Casi seis minutos de enumeración sobre casos de corrupción, la mayoría en instrucción, que supuestamente afectan a dirigentes vinculados al PP; apenas tres turnos de preguntas a los medios de comunicación convocados en la sede nacional, y la alusión a José Luis Ábalos como “esa persona”. El PSOE ha rechazado este lunes dar nuevas explicaciones sobre el caso Koldo y el supuesto papel que habría jugado en la trama el exministro y exnúmero tres del partido, hoy al borde de la imputación, para tratar de desviar la atención al Partido Popular.
Con todos los focos puestos en esta causa y en sus posibles ramificaciones, tras el último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), los socialistas marcan aún más distancia con quien fuera todopoderoso secretario de Organización hace algo más de tres años.
Fuentes de Ferraz sostienen que están “muy tranquilos”, que no esperan que Ábalos, que ha pedido declarar voluntariamente como testigo, pueda aportar algún dato que les comprometa. “No creo”, es la lacónica respuesta, en un partido en el que también afirman que irán “actuando” en base a “lo que vaya saliendo”.
Un paso en falso, en un estadio tan inicial, y ante el riesgo de que las investigaciones afloren nuevos indicios, puede resultar fatal. No ven recorrido a la querella presentada por el PP ante la Audiencia Nacional este lunes, por supuesta financiación irregular, y fuera de cámara están convencidos de que el PP no puede dar lecciones en esta materia. Pero eso es una cosa, y otra es que no se plantean avanzar escenarios, ante el riesgo de incurrir en nuevas contradicciones.
No quieren entrar en la información publicada durante el fin de semana en El País, que apunta a que sí sonaron alarmas en Ferraz por la cuantía de los gastos que pasaba el entonces secretario de Organización al partido. “No pitó nada”, abundan. Y, sutilmente, ponen en duda el testimonio publicado bajo anonimato por The Objective, supuestamente de un empresario que afirmó haber llevado “90.000 euros en bolsas” a la sede del PSOE en Madrid.
Se publicó “sin ningún dato y ninguna fuente más”, apostilló en rueda de prensa la portavoz federal, Esther Peña. Aseguró que hay “mucho fantasma” que presume “de relaciones que no tenía”, pero no pudo negar que estas reuniones se produjeran. Justificó esta incapacidad en base a que los registros de visitas se destruyen transcurridos 30 días, en base a una instrucción de la Agencia Española de Protección de Datos. “Nosotros no tenemos que probar nada. En todo caso, serían ellos”, advirtió.
Esta información periodística ha sido utilizada por el PP como base de la querella oficializada este lunes. El escepticismo y el recurso de señalar al Partido Popular ya han sido empleados en otras ocasiones por Ferraz y por los primeros espadas del Gobierno. Como, en otros casos, también han esgrimido las motivaciones espurias de algunas acusaciones populares o sus vínculos con la ultraderecha. Pero, quizás, no con tanta intensidad. Y como principal estrategia defensiva.
El ataque al PP, principal defensa
En esta ocasión, y pese a que Ábalos o el propio Sánchez han incurrido en contradicciones al explicar episodios como la visita a España de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez (2020), se opta por una línea más agresiva. Sin concesiones: sólo la promesa de atajar de raíz la corrupción, y el recordatorio de que el presidente del Gobierno ya dio explicaciones el viernes, en una comparecencia en Roma.
A diferencia de lo que ocurre con el caso por el que está investigada la esposa del presidente, Begoña Gómez, no se tilda de montaje el procedimiento, ni se critica al juez instructor. Por un lado, hay un esfuerzo por desmarcarse; otro por poner en valor la actuación desplegada y por diferenciarse de la línea de actuación del Partido Popular ante la corrupción. Y, como tercera pata de la estrategia, está la deslegitimación del PP para denunciar en esta materia.
