Es cuestión de tiempo que el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado llame a declarar a Pilar Sánchez Acera, asesora del ministro Óscar López en el caso de la filtración de datos de la pareja de Ayuso. Una instrucción en la que está imputado por un delito de revelación de secretos el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pero que pronto salpicará al Palacio de la Moncloa.
Fuentes del Alto Tribunal consultadas por este periódico afirman que la declaración de este viernes del ex portavoz socialista, Juan Lobato, será clave para decidir en calidad de qué se va a llamar a Sánchez Acera. “Depende de si el juez Instructor viera alguna posibilidad de responsabilidad penal en ella”, exponen.
Si la citara como testigo, tiene obligación de contestar a las preguntas del magistrado y decir la verdad para no tener que enfrentarse a un eventual delito de falso testimonio. Si acude al Supremo como imputada, podría acogerse a su derecho a no declarar. La distinción no es baladí. El objetivo es dilucidar si desde el Gobierno de Pedro Sánchez filtraron a Juan Lobato la cadena de correos electrónicos sobre Isabel Díaz Ayuso para que lo usara en la Asamblea de Madrid antes de que la prensa se hiciera eco.
De probarse esto, se constataría que hubo una revelación de información confidencial de Alberto González Amador por parte de la fiscalía.
“Sobre la marcha o en el futuro podría imputarla, pero esas primeras declaraciones no valdrían como confesión”, aseguran en el Alto Tribunal, en relación a Sánchez Acera.
El cambiazo
Este viernes, Lobato llevará al juez Ángel Hurtado los mensajes que intercambió con Pilar Sánchez Acera y que compulsó ante notario hace unas semanas, cuando imputaron al fiscal general. Fuentes del entorno del exdirigente madrileño aseguran a Artículo14 que él mismo sabía que mostrar en la Asamblea el contenido del correo que recibió de Moncloa podría ser constitutivo de delito por eso “dio el cambiazo” y ese 14 de marzo afeó a Ayuso que fue su pareja quien reconoció por correo a la fiscalía que había cometido delitos fiscales con una captura de lo que justo esa mañana había publicado el periódico El Plural, un documento con unos tachones que no se correspondería con el original que le pasó Moncloa que según afirman las fuentes “estaba inmaculado”.
Y ese documento limpio, según las fuentes consultadas, es el que este viernes aportará al magistrado Lobato y el que puede incriminar a Sánchez Acera por manejar información confidencial y filtrarla.
Quién es la presunta filtradora
Pilar Sánchez Acera era la mano derecha de Óscar López, el que fue hasta hace unos meses jefe de gabinete de Sánchez y ahora es ministro de Transformación Digital. Milita en el PSOE desde los 18 años. Empezó siendo concejal en el Ayuntamiento de Alcobendas, con el PSOE de Rubalcaba saltó a la Asamblea de Madrid. Combatió políticamente a Tomás Gómez en las primarias del PSOE de Madrid que perdió, pero la llegada de Pedro Sánchez dio una nueva oportunidad a Sánchez Acera, que fue portavoz adjunta en la Asamblea con Ángel Gabilondo y diputada en el primer mandato de Lobato hasta que dejó el cargo para irse a Moncloa a ser la jefa de gabinete de Óscar López, a su vez jefe de gabinete de Pedro Sánchez.
Cronología de la filtración
En todo este caso son clave para determinar si hay delito o no los mensajes que se intercambiaron en la fiscalía esos días, y las horas en las que se publicaron en diferentes medios de comunicación las cadenas de correos electrónicos intercambiados por el abogado de González Amador y la fiscalía Anticorrupción.
El 23 de enero la Sección de Delitos Económicos de la fiscalía provincial de Madrid abrió una investigación a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Fue el resultado de una denuncia de la Agencia Tributaria que sospechaba que González Amador había cometido delitos de defraudación tributaria y falsedad documental.
El 2 de febrero el abogado de González Amador se puso en contacto con la fiscalía provincial de Madrid por correo electrónico para ofrecer un pacto. En el asunto del mail ponía: “propuesta de conformidad penal”. En ese mensaje, González Amador reconoció haber cometido dos delitos contra la Hacienda Pública en relación con el Impuesto de Sociedades por más de 350.951 euros y aceptó una pena de ocho meses de cárcel con multa de 489.330 euros. Esto fue rechazado por la Fiscalía que denunció en el juzgado a la pareja de Ayuso por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental.
El 8 de marzo, la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez informó a Julián Salto, el fiscal de delitos económicos encargado del caso, de la relación que mantenía González Amador con Ayuso y le pidió una copia de la denuncia.
El caso de la pareja de Ayuso saltó a la prensa el 12 de marzo y un día después la presidenta compareció ante los medios calificando la denuncia de “un caso turbio de todos los poderes del Estado” y lamentando que su pareja estuviera sufriendo “una investigación fiscal salvaje”.
Algunos medios empezaron a publicar que la Fiscalía había ofrecido un pacto de conformidad a González Amador. La información se la proporcionó a los periodistas el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. En un intento de lavar la imagen de la pareja de la presidenta, filtró el correo electrónico de la discordia, pero alteró el orden de los factores haciendo que pareciera que el ministerio público había sido quien ofreció ese pacto. Pero lo cierto es que había sido justo al revés: el abogado de González Amador había ofrecido primero ese acuerdo.
Quién filtró la cadena de correos electrónicos
A última hora del 13 de marzo Julián Salto volvió a recibir la llamada de la fiscal jefe, Pilar Rodríguez, también imputada por el Supremo. Quería el hilo de los correos intercambiados entre el abogado de González Amador y el fiscal. No lo pedía ella, sino que era orden de la fiscalía general que, además, solicitaba que se elaborara “una nota de prensa para desmentir una información que está circulando por las redes”.
Esa misma noche, antes de la publicación de la nota de prensa, la Cadena Ser a las 23:51 publicó la información verídica: “El novio de Ayuso ofreció a la Fiscalía llegar a un pacto declarándose culpable de dos delitos fiscales para evitar el juicio”, en ella hacía referencia a los correos, pero esta vez sin tergiversar. Alguien los había filtrado.
Horas después, a las 01:25 horas del día 14 de marzo el periódico digital ElDiario.es publicó un artículo con el siguiente titular: “Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública: la confesión por escrito de la pareja de Ayuso”.
Ya por la mañana a las 09:06 el diario digital El Plural publicó una noticia cuyo titular era: “Esta es la carta del abogado del novio de Ayuso pidiendo un acuerdo a la Fiscalía”. Ese fue el documento que sacó Lobato en la sesión de control, con los mismos tachones.
A pesar de que la información correcta ya estaba publicada, a las 10:25 se publica la nota de prensa de la fiscalía para desmentir, oficialmente, el bulo creado por el jefe de gabinete de la presidenta madrileña. Una nota de prensa que motivó a la pareja de Ayuso a presentar una querella que acabó con la imputación del fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y que ahora también apunta a Moncloa.