El hermano del presidente del Gobierno vuelve a recurrir a la Audiencia Provincial de Badajoz las nuevas diligencias solicitadas por la jueza que lo investiga por prevaricación, tráfico de influencias y malversación. La defensa de Sánchez denuncia una investigación prospectiva, argumento que sostiene desde el inicio de la instrucción. Apunta a “ausencia de indicios objetivos para la dilatación de la causa”.
En concreto, ahora señala la impertinencia de que la la jueza Beatriz Biedma ordene a la Guardia Civil indagar en la implicación de Luis Carrero, ex asesor de Moncloa que se intercambió correos electrónicos con David Sánchez en los que se refería a él como “querido hermanito” y le proponía varias recomendaciones para un proyecto musical. Esos mensajes se enviaron en 2022 y, meses más tarde, el asesor del Área de Presidencia comenzó a trabajar en la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz junto al hermano del presidente del Ejecutivo.
De ahí, que la jueza se preguntara en su último auto si el ex asesor de Moncloa “ha cooperado en las funciones públicas que tenía asignadas contractualmente” David Sánchez y “sobre la posible existencia de indicios de criminalidad en la creación y adjudicación” de su puesto, denominado jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades transfronterizas. Además, Biedma pidió información sobre Javier González Pereira, trabajador también de la Diputación a propuesta del hermano presidente del Gobierno y “los informes justificativos para la contratación del mismo”.
El abogado de David Sánchez considera que ni Carrero, ni Pereira “ tienen que ver ninguno de ellos ni con la convocatoria de la plaza, ni con su posterior cambio de denominación dilatación de la presente causa criminal”. Argumenta, además, que en la declaración de su cliente como investigado la jueza planteó preguntas sobre esas dos personas en un “momento extraordinariamente avanzado de su comparecencia (minuto 47, casi una hora) (…)casi al final del amplio interrogatorio de la Sra. Magistrada cuando se citan esos nombres, de forma, por cierto, manifiestamente inocua y neutra“, reza el escrito al que ha tenido acceso Artículo 14.
Añade que la jueza sostiene afirmaciones “novedosas” como si se ha contratado “a personas de su confianza para auxiliarle en el desempeño de las mismas», para una mayor comodidad suya” y explica que estos puestos “no parece que se haya orquestado un plan para solucionarle la vida“. Concluye que “esta pátina de culpabilidad que se la atribuye a cualquier acontecimiento relacionado con la labor profesional de nuestro defendido, en una suerte de sospechado efecto dominó”.
Por todo ello, recurre las nuevas diligencias a la Audiencia Provincial, la instancia superior a los juzgados de instrucción que ya se pronunció una vez a favor de la investigación de Biedma. La Sala avaló la instrucción porque consideró que la magistrada “explicita suficientemente la imputación de cada persona, cumpliendo el estándar de motivación exigible para el tipo de resolución cuestionada, sin causarse en definitiva indefensión material alguna a ninguno de los investigados”.