“Una falta total de sentido de Estado”, de “responsabilidad”, y hasta una clara “dejación de funciones” decidida para “continuar en la confrontación”. Y, siempre, como síntoma de la “cobardía” con la que enfrentan “la posición imposible” en la que les coloca Génova. “Una deslealtad inédita”.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se despachó este miércoles con dureza ante el plante de los consejeros del ramo de las 12 comunidades y dos ciudades autónomas en las que gobierna el PP. Dos horas antes habían abandonado el Consejo de Política Fiscal y Financiera al que les convocó Montero para abordar su oferta para que la Administración General del Estado asuma parte de la deuda de las comunidades autónomas.
Para la vicepresidenta, se trató del “capítulo más esperpéntico” en la historia de la “política infantil, errática e irresponsable” que atribuye a los conservadores. Acusa a estos Ejecutivos de de entregar su “autonomía de decisión”. y dejarse “arrastrar” por el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo.
Y les reprocha que se levantasen de una reunión ya iniciada, en el quinto punto del día -sobre el impuesto a la banca-, sin que siquiera abordasen la que era su propuesta estrella. La vicepresidenta les pidió quedarse “un ratito” para debatir, según fuentes de Hacienda.
Ellos lo rechazaron, para después criticar la “trampa” que aprecian en la oferta del Ejecutivo. “Este día va a perseguir durante muchos años al PP”, advirtió Montero. Un paso más cerca de la voladura total de los puentes.
La condonación de la deuda de todas las comunidades autónomas del régimen común por valor de más de 83.000 millones de euros se aprobó, a pesar de la retirada de los conservadores. Hacienda cuenta con los mismos votos que comunidades autónomas se sientan en este órgano, por lo que los votos de uno solo de los tres Gobiernos socialistas (Cataluña, Castilla La-Mancha y Asturias), que sí se quedaron a debatir, ya les garantizaba la mayoría. Este miércoles han superado un trámite necesario, pero lo complejo empieza ahora.
Hacienda prevé convocar próximamente a las comunidades autónomas a nuevos encuentros bilaterales. En paralelo, empezarán a conversar con los grupos parlamentarios que conforman su frágil mayoría, para articular el proyecto de ley orgánica que Montero quiere tener aprobado en el Congreso antes de 2026.
Por lo pronto, mientras el PP evidenciaba su poder territorial y exigía abordar el modelo de financiación autonómica, fuentes de Hacienda celebraban que hayan decidido acudir a esta cita. Explicaron que, de no hacerlo, no habrían logrado el quórum necesario para dar por celebrada, legalmente, esta reunión.
Y, por tanto, no habrían podido activar la maquinaria que desembocará en una ley. “Sí quieren la condonación”, aseguran. Fuentes del departamento de Montero explican que, al tratarse de una iniciativa de tanto calado para las comunidades autónomas, necesariamente tenía que pasar por este foro. Inciden en que en el PP lo sabían, aunque después hayan querido escenificar su rechazo a la propuesta.
Fuera de cámara, el Gobierno es aún más claro sobre sus previsiones: en 2026, a un año de las elecciones autonómicas y municipales, creen que las comunidades acabarán firmando los convenios necesarios para acceder a estas condonaciones.
Incluso aunque antes su partido haya votado en contra de la ley orgánica que las haría posibles. “Se han visto atrapados”. “No pueden justificar un voto contrario” y “están hechas polvo”, presumen. “No quieren dar el visto bueno a ninguna iniciativa del Gobierno”, pero tampoco saltarse la “orden” de Génova, apuntan. También critican que, desde que Montero anunció esta iniciativa, el lunes, los Gobiernos regionales no les han hecho llegar dudas o planteamientos alternativos, ni políticos ni técnicos.
Y les reprochan que ni siquiera les hayan “pedido” las entregas a cuenta por valor de 10.000 millones que decayeron con el naufragio parlamentario del decreto ómnibus, en un pleno en el que el Ejecutivo perdió dos de las tres leyes que puso sobre la mesa. La lista de reproches y cuentas pendientes era larga.
Una exigencia de ERC reconvertida en oferta general
Lo cierto es que la condonación de la deuda, únicamente catalana, fue una exigencia de ERC a cambio de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, en 2023. También lo es que la oferta a esta comunidad, que hoy ya gobierna el PSC, supera en más de 2.000 millones lo que se prometió inicialmente a Oriol Junqueras. Y que el Gobierno evita por todos los medios afirmar en público que habría defendido esta iniciativa, incluso sin la presión de sus socios.
Los mismos aliados que ya plantean trabas (de Junts a Compromís). Y que le reclaman que abra, aún más, el grifo de recursos públicos, si quiere contar con sus votos. Entre las comunidades autónomas, Baleares ya ha asegurado que rechazarán la quita de deuda aunque se apruebe, pero en el Gobierno insisten: todas acabarán pasando por el aro y aceptando la condonación.
Según los cálculos del Montero -que afirmó que en el Gobierno andaluz “no saben leer los papeles”-, esta asunción de la deuda autonómica por parte de la Administración General del Estado, supondrá a las CCAA un ahorro en el pago de intereses de entre 6.500 y 7.000 millones de euros. “Nunca se ha votado una propuesta tan generosa, trascendente y valiente”, mitineó la vicepresidenta.
Deja la puerta abierta a condicionar las condonaciones
Montero esperó hasta el Consejo de Político Fiscal y Financiera para plantear un escenario que, hasta ahora, no había contemplado públicamente: que las condonaciones, que hasta hoy vendía como una suerte de barra libre para las 15 CCAA del régimen común, sean condicionales.
Esgrimiendo los argumentos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), la vicepresidenta ha dejado la puerta abierta a que “sólo se beneficien” las “cumplidoras” de determinados requisitos. El Gobierno, dijo, “no descarta que, a lo largo de la tramitación”, se puedan “incorporar” condiciones para acceder a estas quitas, incidió.
El lunes, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, reclamó condicionar estas condonaciones a que las comunidades autónomas no rebajen sus impuestos a la riqueza. El martes, la portavoz de su grupo en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, añadió otros elementos a la ecuación. Por lo pronto, los trámites necesarios para avanzar de pantalla son largos. El Ejecutivo y el PP tendrán mucho tiempo para intercambiarse reproches antes de que la ley se materialice, si es que ocurre. Porque el Gobierno admite, en público y en privado, que aún no cuenta con los votos necesarios.