El Gobierno redobla estos días sus alusiones a la necesidad de actuar para facilitar el acceso a la vivienda, que ya es la segunda mayor preocupación de los españoles según el CIS. La Ley de Vivienda recibió luz verde del Parlamento hace casi año y medio, a las puertas de la campaña a las elecciones autonómicas y municipales del 28-M, en las que Pedro Sánchez enarboló esta bandera como gran reclamo electoral. La norma fue posiblemente la más difícil de alumbrar para el Ejecutivo de coalición (especialmente para Unidas Podemos) y obligaba a crear un grupo de trabajo para avanzar en la regulación de los contratos de alquiler de uso distinto a la vivienda. Habían quedado fuera de la ley y requerían una norma específica que regulase los alquileres temporales, turísticos y otros tantos, todo lo que no se considera alquiler residencial.
Nueve meses después de su constitución, en diciembre, el grupo en el que participan varios Ministerios, la CEOE, organizaciones varias y sindicatos, sólo se ha reunido en otras dos ocasiones. Desde el último encuentro, como critican distintas fuentes presentes en las reuniones, el Ejecutivo ha dejado pasar dos meses (3 de julio), sin remitirles una propuesta por escrito. “Está muy parado”, critica uno de sus interlocutores. Un segundo lo confirma: “Esperamos que mueven ficha”. No tienen constancia de que haya agendado un próximo encuentro.
En esencia, distintas fuentes presentes en las reuniones inciden en que, “más allá de las buenas palabras”, no tienen claras las recetas concretas que plantea el Gobierno, ni con qué actores presentes en la negociación se alinean. Sí afirman que el Ejecutivo es “consciente” del problema, y aprecian cierta “predisposición” a actuar, aunque advierten de que “no se está avanzando lo que se tiene que avanzar”. “No hay justificación”, añade uno de los interlocutores, para no haber puesto en marcha una normativa para los alojamientos de corta duración “vía real decreto”.
Regular en esta materia es complejo, como se demostró durante la larga tramitación de la Ley de Vivienda. La mayor parte de las competencias las ostentan las comunidades autónomas y ayuntamientos, pero distintos actores aseguran que el Gobierno “tiene que tomar la iniciativa, con independencia de lo que se produce en el grupo”; “La situación no es aceptable, tiene que cambiar”. “Hay una huida del alquiler residencial al de temporada”, denuncia un tercero.
Los propietarios, afirma uno de los actores, están reduciendo la oferta de alquiler residencial, para “burlar obligaciones de la ley de vivienda”. Así pueden “imputar más costes a los inquilinos”, o “saltarse” la limitación de los precios del alquiler en las zonas tensionadas (la norma sólo se aplica hoy en Cataluña). “Lo de Baleares es un escándalo, en Canarias es muy serio, toda la cornisa mediterránea tiene un problema serio de acceso a la vivienda. En Baleares el 35% de los trabajadores son desplazados”, denuncian. Además de la “presión” que supone la “competencia desleal” de estos alquileres “con el sector de la hostelería”, la situación del mercado “dificulta la emancipación de los jóvenes”. Según distintos portales inmobiliarios, entre el 30% y el 40% de la oferta en determinadas zonas es alquiler de temporada, aseguran.
Una rueda de prensa como “puesta en escena”
Frente a esto, distintos actores critican directamente que, más allá de lo referido en rueda de prensa por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, el 3 de julio, conocen pocas recetas concretas por parte del Gobierno. “Fue una puesta en escena, más que una reunión”, sostienen. El Ministerio en cuestión, encargado de coordinar este grupo, se remiten a la comparecencia, así como a las notas de prensa ya publicadas. Estas recogen únicamente los planes ya anunciados por Rodríguez.
En esa intervención, la titular de Vivienda reconoció la “necesidad de proteger los alquileres de temporada” para quienes lo necesitan, desarrollando “una norma con urgencia” para “regular este tipo de alquileres”. Según recoge la nota de prensa, ahí trasladó al grupo de trabajo “la necesidad de comenzar a trabajar” en el desarrollo del artículo 3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que data de 1994, para que sea obligatorio probar la “causalidad” por la que se firma un contrato de temporada de corta duración. Por ejemplo, que se demuestre que alguien afronta un periodo acotado de estudios o de contrato laboral fuera de la ciudad en la que se reside habitualmente. El objetivo sería que esta figura no permita cobijar fraudes, y que realmente los contratos que se rubriquen estén justificados.
Es una propuesta en la que incidieron los sindicatos hace meses, como también apostaron por modificar la fiscalidad que se aplica a los contratos de alquiler turístico, para gravarlos con un 21% de IVA; por una limitación de seis meses (prorrogable al doble) para estos contratos, o por acotarlos, en zonas consideradas tensionadas, a las habitaciones libres en la residencia del arrendador. Estas cuestiones tampoco aparecen recogidas en las comunicaciones de Vivienda. La nota de prensa del Ministerio sobre la reunión del 3 de julio, la última celebrada, especifica que los contratos temporales (“de temporada, turísticos, habitaciones o embarcaciones flotantes) deberán ser registrados para proceder al arrendamiento de corta duración vía una plataforma de registro único de alquileres de corta duración, como marca el Reglamento 2024/1028 del Parlamento Europeo.
En última instancia, el Ministerio recoge que la ministra aludió a “la problemática de los alojamientos turísticos” y al avance en el desarrollo de un registro único estatal “que aporte transparencia al sistema y nos permita la persecución del fraude y el abuso”. ‘MIVAU, además, en el marco de sus competencias, trabaja en una propuesta de modificación de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) con el fin de “empoderar a los vecinos y vecinas para que puedan prohibir la implantación de2 estos alojamientos turísticos en sus fincas residenciales”’, reza el texto. Sobre la anterior reunión, celebrada en abril, informan de que el Ministerio habría recogido las recetas de todas las partes, “muchas de ellas coincidentes con las del Ministerio”, y de que “se les ha emplazado a una tercera reunión para decidir las conclusiones”.