El PSOE presenta una ofensiva legal contra el “acoso” derivado de “acciones judiciales abusivas”. El portavoz del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha comparecido este viernes para resumir la proposición de ley orgánica que minutos antes había llevado al Registro.
El anuncio de la comparecencia no estaba incluido en agenda, y se produjo con apenas 40 minutos de antelación. Ha tenido lugar, además, un día después de que el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, compareciera como imputado ante el juzgado de Badajoz que le investiga, y en un contexto en el que el Ejecutivo se ve erosionado por éste y otros frentes judiciales.
La norma actúa a distintos niveles y, entre otras cuestiones, plantea dificultar la admisión de querellas basadas en meros “recortes de prensa”, cuando no haya otros “indicios claros” de irregularidades. El PSOE lo justifica aludiendo a la doctrina del Tribunal Supremo sobre esta cuestión, y en su presentación no ha aclarado que la proposición de ley se aplicaría a procedimientos en curso, como recoge el texto.
Las investigaciones al hermano del presidente –que ha perdido fuelle– y a su esposa, Begoña Gómez-, se iniciaron precisamente por la presentación de querellas basadas en informaciones periodísticas, y por organizaciones como Manos Limpias, a las que el partido mayoritario del Ejecutivo quiere impedir que ejerzan como acusación popular.
Esta modificación legal persigue también este objetivo, así como evitar que los partidos políticos y las organizaciones vinculadas a los mismos puedan ejercer este rol. En palabras de López, aspiran a “impedir los mecanismos de acoso” por parte de grupos “ultras” como Manos Limpias.
Con la reforma, el papel de la acusación popular quedaría circunscrito “a la fase de juicio oral y de formulación de querella”, y a la presentación de recurso ante el auto de sobreseimiento. Para poder personarse como acusación popular, se exigiría un “vínculo concreto, relevante y suficiente”, explican desde el PSOE.
Según López, buscan acabar con “filtraciones interesadas constantes” por parte de esas acusaciones, y con su reclamación de “diligencias desconectadas” del núcleo de la causa, pensadas para darle “un perfil mediático”.
Además, apuesta por modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para introducir como causa de recusación o abstención de un juez o magistrado que éste haya efectuado “manifestaciones políticas” relacionadas con un asunto que le toque dirimir.
Esto es, que pueda apartarse o ser apartado de una causa el juez que haya expresado opiniones, positivas o negativas, sobre un político, partido, asociación, sindicato, o empresa, cuando esta parte esté involucrada en el procedimiento.
En concreto, introducirán en la (LOPJ) la causa 17 de recusación: “Haber manifestado públicamente, invocando su condición de juez o magistrado, o sirviéndose de esta condición, la censura, el acuerdo o desacuerdo con actuaciones desarrolladas por autoridades o funcionarios públicos, partidos políticos, sindicatos, asociaciones u otras entidades, públicas o privadas, que sean parte en el procedimiento o dirigirse a ellos con la misma finalidad de forma privada o participar en actos o concentraciones con idéntico objeto, comprometiendo su independencia o imagen de imparcialidad”.
Los “mecanismos de acoso”, según López, tienen un “denominador común”: “La judicialización de la política”, que a su vez “corre el riesgo de desembocar en
una politización de la Justicia”. Defiende que buscan actuar contra la “persecución sistemática” por parte de “sectores extremistas”, que actúan “pervirtiendo las herramientas del Estado de derecho”, tanto en España como en otros países.
“Hay sectores que animan a jueces y magistrados a significarse políticamente”, aseguró, afirmando que esto tiene “una consecuencia fatal para la imagen de imparcialidad del sistema judicial”. “La inmensa mayoría de profesionales, cuando se ponen la toga, toman distancia” de sus opiniones, apuntó.
Supresión del delito de ofensa a los sentimientos religiosos
La “proposición de ley orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas”, por otro lado, apuesta por suprimir el delito de ofensas religiosas del Código Penal. Se trata de otra de las iniciativas que el PSOE lleva tiempo queriendo impulsar, y que hoy justifican ante el “acoso” sufrido por la humorista LalaChus, como último caso con impacto mediático.
Con la supresión del artículo 525 del Código Penal -inciden en que apenas se producen condenas-, se evitaría esta persecución, pero sostienen que no despenalizarían “el ataque o acoso por motivos religiosos”. “Está el delito de injurias”, “el de odio”, “si se alienta la violencia o la discriminación contra los católicos”, apuntó el portavoz socialista.
No tienen amarrados los apoyos -“Nos hemos mensajeado con otros grupos”-, pero entienden que la mayoría que avala al Gobierno en otras votaciones acabará apoyando esta reforma.
Y, sobre la decisión de tramitar una ley orgánica de este calado como iniciativa del PSOE, y no como proyecto de ley del Ejecutivo -la tramitación es más larga y requiere de informes del CPGJ, del Consejo de Estado y de otros organismos-, López ha reivindicado que es una iniciativa propia. “Hemos adoptado una decisión que nos parecía urgente e importante”.