El novio de Ayuso demanda en el Supremo a la ministra Montero por intromisión ilegítima en su honor

Se interpone por la vía civil después de que el pasado 2 de octubre quedará sin efecto el acto de conciliación al que González Amador había instado a la vicepresidenta primera y ministra

Alberto González Amador, novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su llega al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. EFE/ Rodrigo Jimenez

Alberto González Amador ha demandado ante el Tribunal Supremo (TS) a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por presunta intromisión ilegítima en su derecho al honor en relación a unas declaraciones que realizó el pasado 12 de marzo en la sesión de control al Gobierno en el Senado.

La demanda se interpone por la vía civil después de que el pasado 2 de octubre quedará sin efecto el acto de conciliación al que había instado la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para que la ministra se retractara de sus afirmaciones y al que no acudió.

El acto de conciliación estaba previsto tras una reclamación de González Amador de 40.000 euros por las declaraciones con las que la ministra pidió explicaciones a la presidenta madrileña por estar viviendo “en un piso que se pagó con un fraude a la Hacienda Pública” y que “se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia”.

Montero también indicó que le parecía “llamativo” que Ayuso “tenga un hermano y ahora un novio que parece que están relacionados con presuntos causas de fraude, sean de mascarillas o de comisiones o de cualquier otra cuestión”. Dijo además que “se lo tiene que hacer mirar” y le pidió que dé explicaciones “con normalidad” ya que suele ser “tan rápida” a la hora de contestar. “¿Por qué no responde a esta cuestión?”, insistió.

La vicepresidenta primera del Gobierno reaccionó a la información que destapó elDiario.es en relación a la denuncia que presentó la Fiscalía contra la pareja de Ayuso por un presunto fraude fiscal superior a 350.000 euros y que actualmente investiga el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid.