El conflicto abierto entre el Congreso y el Senado ha llevado al PSOE y al PP a una nueva pantalla. Hasta el punto de que fuentes de la dirección socialista consultadas por Artículo 14 reconocen que sopesan actuar por todo tipo de vías, incluida la legal, contra el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán.
Su actuación el lunes, cuando devolvió a la Cámara Baja la reforma que ha generado una enorme polémica durante la última semana, ha levantado ampollas entre los socialistas. Entienden que Rollán ha cruzado todas las “líneas rojas”, al considerar el rechazo del Senado a esta modificación, donde el PP tiene mayoría absoluta, como un veto a la ley, que se ha tramitado sin que formularan enmiendas o vetos.
En privado, en el PSOE sugerían que Rollán podría haber cometido un delito de prevaricación. Fuentes de la Mesa, controlada por los socialistas y por Sumar, deslizaban que “a sabiendas, ha incumplido la ley”. Y esta coletilla, “a sabiendas”, es precisamente uno de los requisitos para poder aplicar este tipo penal. En Ferraz, la respuesta oficial es que no hay “nada decidido”.
En el grupo parlamentario en el Senado, a su vez, esgrimen que ya han presentado un escrito de reconsideración a la Mesa, y no está previsto que ésta se reúna hasta la semana que viene. De momento, acotan su respuesta a la “vía parlamentaria”, pero también reconocen que no cierran la puerta a acudir a los tribunales. “No descartamos nada”; “vamos a ir viendo paso a paso”, insisten.
El vicepresidente de la Mesa del Congreso, Alfonso Gómez de Celis, evitó tildar de “prevaricación” la actuación de Rollán, si bien en privado hay cargos socialistas que no descartan actuar precisamente por esta vía. Tampoco cierran la puerta a que este choque institucional acabe escalando hasta el Tribunal Constitucional.
La norma en cuestión, la modificación de la ley orgánica 7/2014, incluye una enmienda avalada por unanimidad en el Congreso que permite a los presos que hayan pasado periodos privados de libertad en el extranjero conmutar estas penas. La polémica ha estallado porque supone que los presos de la banda terrorista ETA que han pasado por cárceles en Francia también podrán beneficiarse de este cambio legal.
El contexto, recuerdan desde las filas socialistas, lo es todo. Como también lo es la oportunidad política. No dudan de que la actuación del presidente del Senado va “más allá” de retorcer el Reglamento, que tiene rango de ley orgánica. El portavoz parlamentario socialista, Patxi López, ha acusado al PP de convertir la Cámara en “Génova 2”.
Otra cosa es que, hoy por hoy, habiendo despachado las objeciones de la Cámara Alta, y a punto de publicar la reforma en el BOE, tengan algo que ganar si entran en esta batalla.
Después de una semana de fuerte desgaste, en particular para el PP, la norma está a punto de hacerse efectiva. El PSOE, que dejó la defensa del fondo de esta modificación a su socio de Gobierno, para centrarse en disparar contra los conservadores, tiene poco que ganar si sigue dándole aire. Otra cosa es que el Partido Popular mueva ficha.
Con los populares amagando con emprender sus propias acciones legales contra la Presidencia del Congreso, que ostenta la socialista Francina Armengol, de momento optan por la prudencia. Tienen otros frentes judiciales abiertos con el PP, como la querella que este partido interpuso el lunes contra el PSOE, ante la Audiencia Nacional, por supuesta financiación ilegal.
El enfado ante esta forma de proceder por parte del partido de Alberto Núñez Feijóo tiene tintes de escenificación; en el PSOE entienden que el PP se ha pasado de frenada. Lo ha hecho, afirman, al abrir una nueva línea de ataque cuando el Ejecutivo y el partido se esfuerzan por tapar las vías de agua originadas por los avances en la investigación del caso Koldo.
Ni en Moncloa ni en Ferraz creen que la querella del PP tenga opciones de prosperar, pero cuentan hasta 10 antes de entrar en una nueva batalla legal. Más, si esta supone contribuir a “destrozar” la imagen de una institución como el Senado. O si puede servir para extender más dudas sobre los informes jurídicos de ambas cámaras.
Si el PSOE justifica la decisión de ordenar la publicación de la ley en base a un informe “oral” del letrado mayor de la Cámara Baja, en el PP también explican su actuación en base a la interpretación de su homóloga en la Cámara Alta. Este tipo de documentos jurídicos no son vinculantes, y suelen servir como armazón legal, como soporte técnico a decisiones políticas de calado.
El PP: “No es retorcer el Reglamento, es aprovechar un vacío legal”
Fuentes del PP en el Senado no ven hoy riesgo de que los socialistas abran una vía legal contra Rollán. Defienden su actuación del lunes -“No es retorcer el Reglamento, es aprovechar un vacío legal”-, y justifican que el presidente tomara una decisión que no tiene “precedentes”. Pero que justifican dado el rechazo mayoritario en la Cámara Alta a esta norma.
Públicamente, la vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social, Ana Alós, sostuvo que en su partido se “asume” el informe de los letrados del Senado. Incidió en que, si “una mayoría absoluta” rechaza la reforma legal, esto supone “un veto”. También advirtió que el PP analizará “todas” las medidas que puedan adoptar, preguntada por si sopesan recurrir al Tribunal Constitucional.
El PP se ha disculpado públicamente por haber avalado “por error” la tramitación de esta norma en el Congreso. Sus movimientos pueden desencadenar a su vez otros en el PSOE, y viceversa. Las dos partes guardan con celo sus cartas, y pretenden medir cuidadosamente sus próximos pasos.