Fumata blanca en el que es uno de los acuerdo más difíciles para Pedro Sánchez con Carles Puigdemont. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado que el Gobierno no va a ceder el control de fronteras a Cataluña con “la delegación” de competencias sobre inmigración, aunque la Generalitat sí podrá ejecutar o proponer expulsiones. “Delegar” fue el término más utilizado por la ministra, dejando así claro que no es una transferencia competencial.
Tal y como avanzó Artículo14, el pacto alcanzado pasa porque los Mossos d’Esquadra gestionen puertos y aeropuertos. También les permite que trabajen en las fronteras, en cooperación con la Policía y la Guardia Civil. La Generalitat, por su parte, adquirirá la competencia integral de los Centros de Internamiento de Extrajeros (CIEs), así como las devoluciones de extranjeros.
“Diferenciaría dos tipos de situaciones: aquellos procedimientos en materia de expulsión en los que no es necesario un expediente, la Generalitat, basándose en la normativa de Extranjería podrá expulsar en esas situaciones. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a personas que tengan prohibida la entrada en nuestro país, en ese caso es uno de los supuestos. En los supuestos en los que se requiera un expediente la Generalitat podrá proponer”, ha concretado Saiz.
Además, ha recalcado que se está hablando de una delegación de competencias, “no de una cesión”, que se contempla en el artículo 150.2 de la Constitución. “Es una proposición que nace de la Constitución y que se aplica con la Constitución española en la mano”, ha señalado este martes Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, informa Europa Press.
La ministra ha querido “poner contexto” esta situación y ha destacado que Cataluña “es una comunidad que tradicionalmente ha tenido una presencia muy importante de flujos de personas extranjeras”.
Así, ha recalcado que el 18% de la población de Cataluña tiene nacionalidad extranjera y un 25,1% tienen origen extranjero: “Y, además, hay una voluntad política y hay una voluntad de la sociedad catalana, tradicionalmente, desde hace muchos años”. “Nos podemos remontar al año 1992, hace 33 años, donde ya tenían una voluntad de asumir una gestión en materia migratoria con la creación, de esa comisión interdepartamental en materia migratoria. Además, en materia de política migratoria, es muy importante el papel que tienen las administraciones más cercanas, las entidades locales, las administraciones autonómicas, como la Generalitat, más cercanas al territorio, que conocen esta realidad social y que asumen una importante responsabilidad”, ha manifestado.
Petición de otras comunidades
La ministra también ha puntualizado que si otra comunidad autónoma solicitara esta delegación se estudiaría “con rigor” y ha recalcado que la norma garantiza el respeto a los derechos humanos. “Somos un Gobierno que defendemos dentro y en todos los espacios y ámbitos internacionales una política migratoria que pone en el centro los derechos humanos, que trabaja poniendo en valor el aporte de la población extranjera para nuestro país”, ha puntualizado. No obstante, ha asegurado que “no consta” que otras comunidades autónomas hayan manifestado “una voluntad de asumir esta delegación de competencias” y ha defendido que ninguna región tiene “esa realidad concreta que tiene Cataluña”.
“Si llega el caso de que alguna comunidad muestra un interés y da un paso hacia adelante en ese sentido, por supuesto se estudiará con total detenimiento y con total rigor. A mí me parece muy importante que haya una responsabilidad en este sentido, en un paso hacia adelante que da una comunidad autónoma, lo que me parece más preocupante es que otras comunidades autónomas hagan dejación de funciones, como lo hemos visto, en lo que tiene que ver con una competencia de las comunidades autónomas”, ha advertido.
Menores
Respecto al reparto de menores migrantes, Saiz ha insistido en que están trabajando “de manera intensa” para que la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería “vea la luz pronto” y ha recalcado que “siempre ha sido la voluntad del Gobierno el tender la mano” para la modificación de esta norma y que “esas competencias de las comunidades autónomas pasen a ser una solidaridad obligatoria”.
En este punto, ha hecho hincapié en la importancia de que una comunidad autónoma “asuma la importante responsabilidad de una gestión”. “Estamos viendo que, en coordinación con el Estado, una comunidad autónoma manifieste ese posicionamiento, cuando estamos viendo que algunas comunidades autónomas en materia de menores no acompañados de menores, las que son competentes, están haciendo una clara dejación de funciones, negándose a tramitar esa modificación del artículo 35″, ha criticado.
Así, ha subrayado que el objetivo del Gobierno es “dar un mejor servicio, que las administraciones más cercanas, desde lo local hasta lo autonómico, que tengan un conocimiento y una relación más directa con la ciudadanía, sea una política más eficaz, que vaya a los ciudadanos”.
Para la ministra, es “muy importante” el dar un paso hacia adelante en asumir una responsabilidad en esta delegación de competencias. Por ello, ha puesto en valor el acuerdo alcanzado que, a su juicio, “es buena muestra del entendimiento, de la voluntad de este Gobierno del diálogo, de la voluntad de alcanzar acuerdos siempre con un fin muy claro, que es el hacer una política más eficaz, el dar un mejor servicio a la ciudadanía y siempre velar por el interés general”.
Saiz ha invitado a todas las fuerzas políticas a que “se lean, que buceen en el contenido de esta proposición de ley, desde la exposición de motivos hasta todos los artículos, hasta sus disposiciones finales”. “Desde esa lectura sosegada estoy convencida de que los grupos tendrán la ocasión en el trámite que se abre ahora de hacer sus aportaciones, de analizar y de mostrar cuáles son sus posicionamientos”, ha aseverado.
Grupo de trabajo
Por su puesto, la Generalitat mueve ficha. La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha anunciado este martes que, tras el registro de la proposición de ley de PSOE y Junts, el Govern ha decidido crear un grupo de trabajo para abordar la delegación de las competencias en inmigración a Catalunya.
“El presidente de la Generalitat ha pedido y, como Consell Executiu hemos acordado, que la Conselleria de Derechos Sociales lidere la constitución de un grupo de trabajo transversal liderado por diferentes departamentos implicados, como podrían ser el de Interior o Presidencia, para abordar con toda garantía esta delegación de competencias cuando así sea vigente”, ha dicho en una rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu.
Ha detallado que el encargo ha sido del presidente, que a parte de estas tres conselleries podrán incorporarse otros miembros del Govern, y que deberá estudiar el despliegue de la delegación de competencias, el modelo a aplicar en los Centros de internamiento de extranjeros (CIE), y los “recursos adicionales que han de acompañar este traspaso”.
“El grupo de trabajo debe realizar el análisis de esta asunción de competencias. Qué implica, qué debemos poner a punto, qué recursos más allá de los Mossos d’Esquadra debemos poner a disposición, qué debemos ajustar cuando estas competencias estén vigentes y haya finalizado la tramitación y tengamos el documento final y qué implica”, ha expresado.
Paneque ha trasladado la vocación integradora de Catalunya, ha asegurado que “el país y el Govern están preparados” para la asunción de las competencias, y ha expresado que están preparados para –textualmente– no solo asumirlas, sino para desplegarlas, siempre con el máximo rigor y lealtad institucional.