La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado este miércoles por unanimidad abrir una investigación contra Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado por revelación de secretos. El Alto Tribunal encuentra indicios de delito por la publicación de los datos fiscales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. García Ortiz se convierte así en el primer fiscal general imputado de la historia.
González Amador se querelló contra García Ortiz a principios de abril por la publicación de un comunicado por parte de la Fiscalía en el que se aclaraba que fue el propio González Amador quien ofreció un acuerdo al Ministerio Público y en el que reconocía el fraude. En el hilo de correos electrónicos González Amador se ofrecía a pagar y aceptaba la sanción penal. La nota de prensa emitida por la Fiscalía de Madrid desmentía que hubiera sido la Fiscalía quien ofreciera ese acuerdo de conformidad. Por ello, el Tribunal Supremo también imputa a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, que supuestamente envió al fiscal general del Estado datos para la elaboración de la citada nota.
Tras conocerse la noticia, García Ortiz ha defendido su estancia en el puesto a pesar de este hito histórico y nunca haber ocultado los hechos que se el Supremo investigará. De hecho, ya en abril, en un acto institucional, asumió la “responsabilidad última de esa nota de prensa” y este lunes envió un escrito al TSJM de Madrid explicando que la nota de prensa se difundió por sus órdenes “expresas y directas” y que las volvería a dar para “poner fin a un bulo”.
Además, añadía en el documento al que ha tenido acceso Artículo 14: “Ningún miembro de la Fiscalía española debe ser investigado por la publicación de una nota de prensa objetiva, neutral y que no infringía ningún deber de reserva porque todos los correos electrónicos habían salido previamente desvelados medios de comunicación”, refiriéndose a que el entorno de Ayuso llevaba días filtrando a la prensa el contenido de esas conversaciones.