El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha acordado este viernes suspender el protocolo de atención a menores migrantes no acompañados de Canarias en línea con el recurso de la Fiscalía Superior de Canarias.
El auto de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo da al Gobierno autonómico un plazo de tres días para que “alegue lo que estime procedente” y reconoce que “concurren circunstancias de especial urgencia” para validar la petición de la Fiscalía.
La Sala aclara en su argumentación que “no es momento” de evaluar la legalidad o no del protocolo elaborado por la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, solo si hay “especial urgencia” para dictaminar la suspensión.
En ese sentido, expone que “no se incluye entre las disposiciones incorporadas al Protocolo Territorial una previsión expresamente encaminada al establecimiento del momento de inicio de la eficacia -o entrada en vigor- de las actuaciones dispuestas por el mismo por lo que, a falta de una previsión de la indicada índole, nada parece impedir que se pueda pretender la exigibilidad de tales actuaciones de forma inmediata, esto es, a partir del momento mismo de la publicación oficial del Protocolo”.
El TSJC sostiene que el nuevo protocolo produce una “innovación no poco relevante del régimen jurídico actualmente en vigor” y aunque la justificación del Ejecutivo regional es que se diseña en interés de los menores es “difícil negar” que los nuevos criterios van a comprometer la entrega de los menores a las autoridades autonómicas.
Antecedentes
Cabe recordar que la Fiscalía presentó este miércoles ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) un recurso contencioso-administrativo contra el protocolo territorial de recepción de menores extranjeros migrantes no acompañados en Canarias del pasado 12 de septiembre.
La Fiscalía entiendió que el protocolo vulnera el derecho fundamental al principio de igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución y en la Convención de los Derechos del Niño, así como el derecho fundamental a la integridad moral reconocido en el artículo 15 de la Constitución.
En un comunicado detalló que en el mismo recurso se solicitó al TSJC como “medida cautelarísima” la suspensión del protocolo, ya que su ejecución supone la “ausencia de atención inmediata” a la situación de desamparo patente en los menores que lleguen desde el mar a las costas del archipiélago.
El nuevo protocolo aprobado por el Gobierno canario implica que antes de la entrega del menor a las autoridades de las islas se exige su reseña de identificación, su inscripción en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA) si contase, y una resolución administrativa de asignación o ubicación individualizada del órgano correspondiente del Estado, previa audiencia al menor, en presencia de un intérprete de su lengua materna u otra que pueda entender, con conocimiento del fiscal.
Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, criticó que la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma recurriera el protocolo canario de atención a menores migrantes no acompañados y ha quiso recalcar que dicho protocolo únicamente va orientado a proteger a los menores y a garantizar su seguridad jurídica.
En rueda de prensa, Clavijo indicó que igual que la Fiscalía es “muy exigente” con el Gobierno de Canarias una vez que los menores llegan a las islas, tiene que ser “igual de exigente” con el Estado y “no permitir, como ha ocurrido durante meses, que esos menores sean entregados sin las debidas garantías”.