El juez Leopoldo Puente coge con pinzas lo declarado por Víctor de Aldama. En sus declaraciones en el Tribunal Supremo, el presunto comisionista apuntó que la trama cobró mordidas de la constructora Azvi. La compañía, según su versión, recibió 48 millones de euros de dinero público gracias a tres contratos adjudicados por el Ministerio de Transportes que por entonces dirigía José Luis Ábalos.
Pero el magistrado determina que las acusaciones vertidas pertenecen a “hechos carecen en este momento de cualquier clase de elementos, ajenos a las simples manifestaciones del señor Aldama, que corroboren la posible realidad de las imputaciones”. Y añade el juez que son “afirmaciones, no mínimamente contrastadas, inhábiles para reputarse indicios sólidos”.
Según el magistrado, este el objetivo de Aldama de todo lo que ha manifestado tanto en sede judicial como en medios de comunicación: “aspira seguramente a obtener alguna clase de beneficio penológico vinculado a la eventual aplicación de la circunstancia atenuante analógica”.
Pero, dada la fase embrionaria de la investigación, rechaza por el momento aceptar la querella que Azvi quería presentar por calumnias y también que la constructora se persone en el caso.