El Gobierno ha vetado la tramitación en el Congreso de una proposición de ley del PP para eximir de impuestos las ayudas a los afectados por la talidomida, un medicamento que se comercializó durante la segunda mitad del siglo XX para aliviar las náuseas del embarazo pero que, tal y como se supo más tarde, provoca malformaciones irreversibles en el feto.
El Ejecutivo alega que esta medida supone una reducción de la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que representaría un coste estimado de 20,3 millones de euros, como se recoge en el escrito de disconformidad al que ha tenido acceso Servimedia, que rechaza su tramitación parlamentaria porque es “susceptible de producir una disminución de ingresos presupuestarios”.
La propuesta del PP buscaba una exención fiscal generalizada de todas las iniciativas aprobadas con el fin de ayudar a las víctimas de la talidomida. En 2010, se establecieron ayudas desde 30.000 hasta 100.000 euros para quienes poseían el certificado de talidomídico del Instituto de Salud Carlos III y presentaban una discapacidad mínima del 33%, aunque solo llegaron a 24 afectados por estar limitada a los gestados entre 1960 y 1965. Y en 2023, 13 años después, el Gobierno de Pedro Sánchez amplió la cobertura y aprobó una ayuda a los nacidos entre 1950 y 1985 equivalente a 12.000 euros por punto de discapacidad.
La oposición, sin embargo, considera que “no eximir fiscalmente la ayuda supone que, en gran medida, esta pierda su razón de ser y, además, es una discriminación manifiesta con respecto a afectados por otros daños en España, como es el caso de los afectados por VIH, que sí que están exentos de tributar por las ayudas percibidas”.
Sin embargo, el Ejecutivo ha vetado su propuesta e impedirá que llegue al Pleno si así lo ratifica la Mesa del Congreso, donde PSOE y Sumar tienen la mayoría de los miembros. El PP ha pedido este martes al Gobierno que reconsidere su decisión, precisamente cuando se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.