El Gobierno admite en privado las dificultades a sortear para aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2025, aunque ante cámaras y micrófonos defiende que aún hay tiempo de lograrlo. Fuera de foco, fuentes de La Moncloa aseguran que trabajan “con la posibilidad de que haya cuentas” pero se muestran mucho más cautas, menos optimistas. Hasta el punto de explicitar que, si hay que prorrogar las cuentas, serán las de 2023; unas cuentas expansivas, con el sello de la coalición PSOE-Unidas Podemos, y no como en los primeros años del Ejecutivo de Pedro Sánchez, cuando tuvieron que trabajar dos años seguidos con los números de Mariano Rajoy. “Habría un presupuesto nuestro, no del PP”.
Tras varias derrotas en la Cámara Baja en escasos meses de andadura, se reconocen “plenamente conscientes” de estar “en minoría parlamentaria”. Y asumen que todos los caminos necesariamente pasan por sus aliados, en particular por ERC y Junts, que afrontan en los próximos meses los congresos que definirán sus nuevas hojas de ruta políticas.
Por una parte, el Ejecutivo enfatiza que el ciclo electoral que ha marcado lo que va de legislatura ya ha terminado, que se abre una nueva fase. Por otra, reconocen que los “periodos congresuales”, a finales de octubre en el caso de Junts, y de noviembre en el de ERC, representarán “complejidades” para ambas fuerzas. “Están en un momento de reflexión”, “tienen que tomar decisiones”.
Interpretan que la anterior etapa política expiró con la formación del Govern de Salvador Illa en Cataluña. Hoy, el PSC se ha hecho con la Generalitat y ERC ha perdido este fuerte. Por su parte, Junts es la segunda fuerza en el Parlament, pero no tiene voz en el Ejecutivo catalán desde su salida de la coalición con los republicanos, hace algo menos de dos años. Cuentan con menos poder institucional, y es en el Congreso donde pueden hacer valer su fuerza. A su vez, el pacto de los socialistas catalanes con Esquerra a cambio de la investidura ha sentado las bases de una nueva relación entre ambos, pero en Madrid nadie olvida que este partido ya tumbó las primeras cuentas del Ejecutivo de Sánchez en solitario, forzando una nueva convocatoria electoral.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lleva “semanas” trabajando en el borrador de los presupuestos, y prometen trabajar “con todas las fuerzas” del arco parlamentario para impulsarlas. Pero reconocen que, en lo que toca a Junts, hacer cálculos es aún más complejo que con ERC. Y le advierten de que, si rompe la baraja y hacen saltar por los aires los Presupuestos, le harán pagar la cuenta. Tome la decisión que tome, “tiene que explicar sus porqués”, abundan.
Por otro lado, para aprobar los presupuestos “en tiempo y forma”, el Gobierno tendrá que pisar a fondo el acelerador. El Consejo de Ministros debería volver a remitir los objetivos de estabilidad al Congreso y lograr que obtengan luz verde. Después, el Gabinete tendría que aprobar el proyecto de ley de las cuentas y remitirlo a la Cámara Baja el 30 de septiembre a más tardar. Deberían pasar el debate de toma en consideración, el primer filtro, y semanas después la votación de enmiendas a la totalidad.
Con Junts en mitad de su congreso (del 25 al 27 de octubre), y con ERC aún lejos de su cónclave (30 de noviembre), ambos trámites pueden tornarse difíciles. Moncloa tiró la toalla y renunció a presentar los presupuestos para 2024 por los vaivenes electorales de este año (en especial en Cataluña), pero hoy no puede descartar un retorno al punto de partida, para tener que asumir una segunda prórroga.
El concierto catalán, una piedra en el zapato
En último pleno antes del parón veraniego, en julio, Junts tumbó los objetivos de estabilidad presupuestaria y la reforma de la ley de extranjería que el Ejecutivo aspiraba a aprobar, asestándole un duro golpe. Este martes, en el marco de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, el partido de Carles Puigdemont ha votado en contra del Gobierno en cuatro ocasiones, y se ha abstenido en otras seis.
Si el acuerdo entre el PSC y ERC que instaura una suerte de concierto económico en Cataluña ha calmado las aguas entre estas fuerzas, el propio pacto y los mensajes contradictorios lanzados por el Ejecutivo han acabado por exasperar a Junts. El viernes registró una petición para que comparezcan Montero y el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, para que expliquen este acuerdo, y hoy ha votado con el PP a favor de su petición de comparecencia, alejándose del bloque de la investidura. El Gobierno ha salvado las votaciones, pero su incomodidad con esta materia es evidente.
En el primer Consejo de Ministros del curso, la ministra portavoz, Pilar Alegría, afirmó que lo pactado en Cataluña “se va a cumplir”, si bien rechazó que se trate de un concierto, como hiciera la semana pasada la propia Montero. Fuera de cámara, el Gobierno tampoco quiere ahondar en detalles, y sólo acepta que este pacto supone una “mayor autonomía fiscal” para Cataluña.
El Ejecutivo ha esquivado durante semanas esta materia, pero con el arranque del curso la oposición y sus socios eventuales de Junts volverán a recordársela con frecuencia. El partido de Puigdemont no puede permitir que el pacto acaba materializándose, que ERC se apunte un tanto. Y el Gobierno conoce esta variable, que contribuye a tensionar a sus socios. Si las cuentas llegan a la Cámara en tiempo y forma, todo anticipa que su tramitación será tortuosa.