“España avanza a pesar de la coyuntura”. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, escenificó este lunes el fin del curso político 2024, antes por cierto del tradicional discurso del Rey Felipe, prometiendo que seguirá “trabajando” para que el nuestro sea un país “más rico, más justo y más influyente” en la esfera internacional.
Para llegar al objetivo de agotar la legislatura (mediados de 2027), los Presupuestos Generales del Estado para 2025 son el siguiente hito en un largo camino lleno de obstáculos. Sánchez se muestra dispuesto a aguantar incluso si no logra aprobarlos, y se prepara para presentarlos en enero. Delante de las cámaras, sus socios de Sumar son más que optimistas. En privado, ven casi inasumible mantenerse durante dos años y medio sin aprobar unas nuevas cuentas. Los socios parlamentarios, con matices, lo ven más que difícil.
Sin embargo, ninguno de ellos oculta que, si hay alguien capaz de apurar la rueda hasta la llanta, ése es, sin duda, Sánchez. En su balance anual, en el palacio de La Moncloa, el presidente llegó a comprometer este lunes una reunión con Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia desde hace siete años. No quiso hablar de plazos, pero sí allanó el terreno a un hipotético encuentro antes de que sea amnistiado (si finalmente lo logra). Esto es, al otro lado de las fronteras españolas. Todo, a las puertas de la presentación de las cuentas públicas.
Junts y Podemos son los dos actores que más hacen sudar a Sánchez en cada una de las votaciones, aunque los independentistas catalanes son los que más iniciativas del Ejecutivo han llegado a tumbar. Al menos, dentro del bloque de sus aliados. “No somos socios”, es una consigna muy repetida por los de Puigdemont, que juegan a darle a PSOE y Sumar una de cal y otra de arena.
El último pleno del año ya sirvió para visibilizar que el Gobierno nunca puede descartar que vaya a salir de la Cámara con un regusto agridulce. O, directamente, tras catar el sabor de la derrota. En 2024 ha tenido que retirar su propia ley del suelo, y sus socios de Sumar hicieron descarrilar su ley contra los puteros. Junts llegó a rechazar la primera formulación de la ley de amnistía; tumbó su reforma de la ley de extranjería y dinamitó su senda de déficit. También deslizó su apoyo y luego sentenció la regulación de los alquileres de temporada, a la que Sumar dedicó buena parte de sus esfuerzos.
Finalmente arrancó su tramitación la pasada semana, ahora gracias a Junts. El mismo Junts que permitió aprobar el paquete fiscal del Gobierno, pero que después lo ha enmendado con el Partido Popular. Y lo ha usado, junto al PNV y al PP, para derogar el gravamen a las energéticas. Y que constituye un ejemplo particular de las dinámicas que sacuden al PSOE y a Sumar con cada votación.
Se trata del gravamen que el Ejecutivo reeditó el lunes, a través de un real decreto ley cuya viabilidad descarta. Cuando llegue a pleno, lo previsible es que salte por los aires, como todo apunta que ocurrirá con el impuesto del gasoil. Podemos amenaza con tumbar ambos tributos, mientras el PNV y Junts hacen lo propio con el primero, por razones completamente distintas.
Sin embargo, en su comparecencia de balance, Sánchez presumió de las 25 leyes aprobadas en este año y medio de legislatura, en su mayoría en 2024. No incidió tanto en que la mitad son reales decretos ley, ni en que tres de ellos se centran en la recuperación de la Comunidad Valenciana tras la Dana.
No destacó que tres de las normas (ley de paridad, ley ELA y ley de eficiencia de la administración de Justicia), vienen de la legislatura anterior. Que la necesidad de aprobar este jueves la ley de eficiencia les llevó a asumir cesiones de Podemos para reconfigurar el esquema de subvenciones al transporte. Tragándose el diagnóstico que mantenían desde octubre.
Ni recordó que una de esas normas es la ley de amnistía que generó a Ferraz un incendio con los territorios; y otra es la reforma de la Constitución sellada a finales de 2023 con el PP.“Es evidente que es un número inferior al que teníamos durante la pasada legislatura”, reconoció Sánchez. Pero también apostilló que el número de leyes aprobadas “no es forma” de medir la gestión de un Gobierno, “especialmente en el tercer mandado”. “Lo importante es qué resultados se obtienen”.
