El PP español sigue dando la batalla para bloquear la designación de Teresa Ribera como vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea y comisaria de Competencia y Transición Verde. Fuentes del PP europeo aseguran que les han trasladado una serie de argumentos para justificar el voto contra Ribera en su audiencia parlamentaria. Entre las críticas, sobre la gestión de la DANA, llama la atención la supuesta “triple negligencia” de Ribera en la preparación y respuesta ante las inundaciones en Valencia.
Para empezar, el PP acusa a Ribera, como responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), de no haber gestionado adecuadamente la red hidrológica del Júcar, lo que habría contribuido a la catástrofe. Según el partido, la CHJ solo destinó un 2% de su presupuesto a la prevención de inundaciones, mientras que el gasto en personal fue ocho veces mayor. Esta falta de inversión en medidas preventivas, argumentan, dejó a la región indefensa ante el desbordamiento de ríos y barrancos.
Otra crítica apunta a la falta de previsión meteorológica por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que también depende del Ministerio de Ribera. Según el PP, los modelos de predicción de la agencia no estaban a la altura, lo que impidió que se emitieran alertas tempranas. La agencia reconoció que necesita más inversión en supercomputación para mejorar sus predicciones, un recurso que, dicen desde el PP, debería haberse priorizado en un contexto de fenómenos climáticos extremos.
Alertas tardías
El PP también acusa a la CHJ de avisar tarde a las autoridades locales sobre el riesgo de desbordamientos. Según los informes, el primer aviso al Gobierno de Valencia llegó a las 18:49 del día del desastre, apenas unos minutos antes de que la presa de Forata comenzara a desbordarse. La alerta se envió por correo electrónico y se activó con retraso, un fallo que, según el PP, va en contra de la Ley de Protección Civil, que exige una advertencia rápida y eficaz en caso de emergencia.
Según el documento, la CHJ “no emitió una alerta pese a estar obligada a hacerlo por la Ley de Protección Civil” y los responsables “deben notificar inmediatamente al Centro Nacional de Coordinación de Emergencias de Protección Civil cualquier situación que pueda dar lugar a una emergencia”. Además, el partido critica que en la asignación de recursos en el último plan hidrológico de Ribera, solo destinó un 10% del presupuesto a la prevención de inundaciones.
Falta de infraestructura
Otra de las quejas es por la cancelación de proyectos de infraestructura clave para la contención de inundaciones, como tres presas proyectadas en el Plan Global de Inundaciones del Júcar de 2000. Según el PP, dos de estas presas fueron descartadas por considerarse inviables, mientras que la tercera fue bloqueada en la última revisión de 2023 aprobada por el ministerio de Ribera. El PP también señala que, en comparación con otras áreas, Ribera no dio suficiente prioridad a la prevención de inundaciones en su planificación. De las 223 medidas propuestas en su tercer ciclo de planificación hidrológica, solo 32 estaban orientadas a la contención de inundaciones, mientras que 150 se enfocaron en la reducción de la contaminación y 59 en la gobernanza del agua.
Desde el PP también acusan al ministerio de Ribera de no implementar un sistema de comunicación eficaz para alertar a las autoridades locales y a la población en caso de emergencias. Aunque se había prometido mejorar los protocolos de aviso en el plan de gestión de inundaciones, estos cambios no se han materializado aún, lo que, dicen, limitó la capacidad de respuesta ante el desastre.
Otro supuesto fallo: la falta de asignación de fondos para la recuperación y gestión de riesgos. Según el PP, una parte importante del presupuesto previsto para obras de emergencia, asistencia sanitaria y seguros de inundación no ha sido distribuida, dejando sin apoyo a las comunidades afectadas y a los negocios locales.
También critican la falta de un informe actualizado sobre las lecciones aprendidas tras los eventos de inundación. El Ministerio de Ribera aún no ha publicado el informe de monitoreo de 2022 y 2023 sobre el Plan de Gestión de Riesgos de Inundación, lo que, para el PP, refleja una falta de transparencia en la evaluación y respuesta a la crisis.
Por último, el PP destaca el impacto económico de esta tragedia. Las inundaciones afectaron a un 32% del PIB de la provincia de Valencia y, según estimaciones de la Cámara de Comercio, más de 54,000 empresas y 354,000 trabajadores han sufrido pérdidas. Estos daños, alegan, podrían haberse evitado con una gestión más adecuada y una inversión en infraestructuras más sólida.