Algo más de una semana después de su mayor derrota parlamentaria, y cuando acaba de sellar la paz con Junts, el Gobierno vende su rearme y pone fecha a algunos de los desafíos que tendrá que afrontar en su futuro más inmediato.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró este jueves que la negociación con el partido de Carles Puigdemont para que la Generalitat de Cataluña asuma competencias migratorias está “bastante avanzada”.
En una entrevista en Rac1, Bolaños reconoció que aún hay flecos por cerrar para alcanzar un “acuerdo total”, la misma meta que aspiraban a alcanzar en diciembre. Faltan por limar cuestiones en materias como el control de fronteras, pero Bolaños sostiene que, si logran rubricarlo, “sin duda ayudaría” a que haya Presupuestos, el objetivo inmediatamente posterior.
Por un lado, el Gobierno sigue curándose en salud al afirmar que puede agotar la legislatura sin aprobar nuevas cuentas públicas. Es un extremo que no ven tan claro algunos barones socialistas, que dudan que sea posible llegar a 2027 sin este combustible. “Junts nos lleva al límite de estrés”, lamentan, tras la tensión de estos días.
Por otro, los puentes con Puigdemont vuelven a ser transitables, y eso ha permitido aprobar una versión reducida del real decreto ómnibus tumbado hace una semana en el Congreso. Si algo reconocen en su partido, es que no sería la primera vez que Sánchez le da la vuelta a una situación completamente adversa. Hay pesimismo, pero no descartan que pueda lograrlo.
En el ala de Sumar en el Gobierno, que siempre ha reivindicado la necesidad de los nuevos Presupuestos, aseguran a Artículo14 que la maquinaria “se empezará a mover pronto”. El diagnóstico sobre su viabilidad, indican, es “igual” al que tenían antes del último capítulo en el “tobogán” de Junts, e interpretan que hay partido por jugar.
Receta “común” para las quitas de deuda
Y, si uno de los primeros espadas del Ejecutivo apunta en una dirección, la mujer con más peso en el PSOE y en La Moncloa señala otra, aunque ambas están más próximas de lo que parece a simple vista. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha citado a las comunidades autónomas el próximo 26 de febrero para celebrar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) pendiente.
Los gobiernos regionales, en su mayoría gestionados por el PP, se quejan de que aún no haya orden del día para esta reunión. “De la cancelación de deuda nosotros no hablamos, queremos hablar del modelo de financiación”, advierten fuentes territoriales del Partido Popular, informa Pablo Montesinos.
De financiación es precisamente de lo que quiere hablar Hacienda, como aseguran desde el Ministerio. Las mismas fuentes trasladan que, en esa cita, presentarán una “propuesta” o “método” para determinar “la parte de deuda autonómica que asumirá el Estado”, y que será “común”, “la misma, para todas las comunidades autónomas”.
El Gobierno pone el parche antes de que haya herida, toda vez que esta quita de deuda fue una exigencia de ERC para Cataluña. También lo fue el concierto fiscal catalán o “financiación singular”, que generó un incendio a la interna al propio PSOE, y que hoy Junts quiere volver a debatir.
Con la Generalitat en manos del PSC de Salvador Illa, fuentes del PSOE plantean que ni ERC ni Junts tienen hoy excesivo interés por transferir competencias que quedarán en manos del president, que será quien pueda lucirlas. Pero éste es uno de los objetivos anunciados por Junts como condicionante a su voto a favor del nuevo decreto ley de medidas sociales: abrir “una negociación seria sobre el concierto económico en Cataluña”.
Y es una de las líneas rojas trazadas por el partido de Puigdemont, como cuestiones a abordar antes de dar su aval a un nuevo decreto que incluya las entregas a cuenta para las comunidades autónomas por valor de 10.000 millones de euros. Fueron incluidas en el primer decreto, derogado con los votos de PP, Vox y Junts, y los Ejecutivos regionales de distinto signo político exigen que las transferencias vuelvan a ser aprobadas de inmediato.
El más claro este jueves fue el presidente castellanomanchego, Emiliano García Page, que exigió abordar el debate sobre el modelo de financiación, caducado desde 2014, y criticó el “egoísmo independentista desquiciante”.
“Resulta asfixiante, agobiante, y ahora encima con la inestimable colaboración del egoísmo independentista desquiciante de algunos. Llevamos años reclamando un sistema justo de financiación. Estamos llegando al límite de la capacidad y las posibilidades de las autonomías”, advirtió Page, en el acto de toma de posesión del rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde.
Aunque parezcan separadas, las cuestiones sobre las competencias en materia de inmigración y las negociaciones que afectan a la totalidad de las comunidades autónomas discurren en paralelo. Junts requiere revisar los objetivos de déficit o el debate sobre el “concierto” catalán, y el Ejecutivo calibra cómo cumplir con estas exigencias.
De paso, Montero llegará a esta cita tras cerrar el Congreso del PSOE andaluz, los días 22 y 23 de febrero, que servirá para escenificar el arranque de su etapa como líder de la federación andaluza. Tres días después, se cambiará de gorra y se sentará frente a su rival electoral, Juanma Moreno, para hablar de cuántos millones de euros puede perdonar el Gobierno central a Andalucía, asumiendo parte de su deuda. Aquí lo hará como vicepresidenta y ministra de Hacienda, tres días después de haber sido aclamada como esperanza blanca del PSOE andaluz.
En el Gobierno están decididos a dejar en un segundo plano la declaración del fiscal general del Estado como imputado ante el Tribunal Supremo, (el primero en la historia), las novedades en los frentes judiciales que afectan a familiares del jefe del Ejecutivo, y hasta la derrota parlamentaria de hace solo 9 días.
Entre medias, han logrado un acuerdo in extremis, han cifrado la subida del SMI (50 euros más al mes) y han acordado la tramitación de la reducción de la jornada laboral que ha enfrentado durante meses a las dos almas del Ejecutivo. Y han decidido que la próxima semana la Mesa del Congreso dé su visto bueno a que empiece a tramitarse la iniciativa de Junts, ya matizada, que pide a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza. Quieren vender que han vuelto a la velocidad de crucero.