El Partido Popular esperará al inicio del próximo curso político para citar a Pedro Sánchez en la comisión de investigación de la Cámara Alta. Así lo ha decidido Alberto Núñez Feijóo, según las fuentes consultadas por Artículo14. “Como usted no me ha contestado a ninguna pregunta, usted las va a tener que contestar en el Senado”, le advirtió el jefe de la oposición al presidente el pasado mes de mayo, en relación a los vínculos laborales de su mujer, Begoña Gómez. Si bien, esas explicaciones tendrá que esperar a después de las vacaciones estivales. “En principio, en septiembre”.
La declaración del jefe del Gobierno en el Senado se puede convertir en el plato fuerte del comienzo del curso, con un Feijóo que no descarta ni repetición electoral en Cataluña ni tampoco que haya nuevas elecciones generales en 2024. Una tesis que en Génova vieron reforzada después de que el Tribunal Supremo haya declarado no amnistiado el delito de malversación de Carles Puigdemont. “Las necesidades políticas del Gobierno no casan con la realidad judicial de este país”, arguyeron desde la dirección nacional.
“La legislatura está en el aire. Es una realidad. Sánchez no tiene los apoyos garantizados. Otra cosa es que pretenda hacer todo lo posible por resistir en la Moncloa”, en palabras de líder territorial, tras verse con Feijóo y otros homólogos autonómicos este lunes en Salamanca.
Para Feijóo, el hecho de que Gómez vaya a declarar ante la Justicia por presunta corrupción ya es razón suficiente para que el presidente hubiera dimitido. “El cerco de tramas de corrupción sigue estrechándose en torno a Pedro Sánchez, su partido y su gobierno”, es el mantra de los populares. “Desde un punto de vista político y ético, es incompatible con ocupar la honorable presidencia del Gobierno. Si mi pareja o mi hermano estuviesen sentados en un banquillo, por supuesto habría presentado mi dimisión”, declaró el líder gallego este domingo en una entrevista en El Confidencial.
Según las fuentes consultadas, es más inteligente en términos políticos retrasar la citación de Sánchez en el Senado a septiembre, aunque se anunciara el veintidós de mayo. “Los tiempos los marcamos nosotros”, expusieron desde al dirección del grupo popular en la Cámara Alta.
No se citará a Gómez
Por otro lado, y a pesar de que un sector del PP le pedía lo contrario, Feijóo se mantiene firme en su decisión de no citar a declarar a la mujer del presidente. “¿Va a llamar a Begoña Gómez a la comisión del Senado?”, le preguntaron recientemente a Feijóo. “El responsable político es el que sí se dedica a la política”, dijo. En este sentido, las citadas fuentes en el grupo de la Cámara reconocen que “no” está en sus planes convocarla a la comisión. “El presidente no quiere” dar ese paso, arguyen.
Precisamente, Sánchez tuvo que volver a responder por las presuntas irregularidades cometidas por su esposa, y que están siendo investigadas por la Justicia. “Se lo voy a preguntar abiertamente: ¿no hay nada en la actividad profesional de su mujer que sea reprochable, aunque no sea constitutivo de delito?”, le preguntó Angels Barceló en la Cadena Ser. “No hay nada, absolutamente nada”, afirmó rotundo el presidente.
En la entrevista, Sánchez insistió en que todo parte “de una denuncia de un pseudo sindicato en base a bulos desmentidos por la Guardia Civil”, aunque no entró en el detalle de las informaciones periodísticas que apuntan a irregularidades. “Mi esposa ha presentado varios recursos todavía sin respuesta para que el juez le aclare los motivos por los ha sido citada a declarar”, añadió, para rematar: “No quiero pensar que el juez Peinado está siendo parcial en este caso”.
El juzgado de instrucción número 41 de Madrid citó a declarar a Gómez el viernes 5 de julio a las 10:00 horas en calidad de investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción de negocios. Magistrados como Ignacio González Vega consideran que la mujer del presidente no goza de ningún estatus oficial y, en consecuencia, ha de recibir “idéntico trato” al resto de ciudadanos y no tener “ningún privilegio como un acceso preferencial a las dependencias judiciales”.