Al poco de que, en la sesión de control de este miércoles, Alberto Núñez Feijóo le exigiera a Pedro Sánchez su dimisión porque, entre otros motivos, “las instituciones no pueden estar al servicio de su defensa judicial, son de los españoles”, las rotativas –analógicas y digitales, entiéndase la metáfora– de todos los periódicos patrios se detenían. Razón: el Supremo convertía a Álvaro García Ortiz, el pupilo predilecto de Dolores Delgado (de Garzón), en el primer fiscal general del Estado imputado en la Historia de España. El portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, relamiéndose, se lo comunicaba al ministro tridentino, Félix Bolaños: “Imputado por unanimidad por la Sala Segunda del Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos”.
Sabido es que, el pasado 15 de marzo, García Ortiz ordenó a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que distribuyera un comunicado de prensa desde su gabinete de comunicación con todos los detalles del pacto que el novio de Ayuso, el empresario Alberto González Amador, negociaba con la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid. “Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato”, le contaba el hereu de Delgado a Lastra, “es imperativo sacarla” –la nota de prensa, quiere decirse–. Dicho y hecho. El Colegio de la Abogacía de Madrid encolerizó, argumentó que el hecho era grave de narices porque afectaba al derecho de defensa de un particular y se querelló contra el fiscal general por revelación de secretos.
Este miércoles, la Sala, presidida por Manuel Marchena, ha decidido por unanimidad abrir diligencias de investigación contra García Ortiz, quien acudirá a declarar en presencia de un abogado para aclarar su posible vulneración del Artículo 417 del Código Penal. Lo de la unanimidad no es baladí: la ponente, Susana Polo, es una juez con un marcado perfil progresista. Va un pareado: ante semejante percal, ¿qué ha hecho el fiscal? Emular el “¡no voy a dimitir!” de Luis Rubiales, con una nota de prensa en la que expresa su “convencimiento de que la continuidad en el cargo es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo, y de que en puridad refuerza la independencia de la Fiscalía española, anuncio mi intención de seguir ejerciendo mis responsabilidades como fiscal general del Estado”. Je, je.
El de la pareja de Ayuso no es el primer escándalo que salpica a un señor de Salamanca que ingresó en la Carrera Fiscal en 1998 y que ejerció durante casi veinte años en Galicia, donde fue nombrado fiscal especial Coordinador de Incendios y fiscal delegado de Medio Ambiente. Miembro de la Unión Progresista de Fiscales –la llegó a presidir entre 2013 y 2017–, en 2019 participó en un laboratorio de ideas de los socialistas gallegos celebrado en un hotel de Santiago de Compostela. La foto del acto ha sido reproducida por los siete mares. Una garganta profunda me sopla: “Vino de Galicia con mucho Prestige, pero se irá de la Villa y Corte sin prestigio”.
Siendo la exministra socialista Dolores Delgado, compañera de la Unión Progresista de Fiscales, fiscal general, le ascendió a fiscal de Sala y lo convirtió en su mano derecha nombrándolo fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Designado fiscal general en julio de 2022 después de que su predecesora anunciara su dimisión por razones de salud, su retrato acompaña al término “polémica” en los diccionarios ilustrados: nada más ser elegido, el CGPJ concluyó, también por vez primera en su historia, que no era idóneo para el cargo; en el pasado noviembre, el Supremo anuló el nombramiento de Delgado como fiscal de Sala de lo Militar alegando “desviación de poder” por parte de García Ortiz; en mayo, también el Alto Tribunal anuló el nombramiento de Delgado como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática; en julio, de nuevo, el Supremo anuló el proceso con el que Alvarone ejecutó la sentencia que tumbó el nombramiento de Delgado como fiscal de Sala de lo Militar. Además, a instancias de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales –una de las tres asociaciones profesionales que representan a los fiscales en nuestro país–, la Sala de lo Contencioso-Administrativo tiene pendiente decidir si anula su propio nombramiento por “progubernamental”. No descarto que, en el programa de Silvia Intxaurrondo, se ponga a gritar: “¡¡No voy a dimitir, no voy a dimitir!!”. Igual hasta se rapa.