El Senado, por mayoría absoluta, ha votado a favor de plantear un conflicto de atribuciones entre la propia Cámara Alta y el Congreso de los Diputados con motivo de la reforma legislativa que beneficiará, entre otros, a presos de ETA. Con 144 síes, 111 noes y 2 abstenciones se da así el primer paso para abrir una vía casi inédita en la democracia. Dicho conflicto, propuesto a votación por el PP, tendrá que esperar un mes antes de que se pueda plantear ante el Tribunal Constitucional, que es el que determinará a qué órgano corresponden las atribuciones constitucionales controvertidas.
Será un mes puesto que ese es el plazo máximo que el Congreso tiene para rectificar la decisión con la que activó la modificación de la ley, desestimando a su vez el criterio del Senado. Una corrección que, vistos los precedentes, no se producirá, pues la Cámara Baja se mantendrá en el argumento de que está actuando en el ejercicio de sus atribuciones.
Cabe recordar que el propio Congreso, rechazando la negativa del Senado a promulgar dicha reforma, publicó este cambio legislativo el pasado 19 de octubre en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El origen del conflicto
El pasado el 18 de septiembre, 346 diputados del Congreso -de todos los Grupos parlamentarios- votaron sí a reformar la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea. Aunque no fue hasta el lunes 7 de octubre cuando se conoció que esta modificación legal beneficiaría a unos etarras.
El día siguiente, martes 8 de octubre, el Senado debía votar la reforma de dicha ley orgánica. Al conocerse que el resultado de esta no frenaría su futura aplicación, pues la Cámara Alta no aprobó un veto ni introdujo ninguna enmienda -requisitos para que el texto volviera a la Cámara Baja-, el PP utilizó su mayoría absoluta y retrasó la votación al lunes 14 de octubre para ganar tiempo. Una votación que dejó el siguiente resultado: 143 síes, 100 noes y una abstención.
Este hecho creó un conflicto entre el Congreso y el Senado, pues la presidencia de este último interpretó que el voto negativo mayoritario del Pleno sí equivalía a un veto. Un criterio que los servicios jurídicos del Congreso no compartieron.
La secretaria general de la Cámara Alta, Sara Sieira Mucientes, señaló en un informe posterior a la votación del lunes 14 que “el artículo 90 de la Constitución solo exige para el veto una votación por mayoría absoluta en el Pleno”. “Esto confirma que el veto se puede manifestar en la misma votación sin necesidad de presentar previamente de forma expresa un escrito”, añadía el texto de los letrados de la Cámara.
“La forma del veto presentado en un escrito con tal denominación y dentro de un plazo, aunque sirve para ordenar el desarrollo del procedimiento, no es lo que califica al veto. El veto es únicamente, en realidad, un rechazo frontal y global de un texto, manifestado por la Cámara mediante mayoría absoluta”, sentenció el informe.
Al día siguiente, y tras un informe verbal de los letrados, la Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, decidió dar por aprobada esa ley, ignorando la reclamación del Senado y subrayando que la Cámara Alta se había saltado todos los plazos para vetar la norma.
Tres días después la decisión se publicó en el Boletín de las Cortes Generales -previo paso al BOE-, subrayando que el Senado no comunicó su veto en los términos que exige la Constitución y que la votación de rechazo, producida fuera de plazo, “no puede considerarse un veto a los efectos de lo dispuesto en el artículo 90.2 de la Constitución y en la jurisprudencia constitucional”.
El debate en el Senado
El debate de este miércoles en el hemiciclo ha comenzado con el turno de defensa de la propuesta, donde han participado los senadores Antonio Silván, del PP, y Paloma Gómez, de Vox. En un primer instante, además de dejar claro que el rechazo emitido por la Cámara Alta sí equivale a un veto, Silván ha destacado que la decisión tomada por el Congreso es una “absoluta arbitrariedad”. “La mayoría de los miembros de la Mesa se disfrazaron con la toga de magistrados del Tribunal Constitucional y sentenciaron que no aceptaban el veto del Senado”.
