Algo menos de tres semanas para intentar lograr otro acuerdo clave. Será el jueves 18 de julio cuando el Gobierno convoque la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en Tenerife. Un foro en el que, según declaró el ministro Ángel Víctor Torres a Artículo14, se explicará el texto legal a los diferentes gobiernos autonómicos, con los que ya se está hablando, que permita modificar el artículo 35 de la ley de extranjería. Dicha reforma, planteada por el Ejecutivo central y el canario, pretende establecer un reparto obligatorio entre las autonomías de los menores extranjeros llegados a las Islas Canarias, Ceuta y Melilla. Las regiones más afectadas por esta cuestión.
Fuentes del Gobierno insular señalaron a este periódico que el texto en el que trabajan “no es un documento cerrado”. Es decir, que está abierto a propuestas para mejorarlo, no solo por parte de las fuerzas políticas o de las comunidades, sino también de las entidades sociales que trabajan con los inmigrantes menores. Lo que se busca con su aprobación, aseguran estas voces autorizadas, es que haya el máximo consenso posible, ya que “está en juego” la atención de la “emergencia humanitaria que existe en Canarias y de los más de 5.900 menores que hay en el archipiélago”. Unos menores no acompañados que deben ser tutelados por la respectiva autonomía donde arriben. De ahí el problema.
Cabe recordar que dicho escrito se tendría que votar en las Cortes, bien como un decreto ley o como una proposición de ley, señaló el ministro Torres. Es por ello que aseguró, conociendo la negativa de Junts en esta cuestión concreta, que el Gobierno va a trabajar para conseguir los apoyos suficientes y superar así los trámites parlamentarios. Es más, también indicó que si estos procedimientos se superaran la reforma podría estar activa a finales del mes de julio.
Aquí es donde el PSOE puso el balón en el tejado del PP. La principal formación del Ejecutivo señaló que tras la conferencia sectorial serán los populares quienes tendrán que decidir finalmente si apoyan o no la medida. Torres da por descontado que el PP está a favor y, si finalmente no vota afirmativamente, será “porque Vox se lo impide“.
Aunque como vienen mostrando ambas formaciones estos pasados días, el espacio para grandes pactos de Estado existe. El titular de Política Territorial y Memoria Democrática indicó que “no habría ningún problema” si hubiese un acuerdo PP-PSOE, poniendo como ejemplo el pacto al que ambos partidos llegaron para renovar el CGPJ el pasado martes. Ana Redondo, ministra de Igualdad, se abonó a esta tesis y aseguró que una ruptura con Vox es “lo mejor que le puede pasar al PP”.
En efecto, Santiago Abascal amenazó al PP con romper relaciones en caso de que se sume a los planes del Ejecutivo central. Si bien, en Génova creyeron que, de nuevo, van de farol. Así lo aseguraron tanto las fuentes consultadas de la dirección nacional como los barones territoriales. “Tranquilidad”.
Alberto Núñez Feijóo no se cerró al acuerdo con el Gobierno. De hecho, en declaraciones a los periodistas, quiso dejar claro que “la solidaridad de las comunidades gobernadas por el PP está garantizada”, y continuarán poniendo a disposición del Estado “toda” la capacidad de sus centros de menores.
La analista de Artículo14 preguntó con insistencia al líder gallego por las críticas de Vox pero no quiso entrar al trapo. Según Feijóo, el problema de fondo es la política migratoria del Ejecutivo. “Desconocemos cuál es su política migratoria porque lo único que hace es distribuir el problema y no solucionarlo”, dijo. Y por ello apostilló que espera encontrarse con un “proyecto viable” en la conferencia sectorial.
Isabel Díaz Ayuso apuntó más alto y lo que reclamó es la convocatoria de la conferencia de presidentes autonómicos. “Lo que se está haciendo -en relación a los menores no acompañados- es vergonzoso y de una inhumanidad tremenda”, afirmó en una entrevista en Antena3.