Por un momento, el foco mediático se trasladó al patinazo de la Unidad Central Operativa, al haber confundido el símbolo del peso colombiano con el del dólar norteamericano. Confusión que llevó a los agentes a atribuir al exministro José Luis Ábalos un chalé en Colombia valorado en dos millones y medio de dólares. Pero no era tal su cuantía. “Se ha detectado un error en la interpretación de la moneda utilizada para la compra de este inmueble. Se consideró el empleo de dólares americanos en lugar de pesos colombianos, motivo por el cual la cantidad correcta serian 751,23 euros”, aclaró el instituto armado. Ábalos sostiene, además, que no se trata de un chalé sino un terreno sin construir, pero ese extremo no se rectificó.
Un episodio que utilizó Ábalos, que lleva meses acusando a la UCO de realizar una investigación “insquisotiria” contra él. Incluso ha llegado a pedir al juez que lo investigue otra policía judicial porque considera que la Guardia Civil no es imparcial. En declaraciones a este medio, tildó su labor de poco profesional por la confusión. “No es un mero error”, aseveró en una entrevista en La Sexta.
En su último auto, el juez Leopoldo Puente justificó la equivocación dada la “extrema semejanza” de ambos grafismos, sin dar más importancia a un dato que copó los titulares durante toda la mañana del jueves. En este sentido, fuentes jurídicas consultadas aseguran que “tendrá una trascendencia mínima” y que, aunque lo pida la defensa de Ábalos, “no podrá anular la investigación”. Simplemente, aclaran, que esos “datos equivocados no podrán utilizarse para fundamentar la acusación”.
Solventada la confusión, el magistrado del Supremo desgranó la pertinencia de aceptar las diligencias pedidas por la UCO para indagar más allá sobre el dinero de Ábalos. Cabe recordar que el informe que conocimos esta semana del instituto armado estaba realizado con “fuentes abiertas”. Esto es, que los agentes investigaron el patrimonio de Ábalos sin la orden de un juez que les permitiera invadir derechos fundamentales e indagar en el pormenor de su riqueza.
Ahora, Puente deja a los agentes proceder al análisis de los movimientos de sus cuentas bancarias , así como de sus declaraciones tributarias y de las correspondientes a la fundación [Fiadelso] en la que tuvo activa intervención. Todo ello para comprobar “si se han producido en aquéllas alguna clase de ingresos irregulares que pudieran corresponderse con los cobros que se le imputan. Igualmente, deberán analizarse las salidas de dinero que, de alguna forma, pudieran justificar, por ejemplo, los gastos de reembolso a don Koldo García de las cantidades supuestamente anticipadas por éste al Sr. Ábalos Meco”, indica el magistrado.
En el auto, argumenta su decisión poniendo el foco en los pisos que disfrutó Ábalos o su entorno y que fueron financiados por la trama de diversas maneras. Habla del chalé de la Alcaidesa en Cádiz que habría comprado la empresaria Carmen Pano para que la familia de Ábalos pasara allí el verano. También del piso en el centro de Madrid que habría disfrutado su pareja Jésica Rodríguez durante dos años y medio, y habría sido pagado por la trama a razón de 2.700 euros al mes. Así como el alquiler con opción a compra de un piso en el Paseo de la Castellana en Madrid. El contrato lo firmó con Víctor de Aldama y sería una garantía de unas supuestas comisiones que tenía que cobrar el exministro. Si no las cobraba, el piso acababa siendo suyo.
El juez ve en la gestión de todos estos inmuebles indicios de delito, por eso cree pertinente dejar a la UCO que ahonde en el caso. Sustenta estos indicios con las declaraciones de testigos que ha ido recabando en los últimos meses haciendo mención expresa a las de Luis Alberto Escolano, la empresaria Carmen Pano y su ex pareja Jésica Rodríguez.
Uno de los argumentos de la defensa de Ábalos para denunciar una investigación “prospectiva” es que el objeto de investigación son los contratos firmados por el ministerio de Transportes durante la pandemia del coronavirus y que con las últimas diligencias, el juez está investigando más allá. Sin embargo, en el auto deja claro que no solo está detrás de esos contratos, sino que persigue “los convenios concertados entre la Administración y particulares” que pudo haber favorecido Ábalos prevaleciéndose de su condición de ministro.
También justifica que quiera realizar sus pesquisas desde 2014 porque “sólo así podrá conocerse si han existido, con ocasión de esas nuevas relaciones, cambios relevantes en las conductas o gestiones económicas del señor Ábalos”, expresa el juez.
Asimismo, pone el foco en los pagos que Koldo García, exasesor de Ábalos, realizaba en su nombre: “Incluso y por sorprendente que pueda resultar, a efectuar con su propio patrimonio pagos que correspondían al Sr.Ábalos quien, posteriormente y según este explicó, se los reembolsaba”. También quiere indagar sobre las anotaciones recogidas por la UCO de las agendas de Aldama en las que indicaba supuestos pagos mensuales de 10.000 euros a “Grandu”, apodo que utilizaría para referirse a Koldo García.