El Gobierno prevé subir el SMI el próximo martes en Consejo de Ministros

El Gobierno prevé aprobar el próximo martes el real decreto que establece la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), de 1.134 a 1.184 euros. Tras la batalla por la reducción de la jornada laboral, y en mitad del pulso sobre si los trabajadores que cobran el SMI deben tributar por IRPF, distintas voces del Ejecutivo confirman a Artículo14 que esta medida llegará a la mesa del próximo Consejo de Ministros, el 11 de febrero.

El decreto, que no tiene rango de ley y no requiere de los votos del Congreso de los Diputados para entrar en vigor, pasó este jueves por la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios (CGSEYS), que ordena los temas a abordar en La Moncloa sólo cinco días después.

Como esta medida, el Gobierno prevé aprobar también el anteproyecto de ley de reforma de las leyes de discapacidad y dependencia; el texto pasó el filtro de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) el mismo día en que lo superó la reducción de jornada, ya aprobada como anteproyecto el pasado martes.

Los focos recayeron entonces sobre la reducción de jornada, campo para una batalla que hoy el Ejecutivo vende zanjada. La disputa cuya resolución no han explicado hasta ahora, sin embargo, tiene que ver con la exención del IRPF para los perceptores del salario mínimo. Es la misma que ha hecho aflorar las diferencias en materia tributaria entre las vicepresidentas primera y segunda, María Jesús Montero y Yolanda Díaz.

El jueves, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda intentó restar hierro a la polémica generada un día antes, cuando consideró “populista” el discurso de Díaz en favor de modificar el umbral para quienes tienen que pagar IRPF, para que la nueva subida de 50 euros no les obligue a tributar. En declaraciones a los medios, desde Cádiz, Montero precisó que “habitualmente” no entra en “ningún tipo de calificación con compañeros de Gobierno” con los que tiene “una excelente relación”.

“Ayer no me refería a ella, me refería al discurso”, incidió, insistiendo en que esos planteamientos deben acompañarse con “una parte de pedagogía fiscal”. “Parece que cualquier frase se interpreta en el ámbito personal, que no era ni mucho menos mi intención”, insistió la número dos del Gobierno. “Sin más polémica, sin ningún tipo de discrepancia en el entorno del Gobierno”, insistió.

Más allá de las diferencias en materia de fiscalidad entre los dos socios de la coalición, es Montero quien tiene las competencias en la materia. Y la vicepresidenta no ha concretado aún si la subida del SMI irá de la mano de esa modificación para eximir del pago de IRPF a quienes lo perciben. Desde Hacienda no aclaran si esta decisión se adoptará el propio martes, y ni siquiera confirman que el incremento del SMI esté entre los asuntos a abordar por el Gobierno en esa jornada.

Díaz reprochó a Montero el miércoles que, si alguien cambia de posición en esta materia, es el PSOE, toda vez que así se ha procedido hasta hoy con las respectivas subidas del SMI, primero pactadas con los sindicatos (la patronal sólo dio su visto bueno en 2020), y después plasmadas en un decreto por el Gobierno, para su aplicación con efecto retroactivo (con efecto desde el 1 de enero).

Montero pide “pedagogía” sobre la necesidad de pagar impuestos proporcionalmente a la renta, para sostener el Estado del bienestar, pero también afirma que quienes cobran el SMI “van a poder disfrutar de los 50 euros más al mes”. No ha aclarado cómo casan estos dos argumentos, y sus socios dejan ver que este aumento, si se ve absorbido por el pago del IRPF, supondría una “subida fake”.

El argumento de que el SMI ha subido un 60% desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa es esgrimido con frecuencia por distintos miembros del Ejecutivo. Desde 2019 ha pasado de los 735 a los 1.184 euros brutos en 14 pagas, si se cuenta con este último incremento. El socio minoritario se mantiene en sus posiciones, y la pelota está ahora en el tejado de Montero.

Precisamente, entre las intervenciones parlamentarias más recordadas de la ministra de Hacienda está su rapapolvo al diputado de Vox José María Figaredo. En abril del pasado año,  el político de la formación ultraderechista espetó a Montero que una persona que percibiese el SMI (entonces en 15.876 euros brutos anuales), tendría que aportar a “Hacienda y al Estado 8.400 euros”, “un 54% de su salario”.

!¿Pero quién le ha dado ese dato, señor Figaredo? Le digo más, esa renta está exenta del pago del IRPF con las modificaciones que hemos hecho”, le respondió la ministra de Hacienda. Hasta hoy, el Gobierno había optado por seguir impulsando esas “modificaciones”.

Días antes del cruce de reproches entre las vicepresidentas, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se alineaba con la titular de Hacienda, y dejaba la puerta abierta a que el umbral de exención se quede tal y como está. En una entrevista en La Sexta, Cuerpo recordó que el propio comité de expertos designado por Trabajo para asesorar sobre las modificaciones en el SMI, tiene “en cuenta la posibilidad de que haya algunos perceptores del salario mínimo que paguen impuestos”.

Bustinduy protestó hace dos meses por el retraso de su reforma

El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, desveló en diciembre que el texto de la reforma de las leyes de discapacidad y de dependencia ya estaba “listo”. También criticó que no hubiera llegado al Consejo de Ministros. “Desgraciadamente”, apuntó, “la tramitación dentro del Gobierno va más despacio de lo que a mí me gustaría”.

El anteproyecto que llegará el martes a Moncloa plantea “una reforma estructural del sistema de dependencia que lo prepare para el siglo XXI, y que amplíe derechos sociales”, según las palabras del ministro en una reciente entrevista para la agencia EFE. La modificación hará efectivos los cambios del artículo 49 de la Constitución y adaptará el ordenamiento a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.

También se reconocerá la teleasistencia “como un derecho subjetivo”, para universalizar este servicio, ampliará las prestaciones y agilizará procedimientos y trámites, entre otras cuestiones. En esta materia, a diferencia de lo ocurrido con el pago del IRPF o con otras recetas sobre fiscalidad, no han aflorado tantas diferencias.