El caso de Begoña Gómez pone de manifiesto las flaquezas de la regulación española sobre el conflicto de interés entre los miembros del Gobierno, incluida la figura del Presidente. Una materia sobre la que la Comisión Europea y el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) vienen advirtiendo reiteradamente a España, que ha respondido con tímidos avances. Con el foco mediático sobre la mujer de Pedro Sánchez, cuanto menos ‘ruido’ haya en relación con esta cuestión, mejor. El Ejecutivo mantiene oculto un informe que evalúa el grado de cumplimiento en las medidas sugeridas contra el conflicto de intereses en España.
El Gobierno sigue sin autorizar la publicación del segundo informe de evaluación de la aplicación de las recomendaciones formuladas por el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) en materia de prevención de la corrupción y promoción de la integridad en altas funciones ejecutivas del Gobierno central y las fuerzas de seguridad. En su última reunión plenaria del pasado mes de junio, el GRECO pidió a España que autorizara “sin más demora” la publicación de los últimos los informes aprobados.
Fue una petición extensiva a otros Estados miembros que también tienen informes sin publicar, porque muchas veces la valoración no es favorable. Es una práctica común que ha venido denunciando reiteradamente el GRECO, que en su última Memoria advierte de que, según los informes de seguimiento publicados al 31 de diciembre de 2023, los Estados habían implementado total o parcialmente el 58% de sus recomendaciones (en comparación con el 45% a finales de 2022).
En el caso de España, GRECO pide la difusión del segundo Informe de cumplimiento de sus recomendaciones -adoptadas en 2019-, en materia de prevención de la corrupción de la integridad en los gobiernos centrales, donde se aborda el conflicto de intereses. Este Informe se aprobó en la última reunión plenaria del año 2023 (del 27 de noviembre al 1 de diciembre), y casi un año después sigue sin ser accesible porque el Ejecutivo no ha autorizado su publicación.
🧐 El Grup d'Estats contra la Corrupció (GRECO) avisa que Espanya no ha complert cap de les 19 recomanacions sobre la prevenció de la corrupció de l'anterior informe, i conclou que set recomanacions s'han complert parcialment i 12 no s'han complert 👇🏾https://t.co/na3JSeUM2x pic.twitter.com/o7QMf9BB7J
— Antifrau de Catalunya (@antifraucat) March 29, 2022
Precedente
El primer Informe de evaluación, aprobado en septiembre de 2021, reflejaba el incumplimiento de España en el diseño de una “estrategia de integridad para analizar y mitigar las áreas de riesgo de conflicto de intereses y de corrupción para el personal con altas funciones ejecutivas y conectar los resultados de dicha estrategia con un plan de acción para su aplicación”. Entonces, el GRECO concluyó que no había cumplido la recomendación, a pesar de que España informó de las medidas previstas en el IV Plan de Gobierno Abierto (2020-2024).
“No hay ninguna indicación sobre cómo tales medidas cubrirían específicamente áreas de riesgo de conflicto de intereses y corrupción con respecto a las personas con altas funciones ejecutivas. Estas personas […] enfrentan algunos desafíos diferentes a los de otros servidores públicos debido a la naturaleza política de su rol, sus estrechas interacciones con el sector privado, etc. Se necesita más fundamentación al respecto“, concluyó el GRECO.
En 2021, este organismo también consideró que España incumplía la recomendación de adoptar -y hacerlo fácilmente accesible al público- un código de conducta para el Gobierno, para el personal con altas funciones ejecutivas. El GRECO reiteró que, tal y como se observó en la evaluación de la legislación existente (que España volvió a aportar), “sería preferible un código independiente (separado y más fácil de usar que las disposiciones legislativas dispersas)” para dar por cumplida esta recomendación.
Otra de las sugerencias, incumplidas por España, fue reforzar la independencia, autonomía, competencias y recursos de la Oficina de Conflictos de Intereses, que en 2021 no contó con medidas adicionales en cuanto al refuerzo de su independencia y autonomía. La conclusión del primer Informe de evaluación fue que “España no ha cumplido satisfactoriamente ni ha tratado de forma satisfactoria ninguna de las 19 recomendaciones contenidas en el informe de evaluación de la quinta ronda”. Del total, siete consejos se cumplían parcialmente y doce se incumplieron.
El GRECO celebra su próxima reunión Plenaria en noviembre, donde previsiblemente se volverá a insistir a los Estados miembros en la publicación de los informes pendientes.
Aviso de la Comisión Europea
Junto con el GRECO, la Comisión Europea también ha reiterado -como lo hizo en 2023- su llamada de atención a España. “No está previsto el cronograma concreto de las reformas del régimen de los conflictos de intereses de los empleados públicos de todas las Administraciones, a pesar de que se viene tratando este tema desde 2021. No se han tomado medidas para robustecer el régimen de los conflictos de intereses y declaraciones patrimoniales de los altos cargos de la Administración y reforzar la competencia sancionadora de la Oficina de Conflictos de Intereses”, advirtió en su último Informe sobre el Estado de Derecho en España 2024.
La Comisión insiste en la necesidad de robustecer las normas sobre conflicto de intereses y declaraciones de patrimonio de los altos cargos de la Administración, mediante el refuerzo de la independencia y la competencia sancionadora de la Oficina de Conflictos de Intereses. Además, la Comisión Europea también advirtió al Gobierno del incumplimiento de sus obligaciones en la lucha contra la corrupción, materia con la que relaciona las normas contra el conflicto de intereses, ya que debía presentar una estrategia antes septiembre de 2024.
Según la información remitida a los organismos europeos, el Ejecutivo enmarca los avances en la regulación del conflicto de intereses del Gobierno en el V Plan de Gobierno Abierto 2024-2028, “que se pretende que se centre en reforzar los mecanismos de integridad de las instituciones públicas, en particular mediante el desarrollo de una estrategia u hoja de ruta anticorrupción para todo el sector público”.
Este plan se sometió a consulta ciudadana el pasado marzo y está pendiente de aprobación. Los documentos previos de trabajo en los talleres deliberativos para analizar las propuestas recibidas no abordan la creación de un código de conducta para el Gobierno, como así propone el GRECO; sino que se centran en el alcance de la transparencia de la información de la Oficina de Conflictos del Intereses.