El PP impulsará otro conflicto entre Senado y Congreso por la ley de desperdicio alimentario y pedirá amparo al TC

La Cámara Alta planteará un nuevo conflicto de atribuciones a la Cámara Baja mientras los grupos parlamentarios del PP recurren al tribunal de garantías

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra. EFE

El Partido Popular ha anunciado este sábado que promoverá un nuevo conflicto de atribuciones entre el Senado -donde tiene mayoría absoluta- y el Congreso por las enmiendas “mutiladas” de la ley contra el desperdicio alimentario, al tiempo que sus grupos parlamentarios presentan un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la decisión de la Mesa de la Cámara Baja de retirar las modificaciones aprobadas en el Pleno de la Cámara Alta.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha anunciado esta ofensiva con el objetivo de “defender y proteger” la democracia española, así como los “derechos” de los diputados y senadores a que “se legisle con mayorías”.

“No nos van a callar, no nos vamos a quedar quietos y claro que vamos a levantar la voz y, sobre todo, vamos a utilizar todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance para defender la labor que tiene el Congreso y el Senado”, ha dicho en la inauguración de la XXVII Unión Interparlamentaria del PP en Sevilla.

El pasado 20 de marzo, la Presidencia del Congreso de los Diputados ignoró las peticiones de PP, Junts y ERC y sacó del proyecto de la ley contra el desperdicio alimentario varias enmiendas que estos partidos aprobaron en el Senado por entender que existía un veto presupuestario del Gobierno previo a su inclusión.

Una era del PP para aplicar tipos reducidos de IVA hasta el 31 de diciembre de 2025 a alimentos como el pan, los quesos, huevos, frutas, verduras, aceites y pastas. Y otra fue presentada por ERC y Junts y prorrogaba la vida útil regulada de las plantas de cogeneración para el tratamiento de purines.

De este modo, la ley se aprobó en Pleno sin estas modificaciones. Los ‘populares’ denunciaron ya entonces que suponía “una ilegalidad” de la que “no existen precedentes en 50 años de democracia”.