El historial de crisis de todo tipo al que ha tenido que enfrentarse el Gobierno de Pedro Sánchez es de sobra conocido. El apagón que dejó sin luz a la Península Ibérica el lunes, y que no dejó de hacerse notar hasta el martes, ya va camino de convertirse en la crisis “más compleja” que afronta su Consejo de Ministros.
Fuentes del Ejecutivo explican a Artículo14 que esta situación excepcional, pese a ser “circunstancial”, les obliga a gestionar cuestiones que van desde reestablecer el suministro a mantener la seguridad en ciudades a oscuras -Moncloa e Interior presumen de haber reducido la criminalidad en casi un 50%-.
Y pasa por reformar la red completa de un ecosistema ferroviario en movimiento, como Rodalies (Cataluña) mientras los trenes seguían prestando servicio, o por cumplir con los requerimientos internacionales –Bruselas ha dado a España tres meses para investigar las causas del corte de luz, que afectó a todo Portugal peninsular y a parte de Francia-. La dificultad no sólo radica en resolver la crisis a corto y largo, sino también en identificar posibles errores y reformar el sistema para que no vuelvan a darse.
Sobre el origen de la “desaparición” del sistema de casi el 60% de la energía demandada en cuestión de apenas 5 segundos, sin embargo, las novedades son escasas. Sánchez reaccionó el martes señalando a los “operadores privados” -incluye aquí a las energéticas y a Red Eléctrica, con un 20% de participación pública-, advirtiéndoles de que exigirá “responsabilidades”, si encuentran indicios de que efectivamente las hay.
El Gobierno no quiere desterrar la hipótesis de un ciberataque o de que el apagón fuese causado por actos de terrorismo, precisamente dos de las amenazas sobre las que alerta desde hace tiempo para justificar el incremento del gasto en defensa aprobado una semana antes, por valor de 10.500 millones de euros. La Audiencia Nacional ya ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido, y el Ejecutivo prepara su propia investigación interna.
Red Eléctrica descartó esta posibilidad antes de la rueda de prensa de Sánchez, y el presidente se quejó de haberse enterado por los medios de comunicación. “No hay nada concluyente”, aseguran fuentes de La Moncloa, en los análisis que han compartido con ellos “ninguno de los operadores”. “Se ha preguntado a fondo y no lo saben”; “queremos contrastar todo y no decir nada en falso”, abundan.
De exigir “responsabilidades”, prometer “cambios” en el sistema que aún no puede concretar, porque “esto no puede volver a pasar jamás”, Sánchez pasó a rebajar las hostilidades con el sector. Moncloa difundió una imagen de la reunión del presidente y algunos ministros con la presidenta de Red Eléctrica (Beatriz Corredor, ex dirigente del PSOE de Sánchez y antes ministra de José Luis Rodíguez Zapatero), así como con representantes de Iberdrola, Endesa, EDP, Acciona Energía y Naturgy.
“He mantenido una reunión de urgencia con los operadores privados del sector eléctrico. Les he agradecido su labor en la pronta recuperación del suministro, y les he pedido que colaboren con el Gobierno y los organismos independientes para identificar las causas del incidente. Debemos acometer las mejoras necesarias para garantizar el suministro y la competitividad futura de nuestro sistema”, escribió Sánchez en la red social X.
Iberdrola había lanzado un comunicado respondiendo a las palabras del presidente: “Se ha colaborado aportando toda la información solicitada por el operador del sistema (Red Eléctrica) y las autoridades para que puedan establecer la causa raíz de este incidente”. “En función de dicha causa, Iberdrola España valorará adoptar las medidas necesarias para la defensa de sus derechos y los de sus clientes”, advirtió. En cuestión de horas, Sánchez pasó de señalar a los “operadores privados” a pedirles “colaboración”.
La estrategia del Gobierno pasa también por defender a capa y espada el esquema comunicativo, escogido, pese a que Sánchez no compareció hasta pasadas cinco horas y media del apagón. Y lo hizo sin poder aportar datos relevantes. Ni en esa comparecencia ni en la posterior, entrada la noche, aceptó preguntas. Habló ante una sala de prensa vacía. Sólo respondió el martes, algo más de 24 horas después del apagón. No ha habido autocrítica.
