Una retirada vendida casi como una victoria. Una petición al PP para que apruebe la senda de estabilidad, que convive con la decisión de no negociar con este partido. Y una nueva exigencia de Junts, que fuentes del Gobierno ya rechazan abiertamente, por entender que “no es posible” a día de hoy.
En el Ejecutivo justifican la decisión de abortar la votación de la senda en el pleno del jueves porque ven “una grieta”. Una opción de convencer al partido de Carles Puigdemont de que vire 180 grados y apoye la antesala de los Presupuestos Generales del Estado para 2025. “Hay margen para negociar”, afirmó otra voz del Gobierno, en conversación informal con este periódico.
Ya no trabajan con plazos cerrados, como han hecho hasta ahora, ni se cierran a dar luz verde a una nueva senda, que incluye el techo de gasto, los objetivos de estabilidad y de deuda para todas las administraciones públicas. Sería la tercera que aprobara el Consejo de Ministros como primera piedra de las cuentas para 2025, un escenario que tampoco querían contemplar públicamente hasta primera hora del martes.
Durante la mañana, la portavoz de los independentistas catalanes, Miriam Nogueras, advirtió a la coalición de que no tendrán sus votos gratis. Y exigió nuevos gestos que, 24 horas antes, no se contemplaban. Reclamó al Ejecutivo usar como “buena base” de las conversaciones una resolución aprobada por el Parlament de Catalunya en 2014, que proponía facultar a las comunidades autónomas para incurrir en un tercio del objetivo total del déficit. Los otros dos tercios serían para las entidades locales (cabildos, diputaciones y ayuntamientos) y para la administración general del Estado. De facto, supondría que las comunidades autónomas dispondrían de más recursos y de una mayor capacidad de endeudamiento.
El Gobierno no contempla esta opción. Si bien sostienen que aún no saben “exactamente qué quieren” los independentistas catalanes, también afirman que esa propuesta podría haber sido viable hace una década, pero no a día de hoy, dado el diseño de la arquitectura europea. Lo que tienen claro es que Junts quiere colgarse la medalla de haber logrado que el déficit en el que puedan incurrir las comunidades “sea más grande”.
El problema es que cada euro que transfieran por encima de los 12.000 millones previstos hasta ahora, explican, tendrían que sacarlo de otra parte. De los recursos de los que dispondrá la administración a nivel central. Esta vía aunque hoy se perfile como la opción con más visos de futuro para lograr los votos necesarios, no gusta.
Pese a estar en una encrucijada, en el Ejecutivo han celebrado como una “buena noticia” la retirada de una senda de estabilidad que ya daban por muerta. En principio, desvinculan las negociaciones sobre esta materia de las que estén directamente asociadas con la ley de Presupuestos, aunque una está evidentemente ligada a la otra.
Por lo pronto, van a “dar tiempo” a las conversaciones, que se sucedían con discreción durante la jornada. Si finalmente llegan a un pacto tendrán que aprobar la nueva senda en Consejo de Ministros. Y antes deberán “volver al Consejo de Política Fiscal y Financiera” para lograr su aval.
A esto se suma que la tramitación de las cuentas públicas, que tienen preferencia a otras leyes en el Congreso, suele prolongarse durante cerca de dos meses. Aunque tanto el PSOE como Sumar aún no quieren abrir este melón, difícilmente lograrán aprobar las cuentas antes del 1 de enero, cuando los Presupuestos de 2023 se verán directamente prorrogados si no hay otros en vigor. Será la segunda vez.
Las previsiones de crecimiento no dan mucho margen
El Gobierno celebró este martes la revisión al alza de sus previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), que sitúan en el 2,7% (tres décimas por encima de lo previsto), en el 2,4% para 2025 (dos décimas más). En una nota de prensa, el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) afirmó durante la mañana que esta mejora permitiría “elevar el techo de gasto en 5.160 millones para 2025, si bien en el Gobierno aseguran que el impacto de esta revisión no les dará mucho margen.
En la dirección del PSOE sí habían dado por hecho que esta revisión serviría como una bombona de oxígeno. “Hay negociación”, sostenían durante la mañana fuentes del socio minoritario de la coalición. Las mismas que vendían que la decisión de retrasar la votación fue “correcta”. En su grupo parlamentario reconocían que era “difícil” lograr el apoyo de los grupos que ya habían votado en contra de las mismas cifras, si bien fue la estrategia durante las últimas dos semanas.
Y criticaron con dureza la actuación de Junts. Consideran que los de Puigdemont quieren presumir de arrancar a Sánchez una mejora que afecte a las comunidades autónomas, que puedan exhibir como una suerte de trofeo. Si ERC ha logrado el compromiso -por concretar- de la “financiación singular o cupo catalán, ellos esperarían “sacar algo” que afecte al mismo ámbito. Y que les permita vender a su electorado que siguen siendo útiles.