“Tornado de la crispación y bulos”
En su llamada a reconocer “carencias” sin obviar “fortalezas”, el jefe del Ejecutivo prometió que seguirá gobernando “a pesar de las zancadillas” o las “noticias falsas”. A pesar de que “desde hace 7 años” el país vive envuelto en un “tornado de crispación y bulos”, que “parte del ecosistema político y mediático se empeña en tapar”.
Lo hacen, según el presidente, “para tratar de ganar en las tertulias lo que no pudieron ganar en las elecciones en 2023”. Por eso tira de datos macro, como el número de afiliados a la Seguridad Social o el incremento del PIB: los datos que presentan “una realidad objetiva que existe y es mayoritariamente positiva”, que “algunos” se empeñan en “tapar”.
Según este análisis, el PP lidera una “oposición que ha renunciado a plantear un proyecto político”, que está en la destrucción” y no en la “proposición”. Y que “intenta ganar con bulos lo que los votos no le dieron en 2023”. “Ellos a los bulos, nosotros al Boletín Oficial del Estado (BOE)”. Esto, en la vertiente política.
Los frentes judiciales se amontonan: el que afecta a Begoña Gómez (la esposa del presidente); a David Sánchez (su hermano); al exministro José Luis Ábalos (el Tribunal Supremo tendrá permiso del Congreso en febrero para citarlo como investigado), o al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Dice confiar en él, pero a la vez evita pronunciarse sobre el borrado de parte de los mensajes de su móvil, descubierto por la UCO.
Por una parte, el presidente tira de la retórica de la resistencia; se presenta como víctima de “acoso”, de una campaña de “destrucción personal”. Una campaña de la que excluye a una “inmensa mayoría de jueces”, pero en la que desliza que otros permiten jugar al PP “con las cartas marcadas”. Y, por otro lado, receta patada hacia adelante, y espera que todo se acabe arreglando. Esto es, archivando.
Hay algunos dirigentes del PSOE que no confían en esta estrategia de “victimismo”, pero pocos se atreven a discrepar en público. Sánchez ha mantenido al partido cohesionado en torno a una figura el mismo año en el que se tomó “cinco días de reflexión” para aclarar si seguiría o no en el cargo. Y en el que ha organizado un Congreso Federal socialista meses antes de lo previsto, para revalidar su mandato y aprobar prácticamente la misma Ejecutiva. Resistencia en la Ejecutiva Federal, despliegue en los territorios para conquistar cotas de poder en las respectivas federaciones.
Sumar, la parte débil de la cadena
En un año, Sánchez ha tenido que asumir la marcha de tres ministros (Nadia Calviño, Teresa Ribera y José Luís Escrivá); la de dos secretarios de Estado de Comunicación en sólo 20 días (Francesc Vallés y Ion Antolín). También ha cambiado de jefe de Gabinete (Diego Rubio relevó a Óscar López). Y tuvo que sofocar a los territorios tras comprometerse a transferir las competencias de fiscalidad en Cataluña a la Generalitat, fruto de su pacto con ERC.
Ha habido victorias, como la investidura de Salvador Illa. Pero el Gobierno ha sudado con cada pleno, con comisiones maratonianas (alguna ha finalizado pasada la 1.00 de la madrugada), con errores propios y ajenos. Y, pese a ello, las encuestas no vaticinan un gran desplome del PSOE.
El gran problema para Pedro Sánchez, como sintetiza un dirigentes socialista, es la debilidad del espacio que lidera Yolanda Díaz, que hoy no tiene visos de remontar. En las filas del socio minoritario, pero también en las del PSOE, lo tienen claro: Sánchez está dispuesto a apurar la legislatura con o sin Presupuestos. Otra cosa es que pueda o no aprobar más leyes, vista la endiablada aritmética parlamentaria. O que cuente con opciones de revalidar La Moncloa si sus socios no se levantan de la lona cuanto antes.