Los tentáculos del caso Begoña Gómez siguen marcando hitos. Ahora será Félix Bolaños, el hombre fuerte del Gobierno de Pedro Sánchez, quien tenga que testificar ante el juez Juan Carlos Peinado el próximo día 16. El ministro de la Presidencia y Justicia tendrá que precisar los motivos exactos de la contratación de Cristina Álvarez, la asesora de la mujer del presidente del Gobierno, también investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Bajo la lupa del instructor está su contratación porque sospecha que fue un enchufe de Gómez cuando entró en la Moncloa en 2018, ya que ambas mantenían una amistad previa, tal y como declaró Álvarez en su primera declaración como testigo.
Además, el juez indaga sobre la labor concreta que desempeñó como asesora de Moncloa, un cargo denominado “directora de programas del Gabinete de la Presidencia del Gobierno” y, por tanto, dependiente de la cartera que ostenta Bolaños. Puesto que aún hoy mantiene con un sueldo público de 50.000 euros anuales y desde el que habría ayudado a Gómez a financiar y gestionar sus proyectos empresariales personales como la cátedra que codirige en la Universidad Complutense.
Nunca vista en Moncloa
De esta forma, Peinado abre una pieza separada, es decir, una nueva línea de investigación para indagar sobre el nombramiento de Álvarez: “Por si de las mismas
pudiera desprenderse la comisión de un delito de malversación de caudales y/o fondos públicos”, reza la providencia a la que ha tenido acceso Artículo 14. Decisión tomada tras la testifical de Alfredo González, el entonces vicesecretario de Presidencia, que se encargó de firmar en julio de 2018 el nombramiento de Álvarez. Curiosamente, González, alto cargo del palacio de la Moncloa, aseveró ante el juez que “nunca se le había visto por las dependencias de Moncloa”. Tampoco recordó si le entregaron un currículum de Álvarez ni quién le ordenó contratarla, pero sí dejó claro que su superior era Félix Bolaños.
Fuentes del ministerio critican que se hayan enterado por los medios de comunicación de la cita antes de recibir una notificación formal. Lo cierto es que la noticia saltó a la prensa este lunes por la tarde y hasta la mañana de este martes no ha llegado a las partes: “Estamos a la espera de recibirla y estudiar su contenido”, informaron el lunes por la tarde desde la cartera de Bolaños, que dejan claro su intención de colaborar: ”El ministro responderá, en su condición de testigo, cualquier cuestión que se le plantee”.
De nuevo a Moncloa
En la providencia Peinado muestra la intención de recoger la declaración presencialmente al igual que lo hizo con Sánchez en julio. La carambola la encuentra en que en el momento del nombramiento de Álvarez no era aún ministro: “Si bien actualmente ostenta el cargo de Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, los hechos por lo que
debe prestar su testimonio acontecieron cuando tenía la condición de Secretario General de la Presidencia del Gobierno. Por lo que al no ser los hechos conocidos por razón de su cargo actual, de conformidad con lo establecido en los art. 412 y 413 de la Lecrim, se llevará a cabo dicha diligencia en su despacho oficial”.
El presidente lo intentó evitar y envió un escrito al juez alegando que su condición de presidente del Gobierno era “inescindible” del caso que investiga a su mujer por tráfico de influencias, ya que si ha incurrido en ese delito es precisamente por ser la esposa del jefe del Ejecutivo.
Sánchez se amparó en la ley de enjuiciamiento criminal que en su articulado especifica que “están exentos de concurrir al llamamiento del Juez, pero no de declarar, pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que tengan conocimiento por razón de su cargo”. Dicha norma precisa que solo en el momento en el que la citación no tenga que ver con su cargo, el juez tendrá que acudir presencialmente a su despacho.
El precedente de Sánchez
En julio, Peinado rechazó la petición de Sánchez porque alegó que lo citaba por su condición de esposo y no de presidente del Gobierno. Es por esa razón también que Sánchez pudo acogerse a su derecho a no declarar, porque la ley le exime de declarar en contra de su cónyuge.
Sin embargo, la realidad de Bolaños es distinta. Es evidente que si lo cita es porque es el máximo representante de la cartera encargada del nombramiento de la asesora de Gómez. También es evidente que no guarda ningún parentesco con Cristina Álvarez, la investigada por la que declara.
A partir de ahí, podría decidir si le abre una investigación como ocurrió con la asesora de Moncloa, que salió imputada semanas después de su declaración como testigo. Sin embargo, este extremo es improbable que suceda porque tendría que elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo, dado que Bolaños está aforado. Eso implicaría perder el caso en su juzgado y si una cosa tiene clara Peinado es que quiere llegar con su instrucción a las entrañas de Moncloa.