Endurecen sus críticas al PP, pero evitan dar detalles del acuerdo con ERC para convertir a Salvador Illa en president de la Generalitat este jueves. El PSOE mantiene el silencio en público y en privado sobre el polémico concierto económico para Cataluña, tanto desde la sede de Ferraz como desde los territorios. Barones consultados por este diario asumen que, de momento, toca mantener la discreción. Al menos, hasta después de la investidura de Illa, pero en alguno de los territorios contemplan extenderla mucho más allá, durante el mes de agosto.
El Gobierno también se ha borrado de la escena. La agenda de La Moncloa sólo recoge un apunte este miércoles, el día antes del pleno de investidura en el Parlament: una reunión oficial de la ministra Elma Saiz, titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en Turquía. El martes ni siquiera se actualizó la agenda. Y, el lunes, sólo la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, tenía agenda pública con motivo de los Juegos Olímpicos de París. Silencio absoluto.
El único margen para las explicaciones y para la pedagogía pasa, hasta ahora, por la distribución de declaraciones grabadas, sin preguntas de los medios de comunicación ni convocatoria pública. Estos enlatadados han tenido como protagonista a la portavoz del partido, Esther Peña, y en esencia se centran en cuestionar la legitimidad del PP para pronunciarse sobre el elefante en la habitación, el pacto con ERC. “La financiación autonómica del PP se resume fácil y rápido: bajar impuestos solo a los más ricos; recaudar menos para sanidad y educación. Y, eso sí, pedir más y más dinero al Estado”, afirma Peña en un nuevo vídeo, distribuido este martes.
En la grabación, la portavoz del PSOE también arremete contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a cuyo Gobierno acusa de incentivar el “dumping fiscal” entre comunidades. Así, afirma que esta forma de gestionar acerca a la “privatización” de la Sanidad y la Educación públicas. Y recuerda que el voto negativo del PP a la senda de estabilidad en el Congreso de los Diputados supone que las comunidades autónomas no reciban cerca de 6.000 millones de euros en los próximos años.
Es el desglose de las ideas ya expuestas el domingo, en la primera entrega de declaraciones de Peña. El PSOE quiere desviar el foco del propio acuerdo, y contiene la respiración a la espera de lograr la investidura de Illa. El aval de Jovent Republicà, las juventudes de ERC, ha supuesto una dosis de oxígeno, todo un alivio para el PSC y para Ferraz. Y hoy confían en que el pleno de investidura se desarrolle con cierta normalidad, a pesar del desafío que supondrá el anunciado retorno del expresident Carles Puigdemont tras siete años fugado. Y del revuelo que generaría su previsible detención y puesta a disposición judicial.
Preocupa, como ocurrió con la ley de amnistía, que el momento en el que Pedro Sánchez dé luz verde para hacer pedagogía, sea tarde. Que se haya fijado un marco de debate sólido, en el que no encuentren cabida los argumentos del presidente sobre la hoja de ruta hacia el entendimiento con Cataluña. Más, después de que el Ejecutivo rechazase el escenario de una “financiación singular” para Cataluña pocos días antes de que ERC pregonase este acuerdo. En este caso, la oposición generada a la interna es todavía mayor, y según Servimedia Ferraz sopesa convocar un Consejo de Política Federal, el órgano en el que se sientan los dirigentes territoriales, reclamado por Miguel Ángel Gallardo, barón extremeño avalado después por otras federaciones.
Las declaraciones de Peña, difundidas también en las redes sociales del partido, han contado también con el contrapunto de un nuevo vídeo en clave de humor, de nuevo con Ayuso y Alberto Núñez Feijóo –el “telonero”- como protagonistas. “Después de los #JuiciosPPTour, os presentamos el festival del verano: el #PPTourFest”, ironiza el PSOE en su perfil oficial en X, antes Twitter.
En cualquier caso, la estrategia de defensa parcial defendida por el PSOE en sus ‘enlatados’, es similar a la que esbozó un par de días antes el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón. El mismo viernes, también Yolanda Díaz midió cuidadosamente cómo aproximarse a este pacto; se congratuló de que el Gobierno haya propiciado las condiciones para el entendimiento, evitó entrar al fondo del acuerdo, y aprovechó para reclamar una reforma integral del sistema de financiación. La vicepresidenta segunda lleva abogando por esta vía, en público y en privado, desde el arranque de la legislatura, hace un año.
Errejón, por su parte, arremetió contra el PP poco después, criticando el “dumping fiscal” de comunidades como Madrid. También dio por buenas las tesis de Sánchez, que consideró que este acuerdo supone un paso para la “federalización” de España. “Que Catalunya abra el melón facilita una discusión en un sentido federalizante”, afirmó el portavoz de Sumar en una entrevista en la Cadena Ser.
La cuestión es particularmente sensible para los suyos: la única fuerza con implantación estatal dentro de este espacio político, Izquierda Unida, ya ha considerado que el acuerdo puede amenazar a la solidaridad entre territorios. Compromís y la Chunta Aragonesista (Cha) se muestran hoy en contra, sin que la vicepresidenta haya querido aclarar aún si darán libertad de voto a los tres diputados de estos partidos.
Rizando el rizo, este martes, el portavoz económico de Sumar en el Congreso, Carlos Martín Urriza, afirmó que este concierto para Cataluña “pone en riesgo la redistribución entre comunidades autónomas”, como lo hacen “el régimen foral o el paraíso fiscal de Madrid”. Se pronunció así en su perfil en Twitter, enlazando con un artículo rubricado por él mismo en Eldiario.es. En Sumar se mantienen en la postura marcada por Díaz y desarrollada por Errejón, pero también por el secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, en otro artículo publicado en el mismo medio. Como integrante de los Comunes, Pisarello ya ha bendecido un acuerdo que levanta ampollas entre algunos de los partidos que componen Sumar. Pero que genera una onda expansiva mucho mayor en el socio mayoritario del Gobierno.