El Gobierno permitió a Podemos apuntarse un tanto con la prórroga de las ayudas al transporte público hasta julio, pero lleva tiempo estudiando cómo reorientarlas. Tras semanas de conversaciones en las que distintos socios le exigieron extender estas subvenciones, el Consejo de Ministros oficializó la decisión en un real decreto ley ya en vigor, que debe ser convalidado por el Congreso de los Diputados en enero.
Más allá de esta prórroga, o de futuribles extensiones parciales que los socios puedan arrancarle a partir de julio, fuentes del Gobierno explican a Artículo14 que hoy se abre una etapa de “transición” en lo que respecta a estas ayudas. Su objetivo último es llevar a la mínima expresión el uso de vehículos privados, tanto por la saturación de las ciudades, como por la necesaria reducción de emisiones o el ahorro en combustible. Y hoy admiten que están lejos de la meta.
Es cierto que han registrado un aumento en el uso del transporte público, explican desde el Ejecutivo, pero esta tendencia no llevaba aparejada una reducción significativa en el uso de los vehículos privados. Por eso apuestan por dedicar esfuerzos a la “pedagogía”, para poder justificar y explicar estos cambios a lo largo de los próximos meses.
El giro es sensible, toda vez que las medidas para abaratar el transporte público gozan de buena acogida, además de ser abanderadas por los socios parlamentarios. Al arranque de diciembre, mientras algunos de los aliados de Pedro Sánchez ya daban casi por hecha esta prórroga, en Hacienda insistían en pedir prudencia. Expresaban dudas, más allá de los costes, y señalaban que el propio Ministerio de Transportes quiere afinar el tiro con estas políticas.
La factura por su despliegue es considerable. El Consejo de Ministros aprobó el martes destinar 1.608,7 millones a las distintas medidas a aplicar durante 2025; es una cantidad superior a la destinada a costear estas recetas para 2024, más de 1.460 millones de euros. Después llegaron algunas inyecciones extraordinarias.
El plan del ministro Óscar Puente, según fuentes de su departamento, no es reducir la inversión, sino reorientar estos desembolsos. El ministro reconoció en octubre que no avalaba mantener la gratuidad de los bonos de media distancia y Cercanías. También consideró coyunturales estas políticas, pensadas para “aliviar la economía familiar” ante una inflación desbocada.
Billete único de Cercanías y descuentos al alquiler de bicicletas
En las últimas semanas, desde el Gobierno han allanado el terreno a nuevas fórmulas, preparando la retirada de los descuentos tal y como se han aplicado hasta la fecha. Así, el ministro planteó que los nuevos bonos puedan pagarse a mes vencido, y que el nuevo sistema permita premiar a los usuarios habituales. Esto es, que quienes más utilicen los transportes paguen menos por cada desplazamiento.
Además, el nuevo decreto recoge un nuevo esquema de bonificaciones que entrará en vigor a partir del 1 de julio. Pasa por crear un billete único de Cercanías para todo el país, por un importe de 20 euros al mes; la gratuidad de todo el transporte público colectivo para menores de 15 años; descuentos especiales para jóvenes y ayudas para promover el uso de la bicicleta, entre otras. De hecho, la nueva norma introduce un sistema de descuentos de, al menos, el 50%, para promover el uso de los sistemas públicos de alquiler de bicicletas.
Los descuentos en cuestión, ya prorrogados, van desde la gratuidad de los trenes de Cercanías, Rodalies, Media Distancia y autobuses estatales, a las rebajas mínimas de un 50% en los transportes urbanos y metropolitanos (30% a cargo del Gobierno central, 20% a costear por los ayuntamientos y comunidades autónomas).
Inicialmente, estas rebajas perseguían atraer a nuevos usuarios del transporte público colectivo, ayudando a sostener este sector, además de reducir el uso de coches particulares. Durante la pandemia de Covid19, el temor a los contagios favoreció una reducción del uso de transporte público que hoy ha quedado atrás.
Según los datos del informe Movilidad en Transformación, presentado por la empresa pública de ingeniería Ineco, a finales de 2023 la movilidad en transporte público alcanzó niveles similares o superiores a los de 2019. “Las bonificaciones han contribuido notablemente a la vuelta a los niveles de demanda prepandemia en el uso del transporte público, muy afectado por un cierto estigma sanitario”, reza el texto.
También especifica que este incremento en su utilización no se puede “equiparar” con una “reducción de igual magnitud en el uso del vehículo privado, porque puede ser que algunos usuarios utilicen más el coche privado para otros desplazamientos”. “Otra parte de los viajes en transporte público”, abunda el informe, “son viajes que antes no se hacían, bien porque son usuarios nuevos o por mayores frecuencias de los usuarios anteriores”.
Según la encuesta de presupuestos familiares del INE, entre 2019 y 2023 el gasto medio por hogar en transportes se redujo un 2,8% . Estas ayudas se desplegaron en 2022, tras la crisis inflacionista derivada por la invasión rusa en Ucrania. El Gobierno cuenta con éste y otros indicadores para intentar justificar los cambios en estas ayudas, pero lo previsible es que los socios no se lo pongan fácil.