La ley contra la trata es uno de los grandes compromisos pendientes de la coalición PSOE-Sumar. La coalición la arrastra de 2019, cuando firmaron el primer pacto de gobierno (PSOE-UP), y desde entonces dos normas con el mismo objetivo han recibido luz verde del Consejo de Ministros en dos ocasiones, ambas como anteproyecto. No han podido dar más pasos, y los dos partidos llegan al 8-M sin haber logrado que la ley cristalice.
En lo que respecta a actuar contra la trata de mujeres hay margen para el consenso entre los socios. Pero el renovado pacto de Estado contra la violencia machista evidenció que la brecha sobre la prostitución es más que profunda. Es el Gobierno quien presentará a las Cortes el proyecto de ley contra la trata (no antes de verano), pero es el grupo socialista el que promueve la proposición de ley contra el proxenetismo.
Son dos normas diferenciadas, que discurrirán por sus respectivos carriles, y que requerirán cada una de determinados equilibrios para ver la luz -en lo que toca a la prostitución, quedarán en manos del PP-. Pero uno de los escenarios que se contemplan hoy es que aterricen en la Cámara Baja de forma paralela, más o menos sincronizada.
Políticamente, irían de la mano, escenificando así los socialistas que no contemplan ceñirse a actuar únicamente contra la trata. El PSOE ya vio como sus aliados parlamentarios y Sumar tumbaron su primer intento por prohibir el proxenetismo, hace un año, y hoy sabe que, si no convence al PP, volverá a vía muerta.
Tendrán que medir con cuidado los ritmos para no malgastar una bala, y la opción de desvincular temporalmente ambas iniciativas también está abierta. Pero, idealmente, se quiere mandar el mensaje de que, aunque la ley de trata no aborde la prostitución, el partido intentará prohibirla en paralelo.
La portavoz del PSOE en la comisión del pacto de Estado contra la violencia machista, Milena Herrera, en entrevista con Artículo14, asumió que esta ha sido la gran asignatura pendiente en el marco del renovado pacto: “Ha sido la gran renuncia” de los socialistas para lograr el acuerdo, afirmó.
“El grupo socialista no va a dejar ese tema. Es una prioridad, es una violencia que sufren muchísimas mujeres, y está en nuestra mano avanzar”, abundó. “Hablar de trata sin hablar de prostitución es ofrecer una solución coja”, asegura la ministra de Igualdad, Ana Redondo.
En una entrevista con El País, esta misma semana, Redondo también asume las “grandes divergencias” entre los partidos sobre esta materia. “Soy posibilista y prefiero una ley de trata con derechos y alternativas para las mujeres víctimas de trata que ninguna ley”, incidió.
“La ley de trata no es abolicionista porque queremos que pueda tener una mayoría y un consenso suficiente, pero no queremos renunciar a la agenda abolicionista”, explicó Aina Calvo, secretaria de Estado de Igualdad, en otra reciente entrevista en 20 Minutos.
En lo que toca a la ley contra el proxenetismo, hay fuentes del grupo parlamentario que reconocen no haber sabido manejar bien los tiempos. Que presentaran esta ley a a las puertas de las elecciones europeas de 2024 supuso un golpe para Sumar, explican, que tenía pocas salidas políticas ante esta decisión. En el espacio de Yolanda Díaz hay partidos a favor de regularizar la prostitución, cono los Comunes, y otros abolicionistas, como Izquierda Unida.
Saben que un consenso en esta materia es muy difícil de lograr, pero tendrán que calcular con cuidado cuándo recuperar esta norma. “Me gustaría terminar esta legislatura con una ley abolicionista”, deseó Redondo en la misma entrevista.
La ley de trata: una promesa de hace más de cinco años
El acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, rubricado en 2019, no deja margen a la interpretación: “Se aprobará una Ley Integral contra la Trata de mujeres con fines de explotación sexual, basada en los derechos de las víctimas, que incorpore medidas de prevención y persecución de estas redes criminales, además de medidas de protección y de recuperación integral de estas mujeres y niñas”.
Acabó la legislatura, empezó otra, y el Gobierno tardó cuatro meses en llevar al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley, que hoy cumple un año de su paso en primera vuelta. Recientemente Redondo afirmó que el Observatorio contra la violencia de género, dependiente de la delegación del Gobierno contra la violencia machista, ya trabaja en rearmar un texto “más contundente, riguroso y exhaustivo” que el que ella misma abanderó en marzo del pasado año. Estima que se presentará este año, a ser posible antes del verano.
Tres ministras han tenido protagonismo hasta la fecha
Antes que Redondo, su predecesora, Irene Montero, ya intentó actuar contra la trata desde el Ministerio. La ministra de Justicia que precedió a Félix Bolaños, Pilar Llop, fue quien presentó a finales de 2022 el anteproyecto de ley que quedó en agua de borrajas por el adelanto electoral.
En Podemos existe el convencimiento de que ley no se aprobó en su día porque el PSOE “no quiso”. La ley del sólo sí es sí, la primera norma del anterior Ejecutivo de coalición y de la propia Montero como titular de Igualdad, instauró por primera vez que la trata con fines de explotación sexual y la explotación sexual son formas de violencia machista. Y esto supuso reconocer a las víctimas derechos que tienen otras mujeres víctimas de esta violencia.
A la llegada de Llop, en julio de 2021, en Podemos mostraron su malestar porque la ministra de Justicia quería centrar la norma únicamente en víctimas de trata con fines de explotación sexual. Montero apostaba por incluir también a otras mujeres, como las víctimas de trata con fines de servidumbre.
Después hubo desencuentros sobre si debía servir para regularizar a mujeres en situación administrativa irregular, y hasta se acordó registrar la ley a través de los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos, para agilizar su tramitación.
En pacto estalló, y finalmente fue Llop quien presentó la norma, que nunca llegó a ver la luz. Desde ese primer aterrizaje en Consejo de Ministros han transcurrido dos años y cuatro meses.