El Plan para la Seguridad y la Defensa presentado por el Gobierno, con un presupuesto de 10.471 millones, para cumplir con el 2% del gasto exigido por Donald Trump antes de que se celebre la Cumbre de la OTAN en la Haya el próximo junio se analiza con escepticismo entre expertos militares consultados por este medio. En concreto, afirman: “Parece la lista de la compra de Mercadona”. Al mismo tiempo advierten de que se han incluido gastos de material bélico disimulados como partidas de protección civil.
La crítica se sustenta en que, a su juicio, no responde a un proyecto estratégico a largo plazo, sino que les parece un plan cogido con pinzas para salir del paso. “Es un esfuerzo para compensar el déficit de atención política y ciudadana durante años”. Para los expertos consultados, que prefieren mantener el anonimato, “habría que articular una reflexión nacional sobre los parámetros estratégicos de desarrollo de capacidades y tecnologías industriales, que deben guiar el aumento sostenido del gasto. Diseñar un plan a 10 años de capacidades, no de compra de equipos”.
Contradicciones
En cuanto al análisis en detalle del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, concluyen que “es una contradicción permanente“, que responde al interés del Ejecutivo por no tener un enfrentamiento con sus socios de Gobierno, como Sumar, contrarios al aumento del gasto. “Para contentar a sus socios, disimulan como gasto en protección civil inversiones que son auténticamente de Defensa”, avisan. Según sus cálculos, un 30% de las partidas no serían de Defensa.
E identifican casos concretos: “Por ejemplo, puentes para el despliegue de los blindados 8×8“. Así se recoge en el capítulo titulado ‘Apoyo a la gestión de emergencias y desastres naturales’ donde se incluye una partida de 116 millones de euros para la adquisición de Vehículos Lanzapuentes VLP Ruedas para apoyar la movilidad de los vehículos de combate Dragón 8×8. En este mismo capítulo, se prepuestan 27 millones para adquisición de “catorce sistemas contra-UAS (C-UAS) [drones] y tres simuladores para poder garantizar la seguridad de las FFAA desplegados en Zona de Operaciones (ZO)“.
Justificación ante la OTAN
A su vez, avisan de que se han incluido en el Plan inversiones que difícilmente pueden justificarse como defensivas, lo que podría complicar la justificación del Plan ante la OTAN. En este sentido, un ejemplo concreto que ponen sobre la mesa son los aviones apagafuegos, a los que se destinan más de 700 millones de euros. “Este no es gasto en Defensa. Se pongan como se pongan, aunque los opere la UME, estas aeronaves son una inversión medioambiental”.
Específicamente, el Plan incluye una partida presupuestaria de 100 millones “para la adquisición de medios aéreos para el MITECO [Ministerio de Transición Ecológica]”, además de otra por 661,29 millones para financiar, entre otras, la adquisición de siete aviones anfibios DHC-515, a la empresa Canadiense Havilland. Esta inversión ya estaba anunciada y paradójicamente corresponde a una empresa no europea, cuando según recoge el Plan, nueve de cada diez euros se ejecutarán dentro de la UE, y el “euro restante se destinará a la adquisición de piezas de repuesto o componentes imprescindibles que, a día de hoy, no se producen en Europa”.
Uniformes por la DANA
Con todo reconocen que dentro del Plan se incluyen iniciativas necesarias, como las inversiones a la modernización del ciclo de media vida de las fragatas F-100, pero tachan de “chiste” que se incluya dentro de un proyecto estatal en defensa la reposición de uniformes “porque se han gastado en la DANA”. Aluden a una partida de 232,24 millones que incluye entre otras gratificaciones al personal, mantenimiento de equipos, suministros (sanidad, vestuario, alimentación, combustible) y reposición de material.
“Me llama la atención el absoluto desprecio por el personal”
Una de las medidas que los expertos consultados consideran muy necesarias es la inversión en los efectivos: “Llama la atención el absoluto desprecio por el personal. En un Plan de más de 10.000 millones de euros destinan específicamente a personal 600 millones, sin que quede muy claro si son acumulativos sobre los 400 millones que ya aprobaron o los absorbe”. Y cuestionan su eficiencia. “Hace mes y pico se aprobó una subida lineal para el personal de 200 euros al mes. Un montante de 400 millones de euros. Esto demuestra que no se va a hacer la equiparación de salario con la Guardia Civil, porque para eso tendrían que poner el doble. Y que tampoco van a incrementar las plantillas como sería necesario, ya que tendrían que pasar de los 112.000 efectivos a 140.000. Eso con 600 millones tampoco lo haces”.
Tampoco les parece serio el hecho de que se incluya en el epígrafe de “Condiciones laborales, preparación y equipamiento de nuestras Fuerzas Armadas” se incluya la compra de aviones entrenadores, en alusión a la partida de 275 millones para el entramiento en tierra de los pilotos de caza. “Simuladores, helicópteros, eso no mejora la vida del personal”, concluyen.
Fondo de contingencia para pagar pensiones
Aún más, explican que hay partidas que van destinadas a cuestiones que no existen, como la partida de 1.395,10 millones del Fondo de Contingencia que se utiliza para financiar el Plan y que figura como salarios y pensiones de las Fuerzas Armadas. “¿Cuál es la pensión de los militares? Esa pensión no existe”, afirman. Desde 2020, las pensiones de los profesionales militares se gestionan a través de la Seguridad Social dentro Régimen de pensiones de las clases pasivas.
A su vez, en relación con la financiación del Fondo de Contingencia, cuando se analizan las partidas desagregadas detallas en el anexo del Plan relacionadas con el personal, tampoco alcanzan este montante de casi 1.400 millones. A los 679 millones mencionados para retribuciones y aumento de efectivos, se pueden sumar 32 millones para el ISFAS (Instituto Social de las Fuerzas Armadas) y los 328,74 millones para las misiones en el exterior. Los expertos consultados ponen en solfa este montante, ya que “las misiones en el exterior están perfectamente tasadas desde hace muchos años. Porque el número de efectivos es el que aprueba el Congreso”. En su opinión, el gasto del despliegue y del sostenimiento es recurrente desde hace años. “Entonces, ¿Cómo se justifica la partida? ¿Qué van a mejorar?”.
Financiado con fondos de las CCAA
En cuanto a la financiación del Plan, la mayor aportación para sufragar los 10.471 millones previstos procede del Fondo de Liquidez (FLA) de las comunidades autónomas, con la justificación de una “menor necesidad por la salida de las CCAA a los mercados, menores necesidades de amortización y mejor comportamiento del déficit público”. De esta forma, más de 2.819 millones, el equivalente al 27% del total, procede de esta partida. En este ejercicio y hasta la fecha, Hacienda ha suspendido el ‘Extra FLA’ que en 2024 facilitó más de 9.200 millones a las autonomías infrafinanciadas; además, están pendiente las actualizaciones de las entregas a cuenta.
De créditos ya ejecutados de ejercicios anteriores “que no tienen reflejo en 2025”, se obtienen 1.745 millones (16,6%); mientras que de reintegros de préstamos concedidos en ejercicios anteriores por el Ministerio de Industria y créditos disponibles para nuevos préstamos se logran otros 1.680,83 euros (16%). Además del Fondo de Contingencia, otros recursos proceden del Plan de recuperación transformación y resiliencia (1.357 millones) a las que se suman otras partidas del Ministerio de Defensa, aportaciones a la Unión Europea hasta créditos por menor previsión del pago de sentencias por reclamaciones patrimoniales.