El Gobierno cree haber encontrado la salida del laberinto en el que ha estado atrapado durante meses con la cuestión migratoria. Más que una salida, es una solución temporal para más de 4.000 menores extranjeros no acompañados que permanecen hacinados en centros de acogida saturados, en Canarias. Y que supone un viraje con respecto al rumbo inicial.
Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, y Fernando Clavijo, presidente canario, acordaron este jueves una modificación extraordinaria para su aplicación este año. Deberán pulir el texto legal -los servicios jurídicos de ambas administraciones ya están en ello- en un plazo de diez días.
Está por ver si se articulará como un real decreto -la vía más rápida- o como una proposición de ley, pero sí está claro que el camino escogido para sortear el bloqueo del PP supone que el Ejecutivo volverá a quedar en manos de Junts per Catalunya. De hecho, ya se han puesto en contacto con los independentistas, tal y como desveló este periódico. En concreto, los interlocutores por parte de Sánchez están siendo la ministra Elma Saiz y el alto cargo socialista Santos Cerdán.
El texto debería llegar a uno de los últimos Consejos de Ministros del mes, pero tiene más difícil su convalidación -o el inicio de su tramitación, si se le da forma de proposición de ley-, en el pleno extraordinario previsto para el 22 de enero en el Congreso.
Hace escasas semanas, fuentes de Moncloa afirmaban que el pacto por el que cederán algunas competencias en materia migratoria a Cataluña, -que permitirá el despliegue de Mossos D’Esquadra en puertos y aeropuertos-, tendría como contrapartida directa la solución de la cuestión migratoria.
Esto es, que el partido de Carles Puigdemont aceptaría avalar con sus imprescindibles siete votos la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería. Así se establecerían cupos obligatorios de reparto de menores migrantes entre todas las comunidades, cuando Canarias y otras regiones vieran sus recursos de acogida superados, en línea con la voluntad manifestada por el Ejecutivo desde hace meses.
Pedro Sánchez preveía garantizarse la esperada modificación a cambio de esta cesión a Junts -comprometida desde hace un año-, pero en lugar de esto ha abierto una nueva senda. Una que desemboca en una solución temporal y que, de nuevo, sí o sí, requiere de los votos de Puigdemont. El mismo que tumbó la reforma de la ley de extranjería en julio.
Del pacto con Junts sobre las transferencias en inmigración, que el Ejecutivo esperaba sellar antes de 2025, no han trascendido novedades hasta la fecha. El Gobierno, como expresó Torres este jueves, no ha renunciado a la reforma del artículo 35, que aún considera la receta definitiva para responder a esta situación.
Pero, ante las nuevas llegadas de niños y adolescentes extranjeros, la presión recibida y las críticas de Clavijo, que gobierna en coalición con el PP, opta por un mecanismo que alivie en parte esta situación. “Cada hora muere un migrante o una migrante intentando llegar a nuestras costas, y tenemos más menores a los cuales no podemos atender con derecho según los tratados internacionales y la legislación española”, denunció Clavijo tras la reunión.
La idea es que cerca de 4.000 menores -de los más de 5.800 que acogen- sean trasladados desde Canarias, y otros 400 desde Ceuta, para su reparto entre las distintas comunidades. Para esta redistribución, se tendrán en cuenta los criterios de población total de cada una de estas comunidades; la población de menores acogidos por cada 100.000 habitantes en los últimos seis meses; el PIB per cápita o la tasa de desempleo.
El PP, en contra “de cualquier reparto no consensuado”
Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha respondido que darán una opinión “seria y responsable” cuando el texto llegue al Congreso, pero ya ha mostrado su rechazo inicial a este pacto.
“Estamos en contra de cualquier reparto no consensuado y que no cuente con dotación presupuestaria adecuada. Si no hay soluciones de largo alcance en lo referido a la inmigración irregular habrá un decreto cada año repartiendo por toda España a los menores que llegan a nuestro país a través de mafias”, apostillaron fuentes del PP.
En una rueda de prensa celebrada en Bilbao, Tellado ha exigido al Ejecutivo que entre “al problema de fondo”, que él sitúa en la “falta de política migratoria” de Moncloa. Ha afirmado que las fronteras son “un coladero para las mafias que trafican con la vida de personas, poniéndolas en riesgo”, y ha criticado el “discurso buenista” e “irresponsable” del Gobierno, que ha instalado al país “en un efecto llamada completamente irresponsable”.
A su vez, durante la comparecencia tras la reunión, el ministro de Política Territorial consideró que no ha habido pacto con el PP porque para los conservadores “ha pesado más salvar los presupuestos con Vox”. ”Están en una postura creo que miope, corta de vista y poco de Estado“, sentenció.
Pese a las reuniones que han escenificado en estos meses, tanto el PP como el PSOE consideran que la otra parte no tiene voluntad real de llegar a un acuerdo sobre esta materia. El Gobierno está hoy más cerca de una solución temporal, pero ha abierto una vía cuyo éxito depende, nuevamente, de Junts.