José Luis Ábalos y quien fuera su mano derecha, Koldo García, dejaban campar a sus anchas a Víctor de Aldama por el ministerio de Transportes, se interesaban por los pagos a las empresas de su esfera y se preocupaban porque su entorno tuviera un sueldo público. Son las tres grandes acusaciones que lanzó Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, en su testifical de este miércoles ante el juez Leopoldo Puente en el Tribunal Supremo.
Pardo de Vera relató las dinámicas que había en el ministerio liderado por Ábalos. Según declaró ante el magistrado, veía a Aldama con “asiduidad” por las instalaciones. “Normalmente estaba en ese hall de entrada, una entrada restringida en la que hay que identificarse”. “Yo no sabía que era Víctor de Aldama, a mí me lo presentó Koldo como Gonzalo Víctor”, dijo, explicando que se tomó un café con ellos en el bar del ministerio.
Era tan habitual verlo que a Pardo de Vera le llegó a mosquear y le preguntó al entonces ministro, pero este esquivó la cuestión. “¿Este señor Gonzalo Víctor que está aquí frecuentemente tiene algún cargo?”, le preguntó. “Ah, ¿pero está aquí? (…) Sí, sí, está muchas veces”, le contestó, según el relato hecho ante el Tribunal Supremo.
La expresidenta de Adif contó que ella no tomó la decisión de comprar material sanitario a la empresa líder de la trama, Soluciones de Gestión, ya que le vino “impuesta”. “No entendía por qué Koldo me tiene que preguntar nada sobre una obra”, afirmó en otro momento de su intervención. Una de esas empresas por la que le cuestionaba era Levantina Ingeniería, de la esfera de Aldama.
Otra de las consultas que le realizaron ministro y asesor fue por cómo funcionaba la contratación pública, en concreto en Ineco, donde Pardo de Vera había trabajado años atrás. “Me hablaban de algún puesto administrativo”, explicó. De lo que se deduce que estaban pensando el puesto de trabajo para Jésica Rodríguez, la expareja de Ábalos, y para Joseba García.
Según la testigo, zanjó en seguida la conversación: “Yo les dije que había ofertas públicas y oposiciones y que era la única forma de contratar. Me refiero que yo no puedo contratar a una persona que no haya pasado por una oferta”.
Relato que cuadra con el de Jésica Rodríguez, que en su testifical dijo: “Ábalos me dijo que era bueno que trabajase mientras estudiaba. Le di mi CV, se lo mandé por WhatsApp y a finales de febrero me llamaron por teléfono diciéndome que tenía que echar mi CV en una web”. Es decir, dos testigos apuntan a que su contratación fue orquestada por Ábalos.
Comparecencias a las que el juez instructor Leopoldo Puente ya da validez. Su último auto tenía el objetivo de rechazar el recurso de Ábalos por el cual solicitaba que no se le aplicaran las medidas cautelares interpuestas tras su imputación. Pero aprovechó para aseverar que la gestión de los inmuebles de la trama presentan “particular potencia incriminatoria”. Se refería al piso de Plaza España que pagó la trama durante dos años a Jésica a razón de 2.700 euros al mes.
El abogado de Ábalos solicitó que las comparecencias quincenales a las que tiene que acudir Ábalos con motivo de las medidas cautelares interpuestas se pudieran realizar en “cualquier órgano jurisdiccional del territorio” a lo que el juez contestó: “No resulta compatible con que sea el propio investigado el que, libérrimamente escoja, en cada momento, el órgano jurisdiccional en el que le resulte más oportuno comparecer”. Si bien, le permitió acudir a los juzgados de Valencia, donde está empadronado cuando no se encuentre en Madrid para acudir al Tribunal Supremo.