El Gobierno eleva al máximo la presión sobre el PP. Busca forzarle a salir del rechazo a su oferta para condonar hasta 83.500 millones de euros de la deuda de las comunidades autónomas, y ya vaticina que cuando el reparto llegue a la Cámara Baja, en forma de ley orgánica, los presidentes conservadores no podrán asumir el coste de volver a dar un portazo.
“Quiero ver al PP en el Congreso, cuando su voto cuente”, afirman fuentes del Ejecutivo. Y, si se mantienen firmes ante sus envites, buscan que paguen el mayor precio político posible. Por lo pronto, las comunidades autónomas gobernadas por el PP se disponen a dar la batalla.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reunirá este miércoles con los consejeros de Hacienda de todas las comunidades autónomas, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
Será en este encuentro cuando la también candidata del PSOE por Andalucía –la comunidad que se lleva la mayor porción del pastel del reparto, 18.791 millones-, les traslade la fórmula que ya presentó el lunes. No logrará los votos necesarios para impulsarla este miércoles, pero sí podrá hacerlo pasados 10 días, cuando le bastará contar con mayoría absoluta (Hacienda tiene en este órgano el mismo número de votos que las comunidades existentes).
Tras pactar con ERC a cambio de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez (2023), una fórmula para asumir parte de la deuda catalana, el Gobierno se comprometió a hacer extensible a todas las comunidades la oferta por la que la Administración General del Estado asumiría parte de sus respectivas deudas. Ese momento ha llegado.
Montero, como distintas fuentes del Gobierno y del PSOE, no disimula lo más mínimo cuáles son sus intenciones. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anticipado el ‘no’ de los presidentes autonómicos de su partido, y ellos asumen que pueden mantenerse en estas posiciones hoy, pero no más adelante.
Esto es, cuando el acuerdo adquiera rango legal -a través de una proposición de ley orgánica-, ya en el Congreso de los Diputados. “Vamos a hacer todo lo posible”, advierten fuentes del Ejecutivo, para lograr su aprobación.
Incluso aunque los conservadores no apoyen la norma, que requerirá de varios meses de trámite antes de aterrizar en la Cámara Baja, se muestran convencidos de que difícilmente podrán resistirse a firmar los convenios que cristalizarán en ese reparto.
“Tengo que ver que una comunidad no firme el convenio”, retan desde el Gobierno. “Ya se hizo con el modelo de financiación”, recuerdan.
“Una vez que se apruebe la ley, los territorios tienen que aceptar los convenios. Ningún territorio va a dejar de aplicarlos”, pronosticó la propia vicepresidenta primera durante la tarde, ante las cámaras y los micrófonos, en el Senado.
La oposición a este reparto no es patrimonio único del PP, y ya hay socios que han planteado objeciones. Pero, ante el nuevo órdago de Junts -que pide disparar la condonación de la deuda catalana de los 17.104 millones ofertados a los casi 73.000-, y pese a las críticas de aliados como Compromís (dentro de Sumar), advierten: “La fórmula está estudiada al milímetro”.
Ni aceptan cambios en la metodología aplicada al reparto hoy, ni entienden las críticas a su modelo: “A las comunidades infrafinanciadas se les reconoce un plus”, responden al la coalición valencianista.
El planteamiento actual, afirman desde Hacienda, pasa por hacer que la Administración General del Estado asuma parte de la deuda de las comunidades interesadas. Y un 75% del importe máximo que aspiran a absorber se distribuye en base al criterio de población ajustada.
Ofensiva en público y en privado
La ofensiva, por todas las vías, es clara. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, aprovechó la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para exigir a los conservadores que elijan entre la “condonación” de la deuda y la “condenación” de los ciudadanos de sus respectivas comunidades autónomas.
“Un voto negativo del PP me resultaría inexplicable”, incidió, equiparándolo con un voto “en contra de los ciudadanos” de sus respectivas comunidades autónomas. “Tendrán que explicar por qué perjudican los intereses de los ciudadanos”, insistió durante la tarde la propia Montero.
La vicepresidenta primera incidió en que esta fórmula persigue compensar a las CCAA por el “maltrato” que sufrieron durante el Gobierno de Mariano Rajoy, tras la crisis financiera iniciada en 2008. Y puso toda la carne en el asador para incrementar la presión: “Génova está siguiendo las instrucciones de Ayuso”, disparó. Todas las partes están listas para un nuevo incremento de los decibelios este miércoles.