No acostumbra ser una buena idea medir durante una precampaña la lealtad de los socios. El PSOE salió escaldado del Congreso este martes después de someter a examen su proposición de ley contra el proxenetismo y de comprobar que Sumar aprovechó la incertidumbre de la votación para abandonar a Pedro Sánchez, a quien endosó una dura derrota.
Los de Yolanda Díaz anunciaron a pocas horas de iniciarse el pleno que se bajaban del proyecto y la tramitación del texto quedó en manos del PP, que quiso mantener en secreto el sentido final de su voto (negativo) hasta el último momento para concentrar la expectación y golpear con la mayor contundencia posible a un Sánchez que, de la noche a la mañana, se quedó solo.
Los 135 diputados populares fueron los últimos en anunciar un rechazo que no fue unánime pero sí aplastante: PNV (4), Bildu (6), Junts (7), ERC (7) y Sumar (25) para un total de 184 votos contrarios.
Apoyos de Coalición Canaria, UPN, BNG y Ábalos
En una intervención inicial, la socialista Andrea Fernández, dejada a merced de la dureza parlamentaria junto a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, llamó a los diferentes grupos parlamentarios a aparcar la política de “bajo nivel” y apostar por la “negociación y el acuerdo”. Un ruego que fue en balde, tal y como evidenciaron las sucesivas intervenciones en la tribuna del Congreso.
De nada sirvió que las cosas comenzaran bien para el PSOE con el sí de Coalición Canaria, porque el resto de grupos no tardaron en golpear el hígado del Gobierno por una proposición de ley que juzgaron mal planteada y poco edificante. “Su propuesta va a generar más titulares que cambios concretos en la vida de las mujeres”, dijo Pilar Vallugera, diputada de ERC. Añadió la diputada republicana que el texto legal presentado “va contra los derechos de muchas mujeres” y que “rompe la mayoría de la investidura”.
Por su parte, el PNV subrayó que “el PSOE ha traído lo mismo”. Según su criterio, la maniobra consistió en repetir un texto legal que vinieron a calificar como pobre y que “corta la cuerda y no pone red”. Una referencia a las pocas soluciones presentadas por el PSOE.
Junts puso el foco en el consentimiento. Su ponente, Pilar Calvo, atacó las “contradicciones” del PSOE, puesto que en esta formación “hablan del sí es sí y del consentimiento excepto cuando una mujer adulta escoge la prostitución de manera voluntaria”. También criticó las cifras y datos aportados por los socialistas a la hora de convencer a sus socios: “No hay una información objetiva al respecto”.
Asimismo, algo en lo que también coincidieron Bildu, ERC o Sumar fue en la necesidad de derogar la ley de extranjería y así conceder “papeles” a todas las mujeres en contexto de prostitución que, según estos grupos, son un amplio número.
Por su parte, los parlamentarios presentes de Vox y Podemos -36 en total- se abstuvieron pese a que los representantes de ambas formaciones en la Cámara Baja se mostraron muy reticentes respecto a las intenciones de la proposición e incluso comentaron que “la ley no da seguridad, da más riesgo”.
Unos votos, los de la formación de Santiago Abascal, que salvaron a Sánchez de una derrota mayor. Así lo indicaron fuentes populares, las cuales ya trabajan con una estrategia discursiva de cara elecciones europeas.
El PSOE obtuvo cuatro apoyos favorables: el de UPN, BNG, Coalición Canaria y el del exministro socialista José Luis Ábalos, que sumaron la exigua cifra de 4 votos a los 118 aportados por el grupo socialista.
Voto negativo del PP
Fue a través de Ana Alós, ponente en esta cuestión, como el PP hizo naufragar la proposición de ley, “una nueva farsa del Gobierno de Sánchez” debido a su “indigno uso del feminismo en tiempos electorales”.
Asimismo, Alós defendió, al igual que todos los grupos intervinientes, la creación de una ley integral que vaya más allá de la modificación del Código Penal que proponía la principal formación del Ejecutivo. Es por ello que el PP les ofreció trabajar en un texto legal contra la trata de personas en la comisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
En un principio, la abstención de los 137 diputados del principal partido de la Cámara Baja hubiera permitido dar el siguiente paso y haber llevado esta proposición a la comisión de Justicia. Pero aquí es donde ha surgido el problema, pues la contienda política también ha llegado a la lucha contra la prostitución.
Y es que hace poco más de un mes, Cuca Gamarra declaró que su formación estaba trabajando en un borrador propio que atajara la “trata de personas”. Se desconoce si es un texto muy diferente al del PSOE, pero junto a las declaraciones populares que recogió Artículo14 sobre esta cuestión, la continuidad de vida del proyecto se complicó.
Esto coincide con lo que fuentes del PP destacan después de la contienda parlamentaria de este martes: el PSOE nunca hizo amago de acordar con ellos; era su texto o nada. “No aceptamos chantajes”, de ahí que presentaran un texto alternativo.
Proposición de ley del PSOE
En su proposición, el grupo parlamentario socialista se mostró muy crítico con la inefectividad del Código Penal al no castigar “cualquier forma” de obtención de lucro de la prostitución ajena. Esto, según el escrito, ha llevado a “una total inaplicación” del precepto y a su “impunidad total” en la práctica.
Y es que para combatir este asunto, y así equiparar la persecución que se hace en “países de nuestro entorno” del proxenetismo, el PSOE lanzó como iniciativa única la modificación del artículo 187 del Código Penal -cuya última reforma se efectuó bajo el Gobierno de Mariano Rajoy-. Entre sus cambios más significativos sobresalen tres cuestiones.
La primera, la respectiva al aumento de la responsabilidad penal de los proxenetas que empleen violencia, intimidación o engaño, o abusen de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima para que esta se prostituya.
La segunda trata sobre persecución de las tercerías locativas -el destino de un inmueble, local o establecimiento, abierto o no al público, a “promover, favorecer o facilitar la prostitución de otra persona”-. Mientras, la última es la imposición de multas para aquellas personas que recurran a la prostitución a cambio de dinero o prestación económica.