TENSIÓN ENTRE SÁNCHEZ Y DÍAZ

El Gobierno se agrieta por la “inacción” en vivienda y las bajas médicas “flexibles”

Sumar critica a los titulares de Exteriores e Interior por las deportaciones de saharauis mientras evidencia su creciente enfado con Isabel Rodríguez y Elma Saiz

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en el Senado. EFE

Los socios de coalición tensan la cuerda. La pasada semana quedaron al descubierto nuevos desencuentros entre las formaciones de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, en múltiples frentes. Los más evidentes giran en torno a las políticas de vivienda y al planteamiento de la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, de abrir el debate sobre una posible baja médica “flexible”. “Ni flexibilidad, ni parcialidad, con la salud no se juega”, respondió la vicepresidenta segunda poco después.

En privado, los dos socios restan importancia a las pugnas abiertas; es habitual que el PSOE quite hierro a las quejas públicas de sus socios, que las traduzca como meros esfuerzos para marcar perfil propio, y para intentar capitalizar las acciones del Ejecutivo. En este caso, sin embargo, el enfado en Sumar es notorio y reconocido.

“Todo lo relacionado con las incapacidades temporales debe trabajarse desde la perspectiva de la prevención de riesgos laborales y desde la garantía de la salud de trabajadores y trabajadoras. No tendría cabida ningún otro enfoque”, espetaron fuentes de la vicepresidencia segunda tras el anuncio de Saiz. También denunciaron que sus socios no les habían hecho partícipes de este planteamiento, que tampoco fue bien acogido por los sindicatos. En Seguridad Social niegan la mayor, y aseguran que sí ha habido contactos sobre esta materia.

También acotan las palabras de la ministra, y defienden que no han anunciado una medida concreta, sino el inicio de un debate que se producirá “donde debe hacerse”, “en el diálogo social”. “El punto de partida es poner encima de la mesa, en fase muy inicial, un debate sobre una cuestión que es recurrente. En mi día a día, con colectivos, trabajadores, empresarios, organizaciones de muchas clases, era un tema que salía siempre”, afirmó la ministra el viernes, en una entrevista en Onda Cero.

Escuchar opiniones es un síntoma más de que es un tema que está en la conversación de trabajadores y empresas, que está en el día a día. Por eso es acertado ponerlo encima de la mesa”, respondió, cuestionada por las declaraciones de la vicepresidenta y ministra de Trabajo. Incidió en que contemplarían esta vía como “voluntaria”, a decisión del trabajador en cuestión, aunque en las filas de la vicepresidenta segunda recelan de este planteamiento. Entienden que si se abre una grieta que permita a un empresario exigir a un trabajador que acuda a su puesto aún enfermo, se aprovechará. “Vamos a acabar echando de menos a José Luis Escrivá”, ironizaron desde la dirección de la alianza que representa Díaz.

“Todos sabemos que la mayor parte de los trabajadores y trabajadoras van a trabajar enfermos en muchas ocasiones. Y no lo hacen por gusto, sino porque son conscientes de las represalias que puede conllevar no hacerlo. Es una propuesta que está fuera de lugar y fuera de la realidad”, aseguró el sábado la portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, en entrevista con Artículo 14. La impresión general en su espacio político es que este debate no se sustanciará en medidas concretas, pese a la polvareda generada.

Otra cuestión es lo que tiene que ver con las políticas de vivienda. Les irrita sobremanera la “inacción”, la “parálisis” de la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, a la que en privado un dirigente considera “nefasta”. En la reunión de Rodríguez con las comunidades autónomas, el jueves, la ministra giró 180 grados con respecto a sus declaraciones de solo una semana antes.

De amenazar con retirar los fondos relacionados con políticas para facilitar el acceso a la vivienda a las comunidades que no cumplieran con la norma estatal, Rodríguez pasó a defender la opción de premiar a las que sí declaren zonas de precios tensionados para limitar las subidas de los alquileres. Las regiones gobernadas por el PP iban preparadas para el combate, pero se encontraron con la chequera de la ministra. De hecho, la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana acordó, por unanimidad, el reparto de 200 millones de euros correspondientes al Bono Alquiler Joven. “¿Qué ha pasado en menos de 7 días para este nuevo bandazo que deja que el PP siga boicoteando la ley?”, cuestionó el portavoz del socio minoritario en el Congreso, Íñigo Errejón.

El hartazgo de Sumar les llevó a presionar a los socialistas, apoyando la petición de socios parlamentarios del Gobierno como ERC y EH Bildu para que la ministra comparezca ante el pleno del Congreso. Y aguardan las manifestaciones del próximo domingo para comprobar el hartazgo existente en la calle por el difícil acceso a la vivienda. Para medir fuerzas y tratar de legitimar nuevos movimientos a partir de esta protesta. Como ocurre con la reducción de la jornada laboral, están dispuestos a quemar buena parte de las naves en esta batalla, algo que difícilmente harían con otras materias. En el ala socialista sostienen que la sangre no llegará al río, y piden tiempo para abordar una regulación que consideran muy compleja.

Se suceden los choques

Tradicionalmente, Díaz se ha permitido discrepar públicamente en cuestiones relacionadas con la situación del pueblo saharaui o el palestino. Aquí se ven presionados por su izquierda y en particular por Podemos, que el viernes denunció que el Ejecutivo “vulnera derechos fundamentales de los activistas saharauis retenidos en Barajas”, y que “maniobra para deportarlos sin testigos”.

Esa misma jornada, el diputado de Sumar, Agustín Santos, aprovechó la comparecencia en la Cámara Baja del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para tildar de “deplorable” la situación de estas personas. Reclamó la inmediata repatriación de los 16 activistas deportados, mientras Tesh Sidi, también parlamentaria de Sumar por Más Madrid, afirmó que la política de asilo de Interior es “nefasta”, y “sujeta a no enfadar a Marruecos”.

Los dardos de las fuerzas a la izquierda del PSOE contra Fernando Grande-Marlaska se dan por descontados. Como se dan también con lo que afecta a las posiciones que dependen de Exteriores, como recordó el ministro Albares esta semana. Lo que nadie vaticinaba era el mayúsculo enfado con la ministra de Vivienda, y casi en paralelo con la de Seguridad Social. Menos aún que este malestar se admitiera públicamente.

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