El PP ha hecho valer su mayoría absoluta en el Senado para retirar del orden del día del Pleno de este martes la modificación legal con la que se podrían beneficiar hasta 44 presos etarras, aunque el plazo máximo para tramitar esta norma en la Cámara Alta es el próximo lunes 14 de octubre. Todo, mientras oficialmente se insiste en pedir perdón a las víctimas del terrorismo por el “garrafal error” y, en privado, las críticas aumentan, informa Pablo Montesinos. Según fuentes populares, Cuca Gamarra ha escrito a Félix Bolaños, el ministro de Justicia, para abordar la polémica. El titular de Justicia estaba en el Consejo de Ministros pero espera “poder hablar con él a lo largo” de este martes.
El Pleno del Senado de este martes ha comenzado con la intervención de la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, para que se someta a votación la suspensión del debate y votación de la reforma legal que rebaja penas a algunos presos de ETA.
Pese a las quejas de ERC y PNV, el presidente del Senado, Pedro Rollán, ha aceptado someter a votación la solicitud de suspensión, que ha salido adelante con la mayoría absoluta que tiene el PP en la Cámara, mientras que el PSOE y sus socios parlamentarios han votado en contra de aplazar el debate de esta reforma legal.Con todo esto, Vox ha anunciado que ha presentado este lunes dos enmiendas para intentar revertir los puntos de esta reforma legal que podrían beneficiar a los presos de ETA, aunque están fuera del plazo de enmiendas y ahora corresponde a la mayoría del PP decidir si se pueden tramitar o no.
En la Junta de Portavoces de la mañana de este martes, el PP ha llevado un escrito para que la unanimidad de los grupos retiren las enmiendas de esta reforma legal, aunque ha culpado al PSOE y sus socios parlamentarios de haberse negado a modificar esta norma.
Los de Alberto Núñez Feijóo hacen referencia al artículo 125 del Reglamento del Senado, en el que dice que se puede modificar el texto de un proyecto de ley si así lo aceptan la totalidad de los grupos. “El PSOE y todos sus socios se han negado a firmar la petición del PP, alineándose con los intereses de Bildu y los presos de ETA”, ha denunciado el PP a través de un comunicado, informa Europa Press.
“El PP seguirá estudiando todos los instrumentos políticos, parlamentarios y jurídicos para parar esta reforma”, añaden desde el Grupo Popular. En cualquier caso, el PP ha vuelto a exigir al Gobierno que retire este proyecto de ley, al ser el único actor que tiene la potestad de vetarlo actualmente. Y es que, pese a que los ‘populares’ aplacen su inclusión en el Pleno del Senado, no se impediría su aprobación definitiva, sino que se dilataría al no haberse aprobado ni vetos ni enmiendas al texto que venía del Congreso.
Eso sí, la modificación legal se aprobará definitivamente y se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a pesar de que el PP vote en contra en el Senado, ya que en su tramitación en la Cámara Alta no se ha incluido ningún veto ni ninguna enmienda.
Fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press explican que, aunque el PP ha anunciado que usará su mayoría en el Senado para rechazar el texto que viene del Congreso, la reforma legal se publicará directamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor al no incluirse vetos ni enmiendas en la Cámara Alta.
El portavoz de la dirección del PP, Borja Sémper, ha anunciado que votarán en contra de esta reforma legal, que se trata de una modificación de una ley sobre intercambio de información de antecedentes penales con la que, según la AVT, hasta 44 miembros de ETA podrían descontar la condena que ya han cumplido en Francia y hasta siete etarras podrían ser excarcelados en los próximos meses.
Sin embargo, el PP en el Senado decidió no incluir ni vetos ni enmiendas a esta reforma legal que viene de la Unión Europea. Por este motivo, aunque ahora el PP rechace el texto que viene del Congreso, los precedentes establecen que la norma se publicará en el BOE.
La AVT se queja del PP
La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, ha dicho al Partido Popular y Vox que sus disculpas tras aprobar una reforma legal que podría descontar años de cárcel hasta a 44 etarras “están muy bien”, pero que de todas formas la medida “no tiene marcha atrás” y acabará publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
“Ayer hablé con el señor Feijóo y hablé también con Abascal y es verdad que los dos se disculparon, pero bueno, las disculpas están muy bien, pero esto no tiene marcha atrás”, ha sentenciado la presidenta de AVT en una entrevista en ‘La Mirada Crítica’ de Telecinco, recogida por Europa Press, en la que ha lamentado que las víctimas se sienten “olvidadas”.
Araluce ha compartido que tanto el líder del PP como el de Vox le reconocieron que “no se han dado cuenta” y que no leyeron una enmienda de Sumar que modificaba la ley sobre intercambio de información de antecedentes penales y que convalida a los presos de ETA las penas que cumplieron en otro país. La norma fue aprobada por unanimidad en el Congreso el pasado 18 de septiembre. “Nos reconocen que se lo han colado”, ha proseguido la presidenta de la asociación de víctimas, recordando que hace dos años organizó una rueda de prensa explicando que “justo esta” era una de las reclamaciones de Bildu, y que “tarde o temprano lo iba a plantear” al Gobierno.
Al hilo, ha asegurado que el Ministerio del Interior se comunicó entonces con la AVT y a otras asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo asegurando “que eso no iba a pasar” y que no se convalidarían penas de etarras cumplidas en otros países. “Pero bueno, una vez más, nos vuelven a mentir”, ha sentenciado.
Preguntada sobre si alguien del Ministerio de Interior se ha puesto en contacto con la asociación tras conocerse la reforma, Araluce ha dicho que no, pero que hoy está en Vitoria con motivo del Congreso Internacional de la ONU sobre víctimas del terrorismo y que, si se encuentra al ministro Fernando Grande-Marlaska, le dirá que les ha “mentido a la cara” y que “ya está bien de reírse de las víctimas”.
Según ha podido saber este periódico, en febrero de 2022 el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, señaló en un comunicado que “no existe ninguna iniciativa para modificar la regulación que se refiere a los efectos jurídicos de las resoluciones condenatorias dictadas en otros Estados de la Unión Europea”.