El acuerdo con Junts sobre inmigración empieza a generar tensiones internas en el Partido Socialista, y también en su socio de coalición, Sumar. La proposición de ley orgánica que registraron junto al partido de Carles Puigdemont en el Congreso, el martes, establece la delegación a la Generalitat de competencias en materia de inmigración, responde a las exigencias de Junts y es fruto de una compleja negociación que ha requerido de un año y dos meses para llegar a buen puerto. Y de ella surge un texto que provoca algunos recelos.
Por una parte, desde el PSOE recuerdan que quien gobierna en Cataluña es el PSC de Salvador Illa, y que por tanto es el president quien tiene en su mano su aplicación, hoy por hoy. Por otra, reconocen que, a pesar de que aún no cuentan con los votos necesarios (Podemos se opone), no prevén esperar demasiado para iniciar su tramitación. Una de las opciones que contemplan es que pase por la Mesa en la próxima semana, el 11 de marzo, para que pueda estar lista para los plenos que se celebren a partir de la semana del 17. Pero esto sería sólo su arranque, la primera etapa.
Aunque el Gobierno defiende el pacto, distintas voces socialistas apuntan a que no dejarán que se enfríe antes de tramitarlo. Las críticas han empezado a llegar: el Gobierno de Castilla-La Mancha cuestionó este miércoles el acuerdo, porque considera que la delegación de competencias hace “flaco favor” al president catalán, “entregando a Junts y a la ultraderecha independentista catalana el megáfono esparcidor de odio”.
Esther Padilla, su portavoz, enfatizó que la proposición de ley facilita “que mañana Junts quiera decidir si se expulsa o no a inmigrantes”. En rueda de prensa, Padilla aseguró que Junts, un “aliado extremista de derechas”, defiende posiciones que vinculan “la inmigración con la delincuencia, y con criminalizar a los que vienen a nuestro país”, algo que situó cerca de los postulados “racistas de Donald Trump”.
“¿Qué hubiéramos dicho si Trump hubiera dicho que hay que expulsar de Estados Unidos a quien no habla inglés?”. “Esto lo ha dicho Trump y ayer lo dijo Puigdemont. Y se lo hemos permitido”, apostilló. Se espera que el presidente autonómico, Emiliano García-Page, se pronuncie “de manera rotunda y contundente” sobre este tema este jueves, como anunció la propia portavoz.
En Ferraz siempre se da por hecha la oposición del barón socialista ante algunos de los temas más polémicos, especialmente si responden a exigencias de los partidos independentistas. Consultados por Artículo14, otros territorios prefieren mostrarse prudentes, pero no defienden abiertamente esta proposición de ley.
Junts exige hablar catalán como “requisito” para que los migrantes residan en Cataluña
El discurso de Puigdemont en contra de la acogida de más menores migrantes no acompañados tampoco sentó bien en algunos sectores de la izquierda. Este miércoles, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, fue a más, y defendió que el dominio del catalán sea un “requisito” para residir en Cataluña, achicando aún más el margen de defensa del texto. Fuentes del Gobierno pidieron no centrar la cuestión en lo que Junts “dice” que defiende la norma, sino en la proposición de ley en sí.
Pero la propia exposición de motivos de la iniciativa también ha hecho saltar alarmas en Sumar, a pesar de la bendición pública de Yolanda Díaz, el martes. Entre otras cuestiones, el texto destaca el “impacto” que la inmigración “representa para la lengua catalana”.
“No es lo que hubiera redactado un socialista”, admiten fuentes del grupo parlamentario. Sostienen que ese preámbulo es una suerte de “mal menor”. También deben manejar bien los tiempos por “prudencia”, abundan, porque cualquier patinazo, cualquier reacción demasiado inflamada, puede poner en peligro las negociaciones abiertas sobre otras cuestiones, que sí o sí requieren del respaldo de Junts. Es el caso de la reforma para parchear el reparto de menores migrantes entre las distintas comunidades autónomas este año, o de la modificación de la ley de extranjería para establecer cupos obligatorios a futuro.
Oficialmente, el Gobierno asegura que está reactivando estas normas, y ya admite públicamente cierta preocupación. Lo hizo este miércoles el ministro de Política Territorial y Administración Pública, Ángel Víctor Torres, que advirtió a Coalición Canaria de que es “muy arriesgado” cargar hoy contra Junts.
Sus votos, como recordó, son necesarios para descongestionar los centros de acogida de menores migrantes en las islas. Y su recordatorio responde a los dardos del secretario de Organización de Coalición Canaria, David Toledo, que el martes, cuando se conoció el pacto con Junts, criticó al Ejecutivo por saltarse “todas las normas” para beneficiar a Cataluña, mientras “ponen pegas” a Canarias para distribuir a estos menores.
Aunque los barones guardan silencio, más allá de Page, desde el grupo parlamentario reconocen la tensión que esta materia puede generar en territorios como las dos Castillas, Extremadura o Andalucía. Por lo pronto, el PSOE andaluz, controlado por María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Ejecutivo, se ha centrado en defender que este acuerdo está dentro de “lo que recoge la Constitución española”. “No entiendo dónde están las alarmas”, afirmó el miércoles la número dos del PSOE-A, María Márquez, antes de acusar al PP de ser quien propicia que suenen.
Un día antes, la senadora y expresidenta andaluza, Susana Díaz, afirmaba confiar en que este acuerdo “sea un tema cosmético”. “Para mi es muy complicado, en estos momentos, ceder a ciertos egoísmos”, aseguró en una intervención en Espejo Público (Antena 3).
El texto tensiona a Más Madrid y a Movimiento Sumar
Sumar ha pasado de darle el visto bueno al pacto, en boca de Díaz, a admitir que la exposición de motivos es problemática. “El problema principal”, dijo su secretaria de Comunicación, Elizabeth Duval, es que “se compre, aunque sea parcialmente, el marco” de Orriols. “Es un marco que coloca la inmigración como una amenaza”, advirtió en Al Rojo Vivo (La Sexta).
“Puede que derive en una competición entre las comunidades autónomas por quien aplica políticas más xenófobas”, alertó un día antes la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot. A su juicio, se trata de una “mala idea” y un “mal precedente”.
Con Podemos oponiéndose frontalmente a la norma, en Sumar admiten ya sus reservas, que acotan a su exposición de motivos. No porque tenga efectos directos, sino porque asume e instaura planteamientos “racistas”. Fuentes de la dirección aseguran que el grupo parlamentario aún no ha debatido si plantearán enmiendas para modificar la norma.
El martes, tras conocerse el pacto, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, reclamó que “Junts se acuerde de la Cataluña de todos de Pujol y no de la Cataluña de Orriols”. En un mensaje en X, Rufián aludía así a los mensajes racistas de Silvia Orriols, presidenta del ultraderechista Aliança Catalana. Socios como EH Bildu aún no se han pronunciado, pero la incomodidad que genera a la izquierda este texto es ya más que evidente.