El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, será llamado a declarar en el Tribunal Supremo como imputado en los próximos días por la presunta filtración de información sensible sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El magistrado que instruye la causa, Ángel Hurtado, quiere llegar a esa cita sabiendo con quién habló el máximo responsable de la Fiscalía entre el 8 y el 14 de marzo, los días claves de la presunta filtración.
Para ello el magistrado pidió ayer a las operadoras telefónicas Movistar y Vodafone que le aporten “los datos del tráfico de llamadas emitidas y recibidas, así como los titulares de las líneas que los reciben y emiten” en referencia a los dos números de teléfonos vinculados al fiscal general del Estado.
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¿Qué espera encontrar Hurtado? Desde el Supremo aseguran a Artículo14 que el magistrado sospecha que entre las personas con las que se comunicó García Ortiz estaría el ministro de Justicia, Félix Bolaños, de ahí el empeño del fiscal general de borrar el rastro de su teléfono.
Cabe recordar que García Ortiz ha ocultado al magistrado que cambió de teléfono tras conocer que se le estaba investigando y que borró los mensajes del móvil que entregó a la Guardia Civil cuando registró su despacho en busca de pruebas. “0 mensajes” rezaba el informe que la Unidad Central Operativa (UCO) remitió al alto tribunal.
“Teoría del mal menor”
El obstruccionismo de García Ortiz a la Justicia ha sorprendido en el Supremo pero lo enmarcan dentro de lo que llaman “la teoría del mal menor”. Las fuentes consultadas explican que si hubiese entregado su móvil el magistrado hubiera encontrado “mensajes escalofriantes” en relación con la consabida “estrecha” relación que hay entre el investigado y Bolaños.
“Todos los fiscales han mantenido contactos con los ministros pero nunca se había dado un caso de servilismo como el actual”, lamentan quienes conocen bien a García Ortiz. “Ha malinterpretado la relación indisimulable entre el fiscal y el Ejecutivo”, explica quien ha estado en el centro de investigaciones como la de Filesa o la Gürtel que afectaban a la médula del Estado.
Es precisamente el celo con el que ha intentado preservar sus comunicaciones en los días de la presunta filtración lo que ha hecho que se acrecienten las sospechas sobre que comunicase con miembros del Gobierno. Con los datos de las operadoras telefónicas no se podrán recuperar las conversaciones salvo que sean mediante SMS pero si establecer una cronología de con quién y cuándo habló el fiscal general que podría ser “muy esclarecedora” de si hubo realmente una operación orquestada desde La Moncloa para perjudicar a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Si hubo alguna comunicación mediante SMS las operadoras las tendrán que facilitar al juzgado dado que el magistrado ha pedido la información de los paquetes de datos emitidos y recibidos, así como la identificación del receptor y el emisor de los mismos números de teléfono de García Ortiz.
Dificultad para recuperar los WhatsApps borrados
En el caso de los WhatsApps borrados será más complicado recuperarlos si bien el magistrado ha pedido a la UCO que le informe de si hay un procedimiento para hacerlo. Fuentes de la investigación adelantan que, al contrario de los operadores de telefonía, la compañía que almacena esa información, Meta, no facilita los datos para investigaciones judiciales.
La implicación del ministro de Justicia supondría un salto cualitativo en la investigación. Por el momento la única conexión con el Gobierno se ha establecido mediante los mensajes que había en el teléfono del exsecretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, en los que se recogía que el ex secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, habría participado activamente en la difusión del correo con información personal de la pareja de Ayuso.
La UCO detalló que durante los días 13 y 14 de marzo los chats entre Lobato y Vallés “sólo tratan de noticias e informaciones” relacionadas con el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid y concluye que Moncloa tuvo acceso al correo con la información fiscal de González Amador antes de que se publicase en los medios.
El informe de las compañías telefónicas permitirá saber si García Ortiz también habló en esos días con el secretario de Estado de Comunicación para “ganar el relato” como el mismo trasladó a su equipo sobre las informaciones del novio de Ayuso. Lo que ha logrado preservar García Ortiz con el borrado de los chats de Whatsapp “podría tumbar un Gobierno”, apunta un buen amigo del fiscal general. El mal mayor se ha evitado… por ahora.