Formalmente, en público y en privado, en el PSOE niegan haber tenido indicio alguno sobre el presunto rol jugado por Ábalos en esta trama. “No había indicios”, ni las “auditorías” detectaron anomalías. Concretamente, dicen no tener constancia de irregularidad alguna que explicase su relevo como ministro y como secretario de Organización en 2021; tampoco durante su etapa como diputado raso, antes y después del estallido del caso Koldo, cuando le reclamaron su escaño -el veterano político se aferró a él- y le suspendieron provisionalmente de militancia, en febrero de 2024.
Sobre la primera etapa, Peña trató este lunes de difuminar el relevo de Ábalos entre los cambios que Sánchez impulsó en esta crisis de Gobierno (julio de 2021), hasta ahora la de mayor calado en sus más de seis años en Moncloa. “Fue una pieza más”, dijo la portavoz socialista. Sobre la segunda, se apoyó en el modus operandi de su formación para vender que son “un Gobierno limpio, un partido limpio”, que trabajarán para que “pague quien tenga que pagar”. La responsabilidad “in vigilando” sobre el ya diputado del grupo mixto, afirmaban fuentes de Ferraz, empezó entonces, cuando exigieron su acta de diputado.
Y, de nuevo a diferencia de lo aplicado con el caso que afecta a Gómez, en los territorios se mantienen en absoluto silencio, incluso en los que habitualmente pueden ser más críticos con Sánchez. Algunos apenas asumen que “siempre se puede explicar más”, y otros aluden a cuestiones de la esfera autonómica para evitar pronunciarse. Ni hay una defensa cerrada, ni se critica el procedimiento. Ni nadie quiere hoy afirmar que esto acaba y empieza con Ábalos, en su día uno de los puntales de Sánchez, en el partido y en el Ejecutivo.
Sumar avala las explicaciones de Sánchez
El socio de coalición del PSOE da por buenas las palabras del presidente. En Sumar sostienen no tener “ningún indicio” de que el presidente tuviera constancia de irregularidades cometidas por Ábalos antes de cesarle. “No nos vamos a apuntar a ninguna cacería”, abundan.
Entienden que esto no afectará al Ejecutivo en su conjunto, y explican que deben mantener “el equilibrio” entre “defender el Gobierno” y ser “contundentes”. Mientras el grueso de los aliados parlamentarios se ponen de perfil, en Podemos ya enarbolan públicamente el diagnóstico expuesto por fuentes de la formación a Artículo 14 el sábado, y afirman que es “inverosímil” que Sánchez no tuviera ninguna información sobre la supuesta trama.
Línea dura contra el PP
La idea de que el PP quiere ahora “subcontratar con los jueces la acción de oposición” fue remarcada por Peña o por el ministro Óscar Puente, titular de Transportes e impulsor de la auditoría que ha dinamitado las relaciones con Ábalos, antes al frente del mismo Ministerio.
Siguiendo esta estrategia, el PSOE compara al PP con “los Soprano”, la familia de la mafia que protagoniza una serie con este nombre. También ha amenazado con llevar a Alberto Núñez Feijóo a los tribunales si no comparece en la comisión de investigación abierta en el Parlamento gallego para explicarse sobre la concesión de contratos a sus familiares. “Usted salía de vacaciones con un narco mientras las madres de la droga gallega se manifestaban contra él”, espetó Peña al presidente del PP, aludiendo a sus fotos con Marcial Dorado.
Pidió la dimisión del portavoz parlamentario de los conservadores, Miguel Tellado, y criticó a Cuca Gamarra por “apuñalar” y por “tirar por una ventana” al exlíder del PP, Pablo Casado. “Ayer nos piden cuentas desde una sede pagada con dinero negro”, acusó. “La sociedad está harta del ‘y tú más’, pero es que ésto es la noche y el día”, justificó. Después de semanas sin comparecer en rueda de prensa, dedicó 20 minutos a su exposición inicial, apenas 10 a responder preguntas.