El juez Ángel Hurtado está un poco más cerca de conocer el flujo de mensajes que intercambió el Fiscal General del Estado los días de la filtración de datos fiscales de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Las sedes centrales de Whatsapp y Google le han contestado comprometiéndose a conservar los datos. Por ende, el magistrado ya ha dado un paso más y ha enviado a Eurojust, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal, la petición de enviar una comisión rogatoria a Estados Unidos para que le remitan estos mensajes. El magistrado queda en manos de este organismo que se dedica a coordinar las investigaciones y las acciones penales que afecten a un mínimo de dos países.
No en vano, Hurtado amplió la investigación por un presunto delito de revelación de secretos seis meses más, previendo que pedir datos al extranjero iba a dilatar la investigación. Afeó en el escrito, además, la falta de colaboración de García Ortiz de acceder a esa información.
En paralelo, el juez continúa con las diligencias. Este miércoles interroga a dos protagonistas clave: Pilar Sánchez Acera, la jefa de gabinete de Óscar López, y Francesc Vallés, ex secretario de Estado de comunicación. Dos personas relevantes en Moncloa que tuvieron acceso a los datos objeto de la investigación antes de que se publicaran en los medios.
Sánchez Acera y Vallés acuden al alto tribunal como testigos, por lo que tendrán que declarar y decir la verdad. Más si cabe cuando saben que pese a su empeño por borrar toda huella, hay rastro de las comunicaciones del fiscal general en alguna base de datos de Whatsapp y Google.
Gracias al volcado de móvil de Juan Lobato, ex secretario general del PSOE de Madrid y testigo en el caso, ya se sabe públicamente que ambos conocían el ya famoso correo del dos de febrero en el que González Amador planteaba un pacto a la fiscalía y reconocía delitos fiscales.
El móvil de Lobato
En el dispositivo se constata que el 14 de marzo, día de la filtración, a las 7:03 de la mañana, Juan Lobato recibió los primeros whatsapps de Pilar Sánchez Acera, jefa de gabinete del actual ministro Óscar López, para indicarle la línea a seguir en el Pleno de la Asamblea de Madrid. El entonces secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès, a las 8:20 envió también a Lobato un mensaje con un tuit que contenía la noticia del Diario.es en la que se reproducían entrecomillados del mail de la filtración.
Nueve minutos después, Sánchez Acera envió directamente el correo íntegro del dos de febrero y advirtió a Lobato que tuviera cuidado con los datos personales. En el correo, González Amador le ofrecía a la Fiscalía un pacto mostrando “la voluntad de alcanzar una conformidad penal reconociendo íntegramente los delitos cometidos contra la Hacienda Pública”. Sánchez Acera no recibió respuesta e insistió a Lobato: “Se puede sacar. Sácasela en la primera pregunta. Un ‘¿Quién miente señora Ayuso, usted o su novio? Parece que usted’”.
Y añadió en la conversación con Lobato: “La imagen con la carta es potente”. A lo que el entonces secretario general del PSM contestó: “¿La carta cómo la tenemos? ¿Se ha publicado en algún sitio?”. “Va a parecer que me la ha dado la Fiscalía”, le dijo en otro momento. Ante las dudas, Sánchez Acera fue escueta con la explicación. Le intentó tranquilizar y le dijo que la carta “la tienen los medios”.
La UCO concluyó en su informe que este hecho podría ser “indiciario de que lo facilitó Moncloa a algún medio de comunicación para que lo divulgara antes del inicio de la sesión del pleno”. En ese momento, Lobato trasladó las dudas a su director de Gabinete, David del Campo, que le reconoció que otros tres altos cargos de Moncloa le estaban insistiendo con que sacara la información: “En Moncloa y en Ferraz quieren el máximo ruido y jaleo para tapar el máximo tiempo posible las elecciones de Cataluña y que no hay presupuestos”, le señaló Del Campo.
A las 9:06, El Plural publicó el correo electrónico. Vallés y Sánchez Acera le rebotaron el link a Lobato para que se sintiera seguro de sacárselo a Ayuso en la Asamblea. Además, Sánchez Acera le advirtió que Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Ayuso, estaba tratando de vender una versión contraria: “MAR está intentando colar la respuesta de la Fiscalía como prueba de que el trato no lo pidió el novio”. Información tergiversada para intentar librar a la pareja de Ayuso de la mala prensa que desde Moncloa querían desmentir. Anhelo que compartían con el fiscal general, que siempre ha defendido que emitió una nota de prensa con la información de González Amador para “desmentir un bulo”.
Entretanto, la entonces directora de El Plural, Angélica Rubio, -ahora en RTVE- le pasó el link a Lobato apostillando: “Es muy fuerte que mientan hasta con el pacto de la Fiscalía”. Lobato no contestó, pero en esa sesión plenaria se enfrentó a Ayuso sacando a relucir la información del citado medio en la mano.
Gracias al volcado de este dispositivo de Lobato, el Supremo concluyó que el correo objeto de la filtración y por el cual el fiscal general podría haber incurrido en un delito de revelación de secretos, llegó a “Presidencia del Gobierno, se puso a disposición del testigo Juan Lobato Gandarias, portavoz del Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid, al objeto de que hiciera uso de él, con una clara finalidad política, en la intervención que tendría la mañana del día 14 en el Pleno dicha Asamblea”. Y apunta Hurtado a que en Moncloa “se hicieron gestiones para la publicación en El Plural el correo de 2 de febrero de 2024, pero con los datos personales tapados, que es el que muestra en la Asamblea Juan Lobato, y que no lo estaban en el correo que con anterioridad había recibido él de Presidencia”. Es decir, el magistrado deja claro que obraba en el poder de Moncloa el correo de la filtración antes de que llegara a la prensa y da por hecho que venía directamente de la Fiscalía general.