solicitud del PP, destacando la necesidad de voluntad política para avanzar en las discusiones.
Tras dejar su cargo en marzo de 2024, Jourová asumió como mediadora, enfatizando la urgencia de renovar el CGPJ y restaurar la confianza en el sistema judicial español. Comprometida a facilitar nuevas reuniones, mantuvo contacto constante con los representantes del PP y el PSOE, asegurando que la Comisión Europea estuviera disponible para mediar y garantizar que cualquier acuerdo cumpla con los estándares europeos de independencia judicial, evitando así una crisis institucional.
La amenaza de Polonia
¿Qué habría pasado si no se llega a alcanzar el acuerdo? La amenaza está clara: un caso como el de Polonia, que hasta este año no ha podido percibir hasta 137.000 millones de euros en fondos europeos. El bloqueo formaba parte del castigo de Bruselas para asegurar la independencia judicial y el Estado de derecho.
La controversia comenzó cuando el partido gobernante polaco, Ley y Justicia (PiS), implementó reformas que, según Bruselas, socavaban la independencia judicial al permitir el control político sobre los jueces. En respuesta, la Comisión Europea exigió que Polonia revirtiera estas medidas y condicionó el acceso a fondos europeos al cumplimiento de estas demandas, perpetuando la incertidumbre sobre el desbloqueo de los 36.000 millones de euros del fondo de recuperación.
La situación se agudizó con las decisiones del Tribunal Constitucional polaco que desafíabann la primacía del derecho comunitario, un principio básico de la UE. Sus desafíos legales se vieron desde Bruselas como un intento de Polonia de consolidar su soberanía judicial a expensas de los compromisos adquiridos al unirse a la Unión. La Comisión Europea respondió llevando el asunto al Tribunal de Justicia de la UE, argumentando que la falta de independencia judicial en Polonia violaba los tratados europeos — consecuencias que también podría haber sufrido España.
De no haber logrado un acuerdo, el riesgo era evidente: una ruptura de las bases legales y democráticas de la Unión Europea, con Polonia enfrentando sanciones más severas, incluyendo la pérdida de derechos de voto en el Consejo de la UE. Finalmente, bajo el liderazgo del proeuropeo primer ministro Donald Tusk, Polonia presentó un “plan de acción” que busca resolver la disputa judicial de larga data con la UE. Este plan fue bien recibido por la Comisión Europea, y von der Leyen anunció este pasado mes de febrero que se liberarían hasta 137.000 millones de euros en fondos europeos para Polonia, provenientes tanto del plan de recuperación como de los fondos de cohesión.
Claves del acuerdo
El acuerdo entre el PP y el PSOE para renovar el CGPJ se ha formalizado mediante una proposición de ley orgánica destinada a reforzar la independencia del Poder Judicial, en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea en sus informes sobre el Estado de Derecho en España de 2022 y 2023. Esta propuesta será presentada en el Congreso de los Diputados en julio, y tiene como objetivo reformar el método de selección de los miembros del CGPJ, introduciendo un modelo de participación directa y votación para los jueces en la elección de sus representantes.
La propuesta legislativa, descrita en un documento de 10 páginas, incluye varias modificaciones clave. Entre ellas, se extiende a 20 años el tiempo que los jueces deben haber ejercido para ser nombrados magistrados del Tribunal Supremo. También se establece un régimen de incompatibilidades para los vocales del CGPJ, prohibiendo que quienes hayan ocupado cargos políticos recientemente puedan ser elegidos. Además, se requiere que los candidatos a vocales comparezcan ante la comisión de nombramientos correspondiente y presenten una memoria de méritos y objetivos antes de su elección.
La ley propuesta también prevé la creación de una Comisión de Calificación dentro del CGPJ, compuesta por cinco vocales, que evaluará todos los nombramientos que sean competencia del pleno para asegurar una valoración objetiva de las candidaturas. Asimismo, se exige una mayoría de tres quintos de los vocales para el nombramiento de los Presidentes de las Audiencias Provinciales y del Magistrado del Tribunal Supremo encargado de asuntos del Centro Nacional de Inteligencia y su sustituto. Además, la normativa prohíbe explícitamente que exministros, secretarios de Estado, consejeros autonómicos, eurodiputados, diputados, senadores o miembros de asambleas legislativas puedan ocupar el cargo de fiscal general del Estado o hacerlo en un plazo de cinco años después de dejar dichos cargos.