El PP registra en el Congreso y en el Senado una proposición de ley para exigir al Gobierno que exima de tributación la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y así evitar que “haga caja a costa de los trabajadores”. De esta manera, Alberto Núñez Feijóo converge con Yolanda Díaz en plena pugna con María José Montero, en lo que ya es el choque más importante del Gobierno de coalición. De hecho, en Génova no descartan apoyar la iniciativa de Sumar, en línea con la suya.
Fuentes populares señalan que, con la subida del SMI aprobada este martes por el Consejo de Ministros, este pasa de los 15.876 a los 16.576 euros anuales. Un incremento de 700 euros, pero de los cuales el trabajador se llevaría “tan solo 353,81 euros”. “Claramente es una jugada redonda para el Gobierno, que sube el salario mínimo, pero lo pagan empresarios y trabajadores para que la mayor parte de ese incremento se lo lleve la ministra de Hacienda”, opinan estas voces autorizadas.
Cabe recordar que hasta ahora cada incremento del SMI, que se situará en los 1.184 euros al mes en 14 pagas, había venido aparejado de una actualización del mínimo exento para tributar el IRPF, pero ya no. El Ministerio de Hacienda ha optado por no elevar este mínimo exento. Una propuesta que afectará, según los cálculos del Gobierno, al 20% de los trabajadores que cobran el salario mínimo, y de la cual la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se enteró “por la prensa”, y no a través de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Algo que ha causado una brecha en el seno del Ejecutivo.
Asimismo, y en caso de que la proposición de ley obtuviera el sí de las Cortes Generales, desde el PP dan 15 días al Ejecutivo para aprobar las modificaciones pertinentes para que no se efectúe dicha retención.
El PP acusa al Gobierno de “hacer caja”
La sensación que impera en el principal partido de la oposición ante la bronca política entre las dos almas del Gobierno, retransmitida en directo al término del Consejo de Ministros, era la estupefacción. “El Gobierno enmendando al Gobierno”, resumieron desde el equipo de Alberto Núñez Feijóo.
El primer integrante de la formación popular que se pronunció en público sobre ello fue Feijóo, quien acusó al jefe del Ejecutivo de “hacer caja” a costa de quienes cobran el SMI, y le exigió que rectifique. Por su parte, el portavoz en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, escribió en su perfil de X: “El Gobierno que presume de “escudo social” hoy consuma el sablazo letal a los más vulnerables”.
El Gobierno que presume de “escudo social” hoy consuma el sablazo letal a los más vulnerables.
Todo por la pasta. pic.twitter.com/oo3RFLX5v4
— Miguel Tellado (@Mtelladof) February 11, 2025
Escasos minutos después, Sumar anunció que presentará en la Cámara Baja una proposición de ley para garantizar que las personas que perciben el SMI estén exentas de tributar el IRPF. Cabe mencionar que la subida del salario mínimo no se vota -se aprueba por real decreto-, como tampoco habrá que votar si los perceptores del SMI deben pagar el IRPF.
Es en este punto donde el PP podría desempeñar un papel importante. Lo que avanzan las voces autorizadas consultadas por Artículo14 es su rechazo a la decisión de la vicepresidenta socialista, que analizarán la iniciativa de Sumar, así como que “a priori no rechazan nada”. Es decir, no descartan votar a favor de esta iniciativa que formulará la formación de la vicepresidenta Díaz.
Desafío desde el Consejo de Ministros
El enfrentamiento entre PSOE y Sumar era evidente en el Congreso, pero aún más en la Moncloa. Sobre todo cuando, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Díaz ha comunicado haberse enterado “por la prensa” de los planes de Hacienda.
“No ha habido deliberación en Consejo de Ministros, ninguna. Ni comunicación”. “Me he enterado de esto a través de ustedes”, aseguró la también ministra de Trabajo y Economía Social ante dos ministras del ala socialista. Todo, después de haber compartido asiento junto a Montero horas antes, en una comisión interministerial.
La vicepresidenta segunda ha llegado a leer el artículo 31.1 de la Constitución Española -sobre el pago proporcional de impuestos-, y ha insistido en que está “a favor de la pedagogía fiscal”, pero ha exigido “que empiece por arriba”. Y ha mezclando su diagnóstico de que la coalición “goza de buena salud” con sus dardos.
Por una parte ha reconocido que esta no es su “competencia”; por otra ha criticado que sus socios hayan hecho “un regalo fiscal a los rentistas” con desgravaciones para quienes alquilen viviendas dentro del umbral de precios marcados por el Gobierno.