La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha avanzado este viernes que su formación planteará la presentación de un conflicto de atribuciones con el Congreso ante el Tribunal Constitucional (TC) en el caso de que la presidenta, Francina Armengol, ratifique su intención de mandar directamente al BOE la ley que convalida penas de cárcel cumplidas en la Unión Europea y beneficia a presos de ETA.
En una rueda de prensa la portavoz de los populares ha anunciado que han requerido formalmente a la Mesa del Congreso para que lleven al Pleno la votación de esta ley que podría beneficiar a presos de ETA.
Y es que el presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, ya se dirigió por carta a su homóloga del Congreso para criticarle que no diera como vetada esta norma y le precisaba que el competente para decidir este asunto era el Tribunal Constitucional.
Ahora el PP ha dado otro paso y ha vuelto a requerir formalmente a Armengol que debata esta ley porque, de no hacerlo, elevarán este asunto al Tribunal Constitucional con un conflicto de atribuciones con el Congreso.
No es la primera vez que los populares, con su mayoría absoluta en el Senado, plantean un conflicto de competencias con el Congreso, ya que hace unos meses aprobaron este choque institucional inédito entre las dos Cámaras por la ley de amnistía, aunque ellos mismos lo dejaron sin efecto para no llevarlo al Constitucional.
“Nos parece inadmisible el acuerdo de la Mesa del Congreso, que ha despachado este asunto sin ningún informe jurídico que lo avale y usurpando la capacidad de interpretar el Reglamento del Senado, que no le compete”, ha indicado Alicia García.
Para García, “el uso del Congreso en base al interés de Sánchez es una muestra más de cómo el sanchismo pone las instituciones a su servicio”.