El PP está decidido a valorar “todas cuantas acciones considere que debe llevar a cabo” ante la renuncia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a presentar unos Presupuestos Generales del Estado para 2025. En este contexto, no descarta acudir al Tribunal Constitucional (TC) al considerar que el Ejecutivo no solo está incumpliendo el mandato de la Carta Magna de presentar unas cuentas públicas anuales, sino que, además, está ‘estirando’ unos Presupuestos aprobados en 2022 por un Ejecutivo y un Congreso que ya no existen.
Así lo ha expuesto el vicepresidente segundo del Congreso y diputado del PP, José Antonio Bermúdez de Castro, en una entrevista en RNE, en la que deja claro que no se pueden equiparar las prórrogas presupuestarias a las que han recurrido algunas comunidades del PP con la de los Presupuestos Generales del Estado.
“Una cosa es que en una legislatura se aprueben presupuestos y al año siguiente se tengan que prorrogar, y otra lo que está ocurriendo en esta legislatura, que estamos funcionando con unos Presupuestos que no son de este Gobierno, ni de esta legislatura, y que no han sido avalados por estas Cortes, sino por unas ya disueltas”, ha aseverado el diputado popular en la entrevista.
Con “frivolidad”
A su juicio, es “evidente” que eso “no es cumplir con el mandato que la propia Constitución le da al Gobierno”, es decir, con “el deber de presentar presupuestos ante la Cámara”. Además, se queja de que, encima el Gobierno esgrima, de una manera “absolutamente frívola” que no los va a presentar “porque sería una pérdida de tiempo”.
“Lo que está diciendo el Gobierno es que ha perdido la mayoría de esta Cámara, y ese es el problema. Lo que está ocurriendo en esta legislatura es que estamos dependiendo todos los días, en todas las leyes y en todas las políticas, de las exigencias de las minorías radicales independentistas, que, naturalmente, ponen semana tras semana precio político a cambio de sus votos”, se ha lamentado.
Para Bermúdez de Castro esto “lo único que produce es un proceso de erosión sin precedentes de nuestra democracia“. “Lo que no se puede es convertir la excepcionalidad y los instrumentos de excepcionalidad en normales”, ha abundado.
Asimismo, el diputado popular ha protestado por el uso que hace el Gobierno de coalición de la facultad que le confiere la Constitución para vetar la tramitación de iniciativas que supongan un aumento del gasto o una merma de ingresos. Y pone como ejemplo el que ha presentado a su proposición de ley y a otra similar registrada por Podemos para que el Salario Mínimo Interprofesional no tribute en el IRPF.