Sobre la reforma legislativa per se, el representante popular la ha calificado como un ejemplo del “galopante proceso de deterioro institucional” puesto en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez. Es más, ha llegado a declarar que la ley que beneficiará, entre otros, a etarras es un “acuerdo de vasallaje con Bildu”. “Los socialistas se han puesto de rodillas ante el chantaje de los herederos de ETA por seguir en el poder”, ha apostillado.
En su turno de defensa, pues Vox también transmitió a la presidencia de la Cámara Alta que esa votación por mayoría absoluta equivalía a un veto, Gómez ha expuesto que lo realizado por el Congreso supone una “considerable merma” del Senado, puesto que ignora sus responsabilidades.
Por el contrario, la socialista Melania Álvarez ha comenzado su discurso criticando la “tramoya” en la que el PP “se ha empeñado en convertir a esta Cámara”. “No engañen, aquí no se ha vetado ningún proyecto de ley. Por lo tanto, conflicto ninguno”, ha esgrimido. Asimismo, Álvarez ha afeado el conflicto de atribuciones promovido este miércoles, pues para la senadora del PSOE supone una doble utilización: del dolor de las víctimas y de la Cámara Alta. “Es un enredo sin pies ni cabeza para acabar con Sánchez como sea”.
Ya en el turno de portavoces, la única representante de UPN María Caballero ha admitido el error de su formación al votar favorablemente a dicha reforma en el Congreso de los Diputados. Eso sí, ha añadido que tal modificación legal se hizo “con un engaño”. Sobre el conflicto de atribuciones, Caballero ha declarado que no servirá “para nada”, pues el PSOE tenía la reforma “más que negociada” con EH Bildu. Es decir, la formación comandada por Sánchez “no va cambiar su sentido de voto, por lo que el conflicto entre las Cámaras es ficticio”.
Por su parte, PNV o Junts también han rechazado la medida planteada este miércoles por el PP. La política del partido vasco Estefanía Beltrán ha expresado que la argumentación armada por la presidencia del Senado en su informe “es muy cuestionable, puesto que formalmente no se presentó ningún veto ni ninguna enmienda a la totalidad”.
Lo que no es cuestionable, ha argumentado, es el “interés” del PP y Vox al presentar el rechazo o el “retorcimiento” que la presidencia de la Cámara Alta ha hecho al interpretar el Reglamento en base a los “intereses” de los populares. “Esto no va en defensa del Senado, esto quiere corregir la ineptitud del PP”, ha indicado.
Por su parte, el senador de Junts Eduardo Pujol ha calificado el conflicto de atribuciones que ahora se planteará ante la corte de garantías como un “problema imaginario”. Sobre esta decisión Pujol ha destacado que en la Cámara Alta el PP ha demostrado “no saber ganar”, mientras que en el Congreso ha demostrado “no saber perder”.
Para el PSOE es un “bochorno”
Al igual que ha hecho su compañera de formación, Antonio Magdaleno ha comenzado mostrado su rechazo a un veto que “nadie pidió, nadie debatió y nadie votó”. Es por ello que el socialista ha criticado la utilización del Senado como “ariete” de los “intereses partidistas” del PP. “Si el PP es capaz de hacer esto en la oposición, qué serían capaces de hacer con la extrema derecha en el Gobierno”, ha preguntado.
Acto seguido, Magdaleno ha confesado sentir “bochorno” al tener que explicar que los vetos implícitos, que es como ha calificado lo propuesto por los populares, no existen en el ordenamiento constitucional. “El recurso es una humillación política y jurídica a esta Cámara”, ha señalado.
Después de indicar que el rechazo votado por la Cámara Alta el pasado mes de octubre era “un veto en toda regla”, además de argumentar que el Congreso desprecia la labor del Senado “porque aquí el PP gana las votaciones”, la senadora popular María Salom ha propuesto dos cosas: un requerimiento formal a la Cámara Baja para que se proceda a la anulación del acuerdo adoptado por la Mesa el 15 de octubre; y una convocatoria de un Pleno del Congreso para levantar el veto del Senado.
Por ello les ha pedido a todos los senadores que recapacitaran y votasen a favor de esta iniciativa, “para salvaguardar el honor de esta Cámara”. “Esto no es un conflicto fake, es un conflicto real”, ha rematado.