El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado que investiga el papel del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la filtración de datos relacionados con los delitos fiscales de Alberto Gómez Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado, por una parte, a la UCO que informe sobre “la posibilidad de recuperar el contenido vinculado a las aplicaciones de mensajería instantáneas” relacionados con las dos líneas del fiscal.
Y, por otra parte, ha ordenado en un auto que las operadoras telefónicas Movistar y Vodafone faciliten «los datos de tráfico de llamadas emitidas y recibidas» en los dos teléfonos móviles del fiscal general. Así consta en un auto al que ha podido acceder Artículo14.
Cabe recordar que, tras analizar el contenido del teléfono incautado al fiscal general, la UCO halló “cero mensajes” y ello a pesar de que en el informe referido al mismo análisis pero del terminal requisado a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, sí encontró intercambio de mensajes entre el 8 y el 14 de marzo, los días investigados por ser los clave de la presunta filtración.
Fuentes fiscales consultadas entonces por Europa Press reconocieron que García Ortiz borró personalmente los mensajes referidos a ese periodo temporal, si bien aclararon que no lo hizo de forma específica respecto a esos mensajes, sino como parte del borrado cíclico que hace de todos los mensajes almacenados en su teléfono móvil por los protocolos de protección de datos y seguridad de la Fiscalía General del Estado.
El origen del caso
Las pesquisas judiciales comenzaron a raíz de una querella presentada por la pareja de Díaz Ayuso por la nota de prensa difundida a las 10:20 horas del 14 de marzo por la Fiscalía de Madrid, donde se daba cuenta del intercambio de correos electrónicos entre la defensa de González Amador y el fiscal que le investigada por presuntos delitos fiscales, Julián Salto.
El Ministerio Público difundió el comunicado para desmontar lo que consideraba un “bulo”, en alusión a la noticia publicada a las 21:29 horas del 13 de marzo en El Mundo, donde se indicaba que fue el fiscal quien ofreció pactar a González Amador, en vez de al revés, como ocurrió.
La UCO ya concluyó en uno de los informes que realizó que el fiscal general del Estado “comenzó a impartir órdenes” tras la publicación de la noticia mencionada de El Mundo “para recabar los correos mantenidos entre el abogado de la defensa y la Fiscalía”. De ahí que su conclusión sea que García Ortiz tuvo una “participación preeminente del fiscal general del Estado” en la filtración para cercar a González Amador.