La página 40 del acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar está muy presente estos días en las conversaciones de algunas de las organizaciones dentro del proyecto de Yolanda Díaz. La exigencia de reformar el modelo de financiación autonómica ha cobrado fuerza en sus filas durante la primera quincena de agosto, tras el anuncio del concierto económico catalán pactado entre PSOE y ERC a cambio de los votos para la investidura de Salvador Illa.
Pese a las críticas de buena parte de los barones, y hasta de históricos como el expresidente Felipe González, que sugirió que los diputados socialistas voten contra lo pactado cuando estos cambios lleguen al Congreso, Pedro Sánchez ha logrado imponer silencio. Nadie, ni la media docena de líderes autonómicos que se han mostrado críticos en público, ni los propios miembros del Ejecutivo, quieren hoy suministrarle oxígeno a una polémica que les enfrenta y les preocupa. Otra cosa es lo que ocurrirá en septiembre, cuando se reanude el ritmo de la actividad política y sea más difícil esquivar las preguntas. Y cuando los dos socios, también Sumar, intentarán asentar un marco discursivo que beneficie a sus respectivos propósitos. El de los partidos agrupados tras Yolanda Díaz es aprovechar el momento para forzar un debate que vaya mucho más allá de Cataluña.
“Impulsaremos un nuevo modelo de financiación autonómica”, basado en los principios de “equidad, solidaridad, autonomía financiera, corresponsabilidad fiscal, suficiencia financiera y lealtad institucional”, que “corrija la infrafinanciación de determinadas Comunidades Autónomas”. Es, textualmente, lo que recoge el acuerdo de coalición rubricado hace algo menos de un año. Y, según distintas fuentes de las organizaciones agrupadas en Sumar, en este espacio político existe el convencimiento generalizado de que es ahora, a partir de septiembre, cuando hay que abordar esta materia. Aunque no toque hacer mucho más ruido durante algunas semanas.
Dentro de la alianza multipartidista de Díaz, hay fuerzas que apostarían por ligar el avance de la traducción parlamentaria de este acuerdo a esa futurible reforma del modelo de financiación, caducado desde 2014. Por presionar para que las negociaciones sobre ambas materias vayan de la mano. En definitiva, por revisar las necesidades y las situaciones de infrafinanciación de las comunidades autónomas, ahora, aprovechando que el PSOE deja entreabierta una ventana para tratar de abrir una puerta.
No hay concreción sobre cómo actuará el conjunto del espacio al votar en la Cámara Baja una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), necesaria para llevar al BOE los cambios pactados entre los socialistas y ERC. Tampoco está claro si en Sumar aceptarán dar libertad de voto a partidos como Compromís o la Chunta Aragonesista (CHA), que ya han amagado con votar en contra del acuerdo con Cataluña si solo son ellos quienes se benefician de una reforma a la carta. Se espera que las negociaciones para aterrizar lo pactado con ERC en Cataluña se prolonguen durante meses, y por eso no quieren precipitarse. Hasta ahora, únicamente se han pronunciado sobre el acuerdo que ha hecho posible la investidura de Illa. En los días posteriores no hubo reuniones de grupo, ni grandes debates internos, toda vez que ni siquiera se ha registrado texto alguno en el Congreso.
No hay, por tanto, un desglose de las posiciones expuestas públicamente. Apenas algunas reflexiones compartidas, aun por aterrizar. Por ejemplo, hay figuras dentro de Sumar que previenen de quienes rechazan, de forma generalizada, todo lo que se proyecta para Cataluña, pero sin enarbolar una propuesta federal “real”. Y otras que ponen el foco en la reforma fiscal que llevan años reclamando. El ejemplo que siempre repiten, la necesidad de combatir “el dumping fiscal” de Madrid o Andalucía, es una parte importante, pero también aspiran a abordar materias como la reformulación de los impuestos a la banca o las energéticas, a los que no quieren renunciar.
No es solo una cuestión de discurso político, un gesto para pacificar a Compromís, partido de referencia en la Comunidad Valenciana. Díaz lleva desde que aterrizó en el Congreso como diputada (2016) refiriéndose públicamente a la infrafinanciación valenciana. Otra cosa es que logren convencer al PSOE para abordar una reforma global, que desborde el escenario catalán.
A la interna, más allá del rechazo generado en Compromís y el CHA, Izquierda Unida estuvo entre las organizaciones que reaccionaron con mayor contundencia tras conocerse el pacto sobre el concierto. La coalición de izquierdas lanzó un comunicado en el que se comprometía a seguir “trabajando para que las políticas de izquierdas, también en materia tributaria, con la reforma fiscal necesaria y de financiación territorial, alcancen tanto a Cataluña como al resto de territorios del Estado”.
Septiembre suele ser un mes muy intenso en lo político, y este no será una excepción. Sumar prevé reanudar el pulso con su socio a cuenta de la reducción de la jornada laboral que ansían, bajo la sombra de las posibles movilizaciones con las que ya amaga Comisiones Obreras. También deberán abordar la cuestión de los Presupuestos Generales del Estado para 2025, o la subida del salario mínimo para el próximo año.
La oposición ya ha dejado claro que hará cuanto pueda para que las cesiones de Sánchez sobre la financiación catalana estén muy presentes en la agenda. Falta por ver si los socios de Gobierno son capaces de llegar a un entendimiento. Queda que definan si solo el territorio gobernado por el PSC se beneficiará de los cambios, o si es posible explorar las bases de un nuevo modelo para todas las comunidades, mayoritariamente gobernadas en manos del PP.