El Gobierno se ha visto en muchas encrucijadas a lo largo de este año de legislatura, pero la agonía parlamentaria que vive a cuenta de su paquete fiscal va camino de marcar un nuevo hito. El socio minoritario de la coalición, Sumar, está en contra de la retirada del impuesto a las energéticas, pero además los aliados a izquierda y derecha enseñan los dientes, y amenazan con tumbar un proyecto de ley que el Ejecutivo sabe esencial. Al menos, en su parte mollar.
Por segunda ocasión en la misma semana, se han visto obligados a desconvocar la sesión de la Comisión de Hacienda, que debía reunirse este jueves, y que finalmente está prevista para el próximo lunes. Es la tercera fecha agendada para la misma cita, en la que deberán votar el dictamen del proyecto de ley que establece un tipo mínimo efectivo del 15% en el impuesto de sociedades para las grandes empresas y grupos multinacionales.
Los pactos entre el PSOE, Junts y el PNV, para enterrar el impuesto extraordinario a las energéticas, y para transferir a Euskadi la gestión del impuesto a la banca, ya levantaron ampollas en la izquierda. El posterior acuerdo entre los socialistas y Sumar también descolocó a la derecha. Esto, por no hablar de que los grupos a la izquierda (ERC, Bildu, Podemos o BNG) también se niegan a borrar de la ecuación el impuesto a las energéticas.
Si bien alguno de estos socios lleva días reclamando al PSOE que elimine las enmiendas, todo lo que afecta a otros tributos, para tramitar inicialmente la ley con lo referido al impuesto de sociedades, en Hacienda lo han descartado. Pero en el PSOE se reconocen cada vez más receptivos a este escenario. El problema fundamental, como recuerdan fuentes del ala socialista del Ejecutivo a Artículo 14, es que para eso “hay que retirar enmiendas”. Y Junts se niega a hacerlo.
De hecho, en las filas del socio minoritario señalan directamente a los independentistas catalanes como principales responsables del embrollo. Hay otros partidos en la izquierda que sí aceptarían avalar la parte central de la norma, para después negociar el resto de medidas, fundamentalmente el impuesto a las energéticas, la chispa de la polémica.
Se trata de un tributo que ha permitido recaudar 1.164 millones en 2024 (procedentes de los beneficios de 2023). Es una suerte de icono para la izquierda a la izquierda del PSOE, y uno de los grandes logros de la pasada legislatura, en la que Podemos llevaba la batuta dentro de su espacio político.
El partido morado quiere mandar una suerte de mensaje ejemplarizante: el Ejecutivo debe mirar primero a su izquierda, pactar con los partidos que más iniciativas han aceptado tramitar, y después conversar con los socios de la derecha, PNV y Junts. En los primeros tres años y medio de Gobierno de coalición, los morados pelearon por forjar un bloque parlamentario que tuviera como eje a fuerzas como ERC o Bildu, y hoy se resisten a ceder protagonismo e influencia política a fuerzas de otro signo.
Con todo, el primer obstáculo a superar es que la distribución de fuerzas es la que es. El segundo depende directamente de las manecillas del reloj: la transposición de la directiva europea que establece en un 15% el impuesto de sociedades debe llegar al BOE este año.
El Gobierno ha visto cómo esta agonía escalaba en la agenda pública en la última semana, pero las alarmas empezaron a sonar mucho antes. Al inicio de octubre se conoció que la Comisión Europea llevó a España y a otros Estados miembros (Chipre, Portugal y Polonia) ante los tribunales de la UE, precisamente por no aplicar el tipo mínimo de sociedades del 15%. Es fruto de una directiva aprobada en diciembre de 2022, y el tiempo apremia. Cada día más.
El Ejecutivo rechaza apoyarse en el PP
Apenas 24 horas antes de posponer la comisión de Hacienda, fuentes del Ministerio insistían en que no trabajaban con la idea de adelgazar el proyecto de ley para retirar las enmiendas de la discordia, para tramitar fundamentalmente lo que afecta al tipo efectivo del 15%. Conforme pasaban las horas, el mensaje ha ido ganando algunas sutilezas.
Durante la mañana del jueves, el PP sorprendió ofreciendo su apoyo a las subidas impositivas “que vengan impuestas por el marco comunitario”, mencionando específicamente la cuestión que afecta al gravamen sobre sociedades. Y fuentes del Gobierno descartaron rotundamente un pacto con el PP.
No quieren afrontar la factura de este peaje ante sus socios, ni se fían de los conservadores. El PP sabía que disparaba a órganos vitales. Durante la tarde, fuentes de la formación popular insistieron en que el Ejecutivo ha pospuesto la comisión de Hacienda para protegerse de “otra derrota parlamentaria”. Para evitar “un nuevo descalabro en el Congreso”. “La debilidad parlamentaria del Ejecutivo es manifiesta”; “El Ejecutivo se burla de la soberanía nacional al no respetar las reglas establecidas en las Cortes Generales convocando y desconvocando a su antojo una comisión parlamentaria”, apuntaron.
Hasta el momento, el Gobierno ha justificado este nuevo cambio de agenda en la necesidad de “seguir negociando”. Nadie explica cómo sortearán los vetos cruzados entre sus aliados de izquierda y derecha. O cómo recabarán los apoyos necesarios para tramitar la ley, sin añadidos, sin contar con los votos del PP. La negociación parecía “endiablada” el martes, en palabras del secretario general del grupo parlamentario de Sumar, Txema Guijarro. Hoy empiezan a tener dificultades para encontrar adjetivos.