El Senado formaliza ante el Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones contra el Congreso de los Diputados por haber publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la ley que conmuta las penas cumplidas en el extranjero a presos de ETA, “ignorando” previamente el “veto” que la Cámara Alta entendió que había opuesto al texto.
Este anuncio, adelantado por El Confidencial, llega después de que el Senado rechazara por mayoría absoluta la mencionada ley hace algo más de dos meses. Entonces, el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, la devolvió al Congreso al considerar que el no del Pleno debía ser considerado como un veto, independientemente de que hubiera mediado o no un escrito formal previo anunciándolo, como así defendieron los servicios jurídicos. Cabe recordar que el mencionado veto era un requisito para que el texto volviera a la Cámara Baja y así se votara una segunda vez, antes de publicarse en el BOE.
El susodicho conflicto hace referencia a la reforma de la ley orgánica sobre antecedentes penales 7/2014, que recorta el tiempo efectivo de prisión a los terroristas de ETA que han cumplido parte de su condena en Francia. Una modificación que fuentes del Senado argumentan que fue fraguada “con carácter de urgencia y de manera silente”, con “conocimiento” del Gobierno y sus socios, “pero sin que la oposición se percatara de su alcance real”.
Los antecedentes
Todo comenzó el pasado el 18 de septiembre, cuando 346 diputados del Congreso -de todos los grupos parlamentarios- votaron sí a reformar la mencionada ley orgánica. Aunque no fue hasta el lunes 7 de octubre cuando se conoció que esta modificación legal beneficiaría a una cuarentena de etarras. El día siguiente el Senado debía pronunciarse sobre esa reforma. Pero al conocerse que el resultado de esta votación no frenaría su futura aplicación, pues la Cámara Alta no aprobó un veto ni introdujo ninguna enmienda, el PP utilizó su mayoría absoluta y retrasó la votación al lunes 14 de octubre para ganar tiempo. Una votación, con la que intentar “enmendar el error”, que finalmente certificó el rechazo del Senado.
Un día después, el 15 de octubre, y tras un informe verbal de los letrados de la Cámara Baja, la Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, decidió dar por aprobada esa ley, ignorando la reclamación del Senado y subrayando que la Cámara Alta se había saltado todos los plazos para vetar la norma.
Tres días después, la decisión se publicó en el Boletín de las Cortes Generales -previo paso a su publicación en el BOE-, subrayando que el Senado no comunicó su veto en los términos que exige la Constitución, así como que la votación de rechazo, producida fuera de plazo, “no puede considerarse un veto a los efectos de lo dispuesto en el artículo 90.2 de la Constitución y en la jurisprudencia constitucional”. Finalmente, el 19 de octubre se publicó en el BOE y el 8 de noviembre entró en vigor.
Es por ello que el pasado 13 de noviembre el Senado votó mayoritariamente sí a plantear el mencionado conflicto de atribuciones. Un choque que se produce cuando un órgano constitucional, en este caso el Senado, considera que otro adopta decisiones asumiendo atribuciones que a él le confieren la Constitución o las leyes orgánicas.
Competencia “usurpada”
La Cámara Alta ha anunciado que el pasado 19 de diciembre formalizó ante el Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones por el que solicita que declare nulo el mencionado acuerdo de la Mesa del Congreso, del 15 de octubre, el cual “despachó” el rechazo expresado por la mayoría absoluta del Pleno del Senado a la mencionada ley, dio por concluido el procedimiento y remitió el texto legislativo al Gobierno para su publicación en el BOE.
Las señaladas fuentes consideran que la Mesa de la Cámara Baja “usurpó la autonomía y su competencia” al señalar como inconstitucional el pronunciamiento del Pleno de la Cámara Alta del pasado 14 de octubre.
“La Mesa del Congreso, es un órgano de gobierno no representativo del Congreso que no tiene competencias para calificar el veto del Senado y toma un acuerdo soberano del Pleno de la otra Cámara, como si se tratase de un mero escrito parlamentario de un diputado; y suplanta, finalmente, al Tribunal Constitucional, atribuyéndose una posición juzgadora de la conformidad constitucional, de los acuerdos del Pleno del Senado, que no está reconocida por ninguna jurisprudencia habida hasta ahora de este Tribunal. El objetivo del Senado es defender su plena soberanía frente a quienes lo ven como una Cámara sometida al Congreso y adormecida”, especifican las fuentes.