Este jueves se votó en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados el dictamen de la Ley de Paridad. Una norma impulsada por el Gobierno que busca asegurar la representación femenina en los órganos decisivos de la política y la economía. Salió adelante con 20 votos a favor y 17 en contra, los del PP y Vox.
El espíritu de la ley quedó empañado por unas enmiendas introducidas por PSOE y Sumar. En una de ellas, se levanta el derecho de veto del techo de gasto al Senado. Un asunto que nada tiene que ver con la paridad ni con la igualdad, pero que facilitará el tortuoso trámite de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), vitales para la supervivencia de la legislatura.
El techo de gasto es el punto de partida para empezar a formular las cuentas. Marca lo que pueden gastar las arcas públicas en ese ejercicio. Este año lo tumbó dos veces el Senado con los votos del PP, Vox y UPN. El Gobierno asegura que podría diseñar los Presupuestos sin este techo de gasto porque trabajaría con los objetivos enviados a Bruselas hace meses. Pero dificulta el trámite, ya de por sí complejo, porque lo que se envió a Bruselas tenía un objetivo de gasto menor al propuesto por el veto que el PP hizo en la Cámara Alta.
Desde 2012, el Senado cuenta con esta capacidad de veto y el PSOE quiere quitar este poder a la Cámara Alta. Fuentes socialistas consultadas por Artículo14 no se esconden y dicen que es “una cuestión de oportunidad” y que es “habitual” que se use una ley en tramitación para introducir modificaciones “necesarias”. Para los socialistas, “no tiene lógica jurídica ni económica que el Congreso no pueda levantar un hipotético veto a los objetivos de estabilidad cuando sí puede hacerlo, por ejemplo, levantar un veto a los Presupuestos Generales del Estado”.
También se incluye una enmienda que permite por un lado que un ministro extranjero se siente en el Consejo de Ministros y, por otro, reducir el trámite de consulta pública previa. Dos añadidos al texto de la norma que, de nuevo, nada tienen que ver con la paridad.
Vulneración constitucional
Enmiendas que la letrada de la Comisión consideró inadecuadas en un informe en el que aseguró que con esta triquiñuela el PSOE podría “vulnerar el artículo 23 de la Constitución que reconoce el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos”.
Precisamente en esa valoración se ampara el PP, que se opuso a que se aproveche la Ley de Paridad para otras cosas. De hecho, a principios de mes envió un escrito de reconsideración de las enmiendas a la Mesa del Congreso de los Diputados denunciando esta situación.
Así lo defendió este jueves el diputado popular Jaime de Los Santos en su turno de palabra: “Ustedes quieren quitarles a las mujeres senadoras su derecho al veto en el techo de gasto en el Senado. Lo enfangan todo. Es una indecente instrumentalización del feminismo”, sentenció el diputado popular. Aseguró además que la ley solo cumple con una directiva europea que obliga al Gobierno a adoptar medidas de paridad y que si ese hubiera sido el único objeto de la norma el PP hubiera dado su voto afirmativo.
Pese a la reivindicación, fuentes populares consultadas por Artículo14 reconocen que “no tienen posibilidad de maniobra”. Aseguran que con su mayoría del Senado “limpiarán la ley”, pero que cuando la vuelvan a remitir al Congreso “volverán a tirar de ese falso rodillo progresista”.
No obstante, ahora el Partido Popular puede retener en el Senado la ley hasta dos meses sin contar julio y agosto que son inhábiles. La norma llegaría para ratificarse en el Congreso a finales de año, fecha en la que ya deberían tener aprobados unos Presupuestos Generales del Estado para 2025. Por lo tanto, de poco le servirá esta triquiñuela al PSOE a corto plazo.
Las claves de la ley
Volviendo al motivo inicial de la norma, la Ley garantiza la representación femenina en órganos decisorios del ámbito judicial, político y económico, dado que el Ejecutivo español ha sido más ambicioso de la obligación europea.
Fija que, al menos, tendrá que haber un 40% del sexo menos representado en los órganos del Gobierno y de la Administración General del Estado, el Poder Judicial, los altos tribunales y los consejos de administración de empresas públicas con una cifra de negocios superior a los 50 millones de euros o más de 250 trabajadores.
También las corporaciones del IBEX 35, las que cotizan en bolsa, tendrán que cumplir con esta norma en sus consejos de administración y en la alta dirección, aunque con diferente grado de exigencia. Gracias a una enmienda de Sumar y PSOE, en el caso del máximo órgano de administración se extiende el plazo hasta el 30 de junio de 2025 para que alcanzar esta cuota.
Más del 60% de mujeres
Además, una enmienda de última hora de Podemos permitirá romper con la regla 60/40 siempre y cuando sean las mujeres las que superen ese 60%. Argumentan que de esta forma la Ley va en consonancia con “el principio de acción positiva” y elimina el tope de representación femenina.
La Ley también incluye blindar la obligatoriedad de las listas cremallera en todas las elecciones que se produzcan en España. Es decir, que todas las listas se diseñen intercalando hombres y mujeres para que accedan a la política de manera igualada ambos géneros.
Además se aplicará la paridad a partidos políticos, sindicatos, asociaciones empresariales y grandes entes del tercer sector: fundaciones, organizaciones del tercer sector de acción social y entidades de la economía social. Estas se verán obligadas a su cumplimiento a los 20 días de la publicación de la Ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Allá por 2023, Pedro Sánchez anunciaba con toda pompa esta novedosa Ley de Paridad días antes del 8M, día internacional de la mujer. En un mitin junto al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, dijo orgulloso: “Si las mujeres representan la mitad de la sociedad, la mitad del poder político y económico tiene que pertenecer a las mujeres”.
La Ley quedó interrumpida por la repetición electoral del 23 de julio y fue la primera norma que aprobó el Consejo de ministros en esta legislatura. Era y es asunto prioritario para el PSOE, pero ahora queda la duda si ese interés se ha visto incrementado por el anhelo de allanar el camino para futuros Presupuestos Generales del Estado.