En Moncloa insisten en que salieron a la palestra cuando tuvieron algo claro que decir, y disparan contra la línea comunicativa del PP aludiendo al caso del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. “Ayer todo el mundo trabajó, nadie estaba comiendo en ningún sitio”. El Ventorro, el restaurante en el que comió Mazón el 28 de octubre, día de la catastrófica DANA que asoló la Comunidad Valenciana hace seis meses -cuya gestión investiga la Justicia- era evocado por distintos dirigentes socialistas. Incluso en las redes sociales.
No cerraban la puerta a un eventual decreto para paliar las consecuencias del apagón, pero pedían tiempo para poder analizar la situación antes de dar pasos. El 7 de mayo el presidente tendrá que comparecer en el Congreso de los Diputados para explicar su hoja de ruta frente a la guerra arancelaria de Donald Trump -hoy parcialmente desactivada-, y será entonces cuando rendirá cuentas ante Cámara.
Sus socios de ERC y BNG ya lo habían reclamado, Junts haría lo propio después con Sara Aagesen (vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica), Jordi Hereu (Industria y Turismo) y la propia Corredor. Mejor oficializarlo motu proprio.
Durante la tarde, Moncloa también confirmó la llamada de Sánchez al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, más de 24 horas después del apagón, y otras tantas horas después de que se reestablecieran las comunicaciones.
El debate nuclear: las centrales no han sido una solución, “sino un problema”
Sánchez compareció tras el Consejo de Ministros ordinario, centrado en la gestión del apagón y sus derivadas. Habrá un segundo Consejo extraordinario el miércoles, enfocado en los asuntos que el Ejecutivo preveía oficializar el martes, antes del inédito parón energético. Inicialmente estaba previsto que diera luz verde al proyecto de ley de reducción de la jornada laboral (medida estrella de la vicepresidenta Yolanda Díaz), para su posterior remisión al Congreso, pero Europa Press informa de que esta cuestión se pospone una semana.
Entre otras cuestiones, Sánchez aprovechó para advertir a quienes defienden la energía nuclear como solución a esta y a otras situaciones equiparables. La nuclear, “lejos de ser una solución”, “han sido un problema” en este episodio. Quienes vinculan el apagón con la escasa producción de las nucleares antes del corte de luz, dijo, “mienten o demuestran su ignorancia”. “Estaban apagadas y ha sido necesario desviar a ellas grandes cantidades de energía para mantener sus núcleos estables”.
El PP y Vox, pero también Junts y en parte ERC (por la mayoritaria presencia de esta energía en el mix catalán), aspiran a modificar el calendario de cierres aprobado por el sector en 2019, que contempla el desmantelamiento progresivo de las siete centrales en funcionamiento entre 2027 y 2033.
“Lo que hemos visto es que había generación nuclear justo antes de la caída del sistema y se desconectó al igual que el resto de las tecnologías”. “Con mayor dependencia nuclear la recuperación no habría sido tan rápida, hubiera sido más lenta”, insistió.
“Cinco de los siete reactores nucleares están parados por decisión de las empresas operadoras, porque no son competitivas en comparación con las energías renovables”, apostilló. Las empresas del sector han dado señas de querer reabrir el debate, y en febrero el PP logró aprobar una PNL a favor de prorrogar los cierres, logrando la abstención de Junts y ERC.
En una respuesta parlamentaria a Vox en el Senado, Aagesen defendió que las empresas “deciden construirlas, operarlas y mantenerlas o no mantenerlas”, no el Ejecutivo. Y reclamó a PP y Vox que expliquen si quieren asumir el coste de la gestión de los residuos que genera producir esta energía, que estimó en 20.000 millones -la tasa Enresa-.
El PP lleva semanas deslizando que, si el Gobierno accediera a estudiar este escenario, ellos lo considerarían un gesto importante para definir su voto ante el real decreto ley antiaranceles, que debe llevar a la Cámara en las próximas semanas. Formó parte del decálogo de medidas que Feijóo trasladó a Sánchez. Es un ansiado objetivo político para el Partido Popular, pero además entran en juego los intereses de las energéticas. El Gobierno ha dado portazo a este escenario. Pero el presidente sabe que el debate va a trascender a la opinión pública.